El Parlamento blinda hoy la sanidad universal

La norma que blindará el acceso universal a la sanidad finaliza su recorrido burocrático. El Parlamento aprobará en el pleno de este jueves la ley de universalización sanitaria, que permitirá el acceso al sistema sanitario público de todas las personas residentes en Cataluña, independientemente de su condición económica o administrativa. Sólo se exigirá estar empadronado y a los colectivos específicos con dificultades para acceder al empadronamiento, los servirá acreditando criterios de arraigo. La norma esquiva así el decreto estatal que limita, desde el 2012, la asistencia a los inmigrantes en situación administrativa irregular.

El 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy fulminaba, a través del Real decreto 16/2012, la universalidad de la asistencia médica en España, dejando sin tarjeta sanitaria unas 900.000 personas. Para contener el gasto y evitar el turismo sanitario, dijo en aquel momento el Ejecutivo central, se ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo (estar asegurado al Instituto Nacional de la Seguridad Social). Sólo había tres excepciones: urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad. Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas intentaron esquivar el polémico decreto estatal con instrucciones y normativas autonómicas que flexibilizaban el acceso. Cataluña, con Boi Ruiz como consejero de Salud , sacó una instrucción que abría el acceso a la asistencia sanitaria al empadronamiento, a pesar de que pedía tres meses de carència: a los 90 días del empadronamiento, se podría acceder a la atención primaria y, a partir de los seis meses, ya se garantizaba también la atención especializada.

Pero la medida de Boi Ruiz fue insuficiente. Entidades sociales como la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat) informaban sobre casos de exclusión sanitaria que amparaba incluso el mismo Real decreto (como las urgencias a niños). Además, según alertaban, algunos colectivos tenían problemas para empadronarse, entre otras cosas porque no tenían una vivienda fija o un contrato de arrendamiento. El entonces consejero volvió a modificar la instrucción para rebajar el tiempo de carència y firmó un acuerdo con la Cruz Roja para facilitar el acceso a personas en riesgo de exclusión que tuvieran problemas con el padrón. Pero a pesar de las medidas para suavizar el Real decreto, los casos de exclusión sanitaria se han seguido produciendo, algunos, en buena medida, por desconocimiento de los equipos de admisión de los hospitales, que no se habían enterado de los cambios autonómicos.

El año pasado, después del cambio de gobierno a la Generalitat, el nuevo consejero de Salud , Toni Comín, puso en marcha la maquinaria burocrática para desplegar una ley que blindara definitivamente el acceso universal. La norma, que jueves se aprueba en el Parlamento , asegura el acceso a toda la cartera de servicios pública a las personas residentes en Cataluña que acrediten empadronamiento o criterios de arraigo —estos criterios, que la ley no concreta, se desgranarán en un reglamento que acompañará la norma y que estará a punto en menos de tres meses—. “Entendemos que un derecho como el de acceso gratuito a la sanidad tenía que ser regulado con una ley, no con una instrucción”, explican fuentes del Departamento de Salud .

La ley también prevé que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se hará cargo del coste de la asistencia urgente de personas no residentes en Cataluña siempre que acrediten que no tienen los recursos económicos para hacer frente al pago de esta atención médica. En este punto, fuentes del departamento reconocen que, a medida que se configuraba la norma, hubo un intenso debate sobre los riesgos de favorecer el turismo sanitario al abrir la puerta a asumir los costes de la atención urgente a personas no residentes. “Somos conscientes que en un mundo globalizado, universalizar la sanidad aumenta el riesgo de prácticas fraudulentas, pero no podemos minimizar este derecho por estos riesgos. El que hay que hacer es poner más mecanismos para detectar estas prácticas fraudulentas”, resuelven las mismas voces.

La ley incluye también un apartado para instar el CatSalut a formar los profesionales y evitar que, cómo ha pasado en otras ocasiones, los profesionales de admisión no estén actualizados en cuanto a la normativa vigente.

Suspensión del Estado

Con la ley aprobada, el Departamento de Salud también tiene sobre la mesa la posibilidad que el Gobierno central recorra contra la norma y el Tribunal Constitucional lo acabe suspendiendo, como ya hizo con su homóloga valenciana el 2015.

“Sabemos que el Estado también recorrió contra nuestra instrucción del 2015, pero después no siguió adelante con el proceso y, además, la relación con el Ministerio de Sanidad es muy cercana y se nos hace extraño pensar que presenten un recurso”, indican fuentes de Salud .