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En abril de 2012, un decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular. Además, la ley de extranjería establece un periodo de “permiso temporal” de hasta 90 días para los inmigrantes, en los que muchos derechos no les corresponden. Ese tiempo se fijaba con la idea de distinguir entre viajeros y aquellos que pensaban instalarse en el país. El borrador del decreto ley cambia de arriba abajo las reglas de juego: ese periodo se podrá reducir o eliminar si las comunidades así lo deciden, de manera que la recuperada sanidad universal se les podrá aplicar desde el primer momento. “Un inmigrante podrá bajarse de la patera, ser atendido por los Servicios Sociales e ir directo al centro de salud”, explicaron ayer fuentes de Sanidad.

El paso intermedio, la atención por los servicios sociales es la clave: es el momento en que los funcionarios de la comunidad podrán acreditarle como acreedor de la atención sanitaria, pero no tiene por qué ser superior a lo que se tarde en expedir un carné u otro documento. 

La mayoría de las comunidades ya tienen sus propios sistemas para que sus residentes en situación irregular sean atendidos, más allá de los servicios ya fijados para menores, embarazadas y urgencias. Pero en muchos casos también se les pide un periodo de residencia. Esa condición ahora desaparecería. Eso sí, para asegurar una coordinación, “las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante el procedimiento que se determine, los documentos certificativos que se expidan en aplicación de lo previsto en este artículo”.

Uno de los problemas que se mantienen, sin embargo, es el de los traslados. La persona que tenga uno de esos documentos (por ejemplo, un carné de los servicios sociales) emitido por una comunidad, no podrá utilizarlo en otra. Claro que este problema no es exclusivo de los extranjeros en situación irregular. Tampoco las personas que cumplen actualmente todos los requisitos para tener una tarjeta sanitaria pueden viajar con ella a otras comunidades, ya que los sistemas informáticos de historias clínicas y recetas no están conectados.

El decreto ley, sin embargo, no es una oferta de servicios sin control. “Queremos evitar el turismo sanitario”, insisten fuentes del departamento, en referencia a la situación creada por extranjeros que venían a España a recibir atención aprovechándose de las facilidades que daba el sistema.

Personas no registradas

Por eso, se determina que este sistema se aplicará a “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España” cuya atención no esté cubierta “por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, convenios bilaterales y demás normativa aplicable”. También se establecerá, antes de atender a la persona, que no pueda “exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia”. Es decir, el sistema español vigilará que el extranjero no esté cubierto en un sistema en su país de origen que pueda hacerse cargo de su salud cuando se desplaza.

Y, en la misma línea, se controlará que “no exista un tercer obligado al pago”. Es decir, se intentará cobrar la atención por todos los medios posibles —algo que ya se establecía en el real decreto de los recortes—, pero no se negará el acceso al sistema sanitario si la persona no está cubierta por alguna póliza o por su propio sistema de salud.

En el mismo sentido, para evitar que un extranjero pueda intentar aprovecharse la cobertura de la sanidad española fuera del país, se establece que esta posibilidad no se aplicará a quienes estén sujetos a estas medidas (entre otras cosas, porque no podrán sacarse la tarjeta sanitaria internacional).

Otra novedad del decreto ley que se ha preparado es que también dice que los extranjeros en situación irregular tendrán derecho a que la sanidad pública pague parte de los medicamentos que les receten. “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España [...] aportarán un 40%” del precio de venta al público de los fármacos. Es decir, se les aplicará el tramo inferior del copago que se aplica a los trabajadores en activo en España (es difícil pensar que una persona en situación irregular tenga unos ingresos superiores a 40.000 euros al año, que es el tope para pasar a pagar el 50%).

Pero el cambio, además, tiene un efecto beneficioso para algunos españoles. Son los que, aun siendo residentes, nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. El real decreto ley simplifica la condición que deben cumplir a “tener nacionalidad española y residir en territorio español”. Con ello se desvincula el acceso a la sanidad de la situación laboral y del denominado aseguramiento, que implicaba haber cotizado alguna vez. No hay cálculos de cuántos afectados por esta medida pueda haber (algunos pensionistas, estudiantes que no estén cubiertos por la tarjeta de algún familiar), pero elimina otras condiciones.

Lo que no se modifica son las condiciones para atender a españoles en el extranjero que vuelvan, por ejemplo, de vacaciones a España. La Administración intentará cobrar la atención a la sanidad pública del país en que residan, si están dados de alta ahí.