Las comunidades asumen que la financiación autonómica se reformará en dos fases

En las dependencias del Ministerio de Hacienda calculan los tiempos para ir despejando la agenda pendiente. Primero hay que aprobar los Presupuestos de 2018, despejarse la situación en Cataluña, relanzar el Pacto de Toledo para abordar la reforma de las pensiones y abrir, de una vez por todas, la financiación autonómica.

Los barones regionales claman en público porque el sistema se reforme cuanto antes. Algunos, sin embargo, reconocen en privado que la presión ha perdido intensidad en algunos de los territorios que tradicionalmente han sido más beligerantes con el asunto.

La recuperación económica está provocando que las comunidades reciban más recursos que nunca procedentes del sistema de financiación y, además, la recaudación de los tributos propios está creciendo a ritmos de dos dígitos por la reactivación del sector inmobiliario. A pesar de esta supuesta bonanza, el gasto de estas administraciones también sufre presiones al alza. El envejecimiento de la población, la recuperación de los servicios recortados en la crisis y el aumento de la inversión por la proximidad de la carrera electoral comprometen el control del gasto regional.

Está previsto que tras el verano se estrene la campaña electoral que ya da sus primeros coletazos. Ya están programadas autonómicas, locales y europeas para el último domingo de mayo de 2019 y las andaluzas se dibujan en el horizonte otoñal.

En este contexto de complejidad política, las comunidades reconocen que es difícil negociar una reforma del sistema de financiación que arrojará perdedores y ganadores, según diversas fuentes autonómicas y gubernamentales. Estas mismas fuentes reconocen que el panorama en Cataluña debería despejarse porque son un actor principal en el cierre del nuevo sistema de financiación.

Por eso, las comunidades empiezan a resignarse a que la reforma se acometa en dos fases. La primera parte sería la reestructuración de la deuda autonómica. La segunda, se dejaría para más adelante, tras el proceso electoral. En esta fase se atenderían los asuntos más técnicos y espinosos.

165.000 millones de deuda

Hacienda trabaja con todos los escenarios. Convocará un Consejo de Política Fiscal para reunir a las comunidades a finales de mayo o en junio. Les presentará una propuesta base. Su primera opción pasa por un cambio integral del sistema. Simplificando los cinco fondos existentes en dos, con más transparencia y otorgando más recursos al fondo de compensación interterritorial, que estaría fuera del modelo y serviría para que las autonomías más pobres converjan con las prósperas.

Aunque todas las autonomías creen que el sistema carece de fondos suficientes para prestar los servicios públicos con mínimas garantías, el ministro se resiste a aportar nuevos recursos como reclaman los barones.

Así, para abrir las negociaciones, Hacienda está dispuesto a reestructurar la deuda autonómica. Las comunidades adeudan alrededor de 165.000 millones al Estado por los préstamos del plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y así lo ha dispuesto en una disposición adicional en los Presupuestos de 2018, que se tramitan en el Congreso, por la que se habilita al Gobierno a alargar los plazos de devolución y rebajar los intereses a aquellas comunidades que cumplan los objetivos presupuestarios de deuda y déficit público. "La refinanciación es un parche. Quieren solucionar la consecuencia en lugar de abordar el problema, que es la insuficiencia", asegura un responsable autonómico.