Montoro detalla al Supremo nueve denuncias y escritos por financiación ilegal del ‘procés’

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado a través de un documento dirigido al magistrado Pablo Llarena, que su departamento presentó nueve escritos denuncia al fiscal general del Estado y al Tribunal de Cuentas entre el 14 de febrero de 2017 y el 7 de febrero de este año por posibles delitos relacionados con el mal uso del dinero público por parte de la Generalitat, según el escrito que ha adelantado este lunes la Ser y al que ha tenido acceso este periódico.

Con este informe, Montoro trata de explicar al instructor de la causa por rebelión y malversación de los líderes del procés unas declaraciones en una entrevista en El Mundo en las que aseguraba: "No sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Tras publicarse sus palabras, Llarena reclamó al ministro que explicara por qué dijo que no se usó dinero público en el referéndum ilegal.

En su informe, el titular de Hacienda mantiene esa afirmación y pide que se ponga "en el contexto periodístico y político" en el que se dijo. "Mis declaraciones en modo alguno contradicen los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia", añade en el escrito, de ocho folios.

En su respuesta, el ministro ensalza los sistemas de control de Presupuesto de Cataluña aprobados por el Gobierno desde el 20 de noviembre de 2015, porque gracias a ellos "se ha impedido que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español". A pesar de ello, considera que se han podido cometer algunos delitos relacionados con el uso de dinero público para el procés. "En los casos en los que se ha detectado sospecha de indicios de delito, se ha puesto con la debida diligencia en conocimiento de las autoridades judiciales", añade.

Los nueve escritos a los que alude son cuatro presentados ante el fiscal general del Estado porque la interventora catalana no facilitaba suficiente información sobre el referéndum catalán y otros que abordan la negativa de la Generalitat a aportar contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios, a la falta de información sobre la partida de publicidad, difusión y campañas electorales y a la negativa de las autoridades catalanas a explicar los gastos de Diplocat, el órgano creado por el ejecutivo catalán para difundir el procés internacionalmente.

También detalla otros cinco escritos remitidos al Tribunal de Cuentas. En uno de ellos, de 20 de octubre de 2017, pide que se investigue la actuación de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana en la consulta del 1 de octubre; y en otra carta, fechada el 14 de noviembre de 2017, se pide el inicio de las actuaciones por una posible responsabilidad contable por parte de 200 alcaldes de municipios catalanes que viajaron a Bruselas para participar en un acto convocado por Puigdemont.