El Gobierno estudia modificar la ley para retirar el ducado de Franco

El Gobierno estudia la fórmula legal para retirar el ducado de Franco que, desde este miércoles, está en manos de Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador, a falta de que el Rey firme la llamada Real Carta de Sucesión del título. La vía que va a explorar el Ejecutivo y que considera “muy factible” es modificar el Real Decreto de 1912 que regula la concesión y el funcionamiento de los títulos nobiliarios y que no prevé la posibilidad de derogar y suprimir un título. Fuentes del Ministerio que dirige Dolores Delgado señalan que la intención es introducir esta posibilidad, establecer las causas y el procedimiento para hacerlo y aplicarlo en el caso del ducado de Franco.

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La razón para abolirlo que el Ejecutivo prevé esgrimir es que el ducado que ahora pertenece a la nieta del dictador incumple el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

El PSOE ya se opuso en abril pasado, cuando estaba en la oposición, a la sucesión del ducado de Franco y pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que lo derogase. El Ejecutivo del PP ni se lo planteó y el exministro de Justicia Rafael Catalá firmó la orden de expedir la Real Carta de Sucesión el pasado 31 de mayo, justo un día antes de que prosperara la moción de censura planteada por el PSOE contra Rajoy.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles esa orden de Catalá y la ministra avanzó los planes de su departamento tras asistir a la toma de posesión de la fiscal general del Estado, María José Segarra. “Hay que hacer un estudio y, en su caso, modificar el decreto, porque si no, no se puede retirar el título”, afirmó Delgado. La decisión corresponde al Gobierno y, una vez aprobado en el Consejo de Ministros, tras la instrucción de un expediente en el que intervienen la Diputación de la Grandeza, el Consejo de Estado y el propio interesado. La retirada del Ducado de Palma a la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, no sirve como precedente, ya que los títulos de la Familia Real se regulan por una normativa específica. Una vez aprobada por el Gobierno, el cambio del real decreto tendría que someterse a la votación del Congreso y el Senado.

Carmen Martínez-Bordiú Franco solicitó el título de duquesa de Franco casi inmediatamente después del fallecimiento de su madre, quien en el momento de su muerte en diciembre pasado ostentaba los de duquesa de Franco y señora de Meirás. Desde 2006, la Ley de Igualdad para la Sucesión de Títulos Nobiliarios acabó con la prevalencia del varón, lo que convertía a Carmen Martínez-Bordiú, la mayor de los hermanos (tiene 67 años), en la heredera legal del ducado de Franco y del señorío de Meirás, aunque este último ya pertenece a Francis Franco Martínez-Bordiú, nieto del dictador. Esta merced la ostentó en vida su abuela, Carmen Polo, y el nieto la reclamó en 1988.

La resolución que firmó Catalá el 31 de mayo destacaba que el cambio de titular por herencia se hace en nombre del Rey y "previo pago del impuesto correspondiente". Aunque la concesión de un título nobiliario no conlleva prebenda o beneficio alguno, la gestión suscitó polémica. Tanto Izquierda Unida como el PSOE solicitaron entonces la supresión de este título nobiliario que conforme argumentaron los socialistas, se concedió a Carmen Polo el 26 de noviembre de 1975, antes de la recuperación de la democracia en España cuando el apellido y por ende el ducado, "va ligado a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas". Izquierda Unida, por su parte, avanzó que se dirigiría tanto al Rey Felipe VI como al Ministerio de Justicia para reclamar la supresión del título Duque de Franco argumentando que este título contraviene la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Fuentes de la Casa del Rey aseguraron que Felipe VI no ha tenido ninguna intervención en la sucesión del Ducado de Franco a la nieta del dictador, ya que se trata de un trámite administrativo cuya instrucción corresponde en exclusiva al Ministerio de Justicia, que aplica un real decreto de 27 de mayo de 1912. Las mismas fuentes subrayaron que la actuación del jefe del Estado se ciñe estrictamente a lo dispuesto por la legislación y que no puede privar del título a sus legítimos herederos, salvo que estos "se hayan hecho personalmente indignos de ostentarlos", según lo previsto en una ley de 1948 y su correspondiente desarrollo.

La ministra Delgado se ha referido también a la aparición de pancartas en sedes locales del PSOE contra la decisión del Ejecutivo de trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. “No voy a opinar, me da igual, nos vamos a ajustar a un procedimiento, hay una decisión parlamentaria previamente tomada, hay un consenso de fuerzas políticas". Aunque ha asegurado entender que haya gente a la que no le guste, ha dicho: "Tenemos que cumplir con la ley de memoria sí, sí o sí".