Cinco testigos del ‘caso máster’ afirman que les aprobaron sin saberlo
Los exalumnos relatan que se matricularon, pero que dejaron el curso y que creían que nunca lo habían obtenido
Las declaraciones de cinco nuevos testigos ante el juez multiplicaron este jueves la trascendencia del caso Máster y apuntaron a que la modificación de actas y notas no se habría limitado supuestamente a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Cinco exalumnos aseguraron que les convalidaron y aprobaron asignaturas sin pedirlo y que lo supieron tras saltar el escándalo. Porque, según afirmaron este jueves, tras matricularse dejaron el curso por distintos motivos y creyeron que nunca habían obtenido el título.
"No hice ni el huevo". Pedro Calvo, exsenador del PP y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, resumió este jueves con esta frase su paso por el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes y que dirigía el profesor Enrique Álvarez Conde. Ayer, tras declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción número 51, el dirigente popular mostró su "indignación" y "sorpresa" al comprobar que aparece su nombre en una lista de convalidaciones de asignaturas y que, incluso, le pusieron sobresaliente en algunas materias. Pese a que, como él afirmó desde que saltó el escándalo, nunca fue a clase tras matricularse, ni hizo trabajos y ni siquiera recogió el título porque creía que no lo había obtenido. En esa misma línea han apuntado también esta mañana otros cuatro exalumnos, según han informado fuentes jurídicas.
"Nunca solicité las convalidaciones. Lo vi en los medios. Lo que me sorprende es que este jueves he visto las calificaciones", afirmó Calvo, después de que la juez le haya enseñado durante la declaración su listado de notas. "Lo único bueno que puedo decir es que por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes", bromeó entonces. "Pero, vamos, sin entregar nada. Nunca fui a clase. Había muchos sobresalientes. Me parece inaudito", añadió, antes de explicar que se matriculó porque en ese momento quería cursarlo para estudiar después un doctorado, pero que se dio cuenta de que no podía compaginarlo con su cargo de concejal.
Ronda de declaraciones
El exteniente de alcalde abrió este jueves la ronda de declaraciones. Tras él, comparecieron también como testigos Dionisio Ramos, amigo de Cifuentes y exgerente de la Universidad Complutense de Madrid; José Antonio Gurpegui, catedrático de la Universidad de Alcalá; el empresario Ricardo Enrique Medina y la periodista Inmaculada González. Los cinco constan en una lista de 10 personas —donde se incluye a Cifuentes— a los que se les convalidaron asignaturas con firmas falsas, según publicó eldiario.es. "Todos han mostrado su sorpresa de estar en ella", detallaron fuentes jurídicas, que han subrayado que los cinco han relatado que no hicieron nada durante el curso.
Estas declaraciones se producen después de que la juez, que ya ha imputado a la expresidenta de la Comunidad y a Álvarez Conde, haya preguntado al Congreso la condición de aforado de Pablo Casado, diputado del PP y candidato a liderar el partido. El dirigente de la formación conservadora consiguió el mismo máster sin ir a clase. Le convalidaron 18 de las 22 asignaturas. Y las cuatro restantes las superó presuntamente tras entregar sendos trabajos que sumaban en total 92 páginas. Dos de los principales implicados en la trama le evaluaron en las cuatro materias: Álvarez Conde le puso sobresaliente en tres de ellas y Alicia López, en la otra.
Otra de las comparecencias más esperadas se prolongó este jueves por la tarde durante más de dos horas. El actual rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, declaró como testigo ante la juez, que investiga si el Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde inflaba presuntamente el número de matriculados que aprobaban por algún motivo económico. Esta situación podría derivar en un presunto delito de malversación de caudales públicos. Ramos ha asegurado que todos los hechos investigados son "muy anteriores" a que él asumiera el cargo. "La gran perjudicada es la universidad", ha añadido en una brevísima comparecencia pública, que apenas ha durado 30 segundos y que Ramos ha interrumpido para irse en cuanto los periodistas le han hecho la primera pregunta.
Hace unas semanas, otra exalumna que aparece en el acta de convalidaciones ya denunció ante la fiscalía que le aprobaron diez asignaturas sin que fuera a clase ni se examinara. Y el rector, tras encargar una investigación interna tras conocerse el escándalo, presentó el pasado mayo una denuncia ante los juzgados por un presunto delito de malversación en la gestión económica de este instituto al haber detectado ahora "graves irregularidades económicas" en su gestión.
Antes que a Ramos, la juez también citó este jueves a declarar como testigo a Pilar Charro, secretaria general de la URJC, y a Andrés Martínez, vicerrector de Planificación y Estrategia de la universidad. La primera aseguró que, durante su comparecencia, solo le plantearon cuestiones sobre lo ocurrido el día que se publicó la primera información y que no le preguntaron por el robo de su ordenador que denunció apenas 24 horas antes de que saltara el escándalo. "Salgo tranquila", afirmó Charro tras pasar por el juzgado. La próxima semana le toca el turno a Cristina Cifuentes, ya imputada por la causa por los presuntos delitos de falsificación y cohecho.
El caso Máster ha abierto también una segunda derivada en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. El juez Pedro Antonio Domínguez imputó ayer al director y a una redactora de eldiario.es, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique respectivamente, por “descubrimiento de secretos” tras la querella presentada contra ellos por la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado también imputó a Salvador Perelló, profesor de la URJC y al que otro diario señaló como la supuesta fuente de los periodistas, informa Europa Press. Según informaron ayer los propios imputados, la fiscalía quiere saber quién accedió al sistema de la universidad, quién hizo los pantallazos de los datos y quién los filtró posteriormente.
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