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Borrell lleva a la ONU los compromisos del Gobierno sobre desarrollo sostenible

El ministro cambia el discurso previsto del ejecutivo de Rajoy y fija objetivos sobre cooperación, pobreza, género y cambio climático

Josep Borrell, a su llegada al Consejo de Ministros el pasado viernes.
Josep Borrell, a su llegada al Consejo de Ministros el pasado viernes. ©GTRESONLINE

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha cambiado a fondo el discurso previsto por el gobierno anterior sobre las líneas maestras del Plan de Acción de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible que presentará en la ONU el 16 de julio. El proyecto heredado era más genérico y ahora se quiere aprovechar para fijar algunos compromisos en materia social. En esa línea se anuncia la “revitalización de las políticas de cooperación” relegadas estos años, y medidas para luchar contra la pobreza, la discriminación de género y el cambio climático.

Lo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy quería plantear como una evaluación en la ONU de sus políticas genéricas sobre desarrollo sostenible se quiere utilizar ahora como la plataforma para fijar otros compromisos más precisos. El ejecutivo de Pedro Sánchez quiere marcar distancias también en políticas de desarrollo sostenible. Y su primera prueba de fuego se constará este próximo 16 de julio en la intervención programada para que España exponga su balance sobre lo que ha hecho en estos años en todo lo relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la anterior cumbre mundial en la sede de la ONU en Nueva York en 2015 y que entonces desarrolló el rey Felipe VI.

Los diferentes países miembros de la ONU pueden solicitar ese tipo de comparecencias a modo de autoexamen sobre políticas sostenibles y el Gobierno de Rajoy también la reclamó y se fijó hace tiempo su cita para este 16 de julio. Los distintos departamentos implicados efectúan un resumen de la situación y con esas fichas se confecciona un informe. Con el cambio político en España se evaluó si era procedente acudir a ese evento con tan poco tiempo y Borrell optó por aprovechar la circunstancia para anticipar algunos planes del nuevo equipo gubernamental.

El plan renovado marca criterios en los nuevos grandes objetivos del desarrollo pero donde fija un pronunciamiento con un cambio radical es en el capítulo de políticas de cooperación. El anterior gabinete, que tuvo que lidiar con la crisis económica, llegó a recortar esas aportaciones hasta un 75% sobre la época de esplendor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Generalitat catalana aporta ideas al plan español

J. C., Madrid

Con el ministro Josep Borrell acudirá a Nueva York una amplia delegación gubernamental en la que estará la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la recién nombrada alta comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach. También estarán representantes de las administraciones autonómicas y locales, como las alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena, y de Barcelona, Ada Colau. La delegación española será la más numerosa del evento, con más de 60 miembros, entre los que estarán seis representantes de la Generalitat que han demandado una acreditación.

El antiguo Plan de Acción de la Agenda 2030 ha sido modificado sustancialmente por el nuevo equipo de Exteriores en varios aspectos y también para incorporar sugerencias planteadas por otras administraciones. En la anterior comitiva se habían integrado solo nueve autonomías y ahora van 16 y entre ellas la del País Vasco y también la Generalitat de Cataluña, que aprovecha la ocasión para presumir de sus iniciativas y debates relacionadas con sus 17 grupos de trabajo.

En el nuevo proyecto se recuerda ese “rápido y progresivo deterioro de la cooperación española” y su paso “de ser uno de los países con un mayor crecimiento a ocupar uno de los últimos lugares entre los países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE”. Se concluye que esa caída de ayudas ha provocado “un deterioro que ha afectado a los recursos financieros, a las instituciones, a la fuga de talento y a los recursos humanos”, y, lo más importante, se establece una promesa: “La revitalización y recuperación de la cooperación española como una política pública fundamental en la implementación de la Agenda 2030 es un compromiso del Gobierno de España”. No hay cifras pero el propio Borrell ya avanzó esta pasada semana, en su comparecencia ante el Congreso, que la cooperación no solo es dinero sino también una meta nuclear del nuevo equipo.

Algo similar ocurre cuando se subraya la relevancia de los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades como instrumento para definir las medidas prioritarias para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir. Ya ha habido dos planes de ese signo y ahora, concluido el último, se anticipa que habrá otro nuevo para cumplimentar la Agenda 2030.

Concluida también la vigencia del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el anterior Gobierno se comprometió ante la Comisión Europea a diseñar y aprobar una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para el periodo 2018-2020. Con actuaciones sobre los perfiles más tradicionales de la pobreza y la exclusión social y también para atender los problemas de aquellas personas que se sitúan alrededor del umbral de pobreza relativa y, sobre todo, la pobreza infantil.

En esa lucha y para asegurar que el crecimiento económico sea inclusivo, el nuevo plan del Gobierno de Pedro Sánchez establece que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es un instrumento fundamental. Se recuerda el pacto alcanzado entre el gobierno, las centrales sindicales CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, para fijar un SMI para 2018 en 735,9 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4% respecto al de 2017, otro aumento del 5% para 2019 y del 10% para 2020. Esol sí, siempre que la economía registre un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas en términos interanuales.

Otro compromiso será la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCYTE) para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París en el marco de la UE y con la Agenda 2030 y para asegurar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España para 2050 con un sistema energético eficiente y renovable.