Las otras deudas del ‘procés’

Ferran Burriel sabe que será complicado, pero no lo da por perdido. Este empresario de Barcelona espera cobrar los 80.440 euros que la Generalitat de Cataluña adeuda a su empresa, Nothingad Comunicació, por una campaña publicitaria sobre el censo de catalanes en el extranjero. “Espero que la cosa se clarifique y, más adelante, podamos cobrar, porque hemos hecho un trabajo”, explica. La cifra aparece consignada en el último informe que la Guardia Civil ha enviado al juez Pablo Llarena, que cifra en 1,6 millones la cantidad que el Gobierno catalán aún debe abonar por trabajos supuestamente vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre. Según ese informe, destinado a acreditar la presunta malversación de fondos públicos en el procés, el coste total de la consulta fue de 3,2 millones.

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Más allá del supuesto delito, la investigación sobre los gastos del 1-O muestra un efecto colateral: una decena de empresas y entidades se han quedado sin percibir los honorarios a los que se había comprometido la Generalitat. Como Nothingad. Burriel asegura que ha mantenido “conversaciones” informales con la Administración y que, por ahora, le han dado calabazas: “Tienen intención de pagar, pero dicen que ahora no puede ser porque el tema está judicializado”. El empresario lamenta que un proceso penal al que es ajeno perjudique a su negocio. E insiste en que su campaña publicitaria nada tenía que ver con la consulta. “Si esto me pasa hace tres años, en plena crisis, me obliga a cerrar”, subraya Burriel.

La empresa que sí ha tenido que bajar la persiana (está en fase de liquidación) es Unipost. Aunque su situación financiera ya estaba tocada de muerte antes de recibir el encargo de la Generalitat para el 1-O —repartir las tarjetas censales y las cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales—, Unipost dejó de ingresar por el 1-O casi 975.000 euros, según el listado de la Guardia Civil. En su declaración ante el juez, el exdirector general de la empresa de mensajería, Pablo Raventós, aseguró que no se cobró ni un solo euro por la correspondencia, que fue intervenida por los investigadores.

Frente al gigante Unipost, la pequeña Estudi Dadà está pendiente de recibir 8.950 euros por participar también en la creación del registro de catalanes en el exterior. Para una empresa de ese tamaño, todo ingreso perdido cuenta y supone un desajuste en caja. Un responsable de Dadà se muestra menos optimista que Burriel: “No hemos cobrado y, tal y como están las cosas, no creo que veamos un duro. Toca esperar y ver si un día se arregla”.

La esperanza de las empresas pasa por que las partidas de la Generalitat —la mayoría, aprobadas por el Departamento de Presidencia— queden excluidas de la causa judicial. Solo así podría abrirse, en el futuro, la posibilidad de cobrar el dinero. Un portavoz del Gobierno catalán ha rechazado pronunciarse sobre los pagos con el argumento de que “el tema está judicializado”.

Más difícil lo tienen las empresas que recibieron el encargo del Diplocat, porque ya no existe y no hay a quién reclamar. El órgano de relaciones exteriores de la Generalitat, que gestionaba las llamadas embajadas y que sirvió para lanzar el procés en la esfera internacional, fue disuelto en aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado 27 de octubre.

El documento policial recoge que Diplocat contrató por 27.000 euros contenidos en inglés para la página cataloniavotes.eu, “la cual tenía la finalidad de difundir el referéndum del 1-O”. La empresa adjudicataria fue Ara.cat, editora del diario Ara. Tras el análisis de documentación contable, los agentes concluyen que la Generalitat llegó a abonar 16.200 euros a Ara.cat y que aún le quedaba por pagar 10.800. Fuentes de la compañía editora admiten los trabajos, que desligan de la consulta. “Adquirieron artículos del periódico en inglés que utilizaron como contenido en esa página”, dicen. Sobre el dinero pendiente, admiten que esperan poder cobrarlo en algún momento. “No entiendo por qué no deberían pagarnos”, afirman, antes de reconocer que no han hecho aún ninguna gestión para reclamarlo.

El Diplocat también contrató a los observadores internacionales que debían velar por la buena marcha del referéndum. Al think tank The Hague Center for Strategic Studies le fueron abonados 119.000 euros. Pero aún están pendientes otros 47.000. Consultado por este diario, The Hague declinó dar explicaciones sobre si piensan reclamar esa cantidad: “Es un pago pendiente entre nuestro centro y la Administración y no hacemos comentarios”.

Mayor es la deuda que tiene el Govern con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y el resto de medios de titularidad pública de la Generalitat. La emisión del anuncio institucional de “las vías del tren” —que invitaba a votar en el referéndum— en la televisión autonómica, Catalunya Radio y distintos medios digitales fue contratada por Presidencia, la consejería del hoy encarcelado Jordi Turull, a través de esta compañía pública. La investigación ha revelado la existencia de dos facturas, una de septiembre y otra de octubre del año pasado, por un valor total de 277.804 euros, emitidas por la Corporación al departamento de Turull que, hasta ahora, constan como no abonadas. Fuentes oficiales del ente público se limitaron a asegurar: “Toda la información que afecta a esta cuestión ya la hemos trasladado a la Guardia Civil, primero, y al juez”.

También han declinado dar detalles sobre la deuda que la Generalitat tiene con ellas tres empresas dedicadas a la impresión en las que, días antes de la celebración de la consulta ilegal, la Guardia Civil intervino cartelería en favor de la misma.

El último informe policial cifra en cerca de 62.000 euros el valor del material supuestamente pedido por la Generalitat a estas compañías a través de Òmnium Cultural y que tenía como objetivo publicitar el referéndum ilegal. En conversación telefónica, Marc Marti y Zukoy, de Artyplan, declinaron responder a este diario. Los investigadores destacan que los responsables de estas sociedades se negaron a declarar cuando fueron citados en dependencias de la Guardia Civil y que, de hecho, el valor del material intervenido se hizo mediante una estimación.