Las cuentas del ‘procés’

La Guardia Civil y el juez Pablo Llarena llevan meses tras la pista del dinero que financió el procés en Cataluña. Los independentistas aseguran haber hecho frente a los gastos con aportaciones de particulares, pero los investigadores y el instructor sostienen que al menos una parte se sufragó con dinero público. Sí parece haber coincidencia, al menos en esta fase de la investigación, en que no hubo financiación de grandes empresarios. “No creemos que grandes empresarios hayan contribuido a costear el procés”, dice un alto cargo del instituto armado.

La teoría del crowdfundingo micromecenazgo que esgrimen los independentistas para justificar la financiación del proceso secesionista es corroborada solo en parte por fuentes de la Guardia Civil, que sigue el rastro económico a instancias del Tribunal Supremo y del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. “No creemos que grandes empresarios hayan contribuido a costear el proceso soberanista, sino pequeños y medianos”, señala un alto cargo del instituto armado, que añade: “Solo podremos actuar contra ellos si a cambio de sus aportaciones se beneficiaron de concesiones públicas. Exclusivamente en ese caso podríamos acusarles de cohecho, pero aún estamos en una fase muy embrionaria de esta investigación. Otra cosa es el desvío de fondos públicos”.

En esa primera dirección, la de las aportaciones privadas a cambio de adjudicaciones públicas, hay que interpretar el requerimiento efectuado el 5 de marzo por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para que le informase de los pagos y ayudas públicas y subvenciones realizados desde 2015 por la propia Generalitat o cualquier entidad del sector público a 45 empresas, entidades y particulares consideradas afines al procés. Una información que ya obra en poder del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que se ha negado incluso a confirmar que ya dispone de los datos reclamados. Hasta la fecha no se ha derivado ninguna actuación de esa información, lo que hace suponer que no se han detectado irregularidades.

En cuanto a la presunta malversación, de momento, los investigadores han identificado gastos vinculados al referéndum por importe de 3,5 millones, según los informes elaborados por el Grupo de Delincuencia Económica de la Comandancia de Barcelona y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dos millones procederían presuntamente de fondos públicos y el resto de aportaciones de la Asociación Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, las dos organizaciones independentistas más importantes, cuyos exlíderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart llevan seis meses en prisión preventiva. En su caso, al tratarse de entidades privadas, no puede hablarse de malversación de dinero público, salvo que hubiesen actuado como “tapadera” con dinero de la Generalitat.

Malversación

El Grupo de Delincuencia Económica considera acreditado —y también el juez Llarena, que así lo recoge en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo contra los líderes del procés— que se desviaron 1.602.001,57 euros de las arcas públicas para actividades relacionadas con el referéndum del 1-O. Una cifra que la Guardia Civil elevó la pasada semana hasta los 1,9 millones.

Los informes de la Benemérita aluden también a la contratación de multinacionales para diseñar el nuevo sistema fiscal de una hipotética Cataluña independiente, aunque el magistrado instructor no las menciona en su auto de procesamiento. Se trata de las empresas IBM y T-System, que diseñaron un sistema de gestión tributaria; Everis, que realizó dos informes de consultoría, y KPMG, que emitió un informe sobre la creación de una oficina de representación exterior.

Las palabras del ministro Cristóbal Montoro la semana pasada, poniendo en duda que haya existido malversación en la organización del referéndum ilegal del 1-O (en ese momento las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas por Hacienda), han dado alas a la tesis, sostenida por los independentistas, de que no se usó ni un euro de dinero público.

“El referéndum salió adelante gracias al trabajo voluntario de una red de miles de personas que han colaborado de forma altruista”, dice uno de los integrantes del estado mayor que lideró el proceso secesionista. “El Estado no va a poder demostrar la malversación porque no existe. El único gasto público vinculado al referéndum es el realizado por Diplocat [organismo creado en 2012 para promover el conocimiento de Cataluña en el exterior] para sufragar la presencia de observadores internacionales. No hay más”.

El mismo interlocutor, que pide mantener el anonimato, asegura que “el costo total del 1-O no superó los 200.000 euros”. “La mitad se empleó en comprar las urnas en China, 50.000 euros más se destinaron a una primera impresión de papeletas en Francia que fueron intervenidas por la Guardia Civil, y las que finalmente se utilizaron para votar fueron costeadas por un colectivo autodenominado Impresores por la democracia. Los 50.000 euros restantes se gastaron en tecnología. Todos los pagos se hicieron fuera de España y fueron abonados por particulares que comparten nuestra apuesta por la independencia”. De su identidad no está dispuesto a revelar ni un solo dato.

“Si buscan grandes donantes al procés se equivocan, porque no los hay”, insiste un letrado de varios exconsellers del Govern procesados que pide que su nombre no trascienda. Y añade: “La caja de solidaridad con la que se han pagado las fianzas exigidas por la justicia se nutre de las aportaciones individuales de miles de personas a través de cuentas abiertas por asociaciones favorables a la consulta. Por ahí no van a encontrar nada. Dar dinero a una organización no es delito”.

El monto total de lo recaudado por esta vía ascendería a siete millones de euros, según uno de los coordinadores del procés. Pone como ejemplo de su capacidad para recabar fondos los aproximadamente 20 millones recaudados durante los cinco últimos años con aportaciones de distintas cuantías. “Las celebraciones de la Diada durante el último lustro nos han permitido elaborar una base de datos con 800.000 personas dispuestas a movilizarse cuando se las requiera”, dice.