Un juzgado de Madrid pide información sobre Pablo Casado por ‘el caso Máster’

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid remitió el pasado viernes una providencia a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para que la Cámara certifique la condición de diputado de Pablo Casado Blanco a los efectos de los artículos 71.3 de la Constitución Española y 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esto supone el paso previo para poder solicitar el suplicatorio por parte del Tribunal Supremo a la Cámara baja y poder investigar, en caso de que se lo concedan, al vicesecretario de Comunicación del PP. Casado ha manifestado a EL PAÍS que se encuentra "absolutamente tranquilo" y que espera que se resuelva su caso cuanto antes, para evitar "la indefensión" que sufre al no haber podido declarar hasta ahora.

La providencia se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio. Por estos motivos, han sido llamados a declarar el próximo 1 de agosto, en calidad de investigados, a tres de sus profesores Alicia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde (el exdirector del Instituto de Derecho Público) y Fernando Suárez Bilbao.

Este procedimiento se ha iniciado después de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aportara el pasado 13 de junio la información requerida por el juzgado en relación con la calificación y convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo Casado en el máster oficial en Derecho Autonómico y Local en el curso 2008-09.

Este anuncio de que el Juzgado de Instrucción número 51 ha remitido la providencia al Congreso se ha conocido horas después de que Casado anunciara que iba a presentar su candidatura a la presidencia del PP en el próximo congreso extraordinario del partido. Fuentes judiciales han desvinculado ambos hechos y recuerdan que la providencia ya se la envió el pasado viernes.

Pablo Casado ha explicado que su caso es distinto al de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Sus estudios son de doctorado y no un máster. "En mi caso no pudo haber falsificación porque las convalidaciones las hacía directamente el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos y no el Instituto de Derecho Público. Aparte, tampoco se me exigió un mínimo de asistencia, como ocurría en el máster", ha destacado el vicesecretario de Comunicación del PP. "Espero que se resuelva cuanto antes para acabar con esta situación", ha añadido.