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Hacienda retiene 4.230 millones a las autonomías al no haber Presupuestos

El ministerio estudia medidas para paliar el perjuicio a las comunidades

Jesús Sérvulo González

La tensión entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades gobernadas por el PSOE crece tras la decisión del ministro Cristóbal Montoro de congelar 4.230 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica a la espera de que se aprueben los Presupuestos del Estado de 2018. Las autonomías argumentan que han elaborado sus presupuestos regionales con las previsiones facilitadas por el ministerio durante el pasado julio y ahora, ya comenzado el año, dicen que Hacienda no les garantiza esos recursos. El ministerio, además, no comunicó el cambio hasta el martes pasado.

El rey Felipe VI, junto a Cristóbal Montoro, Susana Díaz ,, Uxue Barkos y Cristina Cifuentes, momentos antes de posar en la foto de la VI Conferencia de Presidentes.
El rey Felipe VI, junto a Cristóbal Montoro, Susana Díaz ,, Uxue Barkos y Cristina Cifuentes, momentos antes de posar en la foto de la VI Conferencia de Presidentes.EFE

La Comunidad Valenciana fue la primera en protestar por el cambio de Hacienda en las entregas a cuenta del sistema de financiación. El pasado martes 2 de enero recibió una misiva de la secretaria de Estado de Administración territorial, Beatriz Navarro, que le comunicaba que ingresaría 353,62 millones de euros menos de lo que les había informado en julio pasado. La misma carta la recibieron el resto de autonomías. Y una a una fueron percatándose de que sus ingresos presupuestados para este año serán inferiores a los que habían aprobado en sus parlamentos regionales. Recibirán el mismo dinero que el año pasado, y no más como les había prometido Hacienda.

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Extremadura pierde 137 millones respecto a la cantidad que le había adelantado Montoro; Cataluña ingresará 779 millones menos; Baleares, 67 millones; Castilla-La Mancha, 208 millones y Andalucía obtendrá 805 millones por debajo de lo previsto... En total, las autonomías percibirán 4.230 millones menos que lo que el ministro de Hacienda les informó en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) del pasado julio.

Por eso, todas las comunidades gobernadas por los socialistas han cuestionado en los últimos días la decisión del ministerio. Consideran la medida como "un chantaje" del ministro Cristóbal Montoro, al que acusan de coaccionarles trasladándoles la presión para sacar adelante las cuentas de este año. Critican que el Ejecutivo vincule la financiación autonómica a los Presupuestos.

"Un chantaje"

La vicepresidenta extremeña y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, esgrime razones jurídicas para cuestionar la medida, que califica como injusta. Blanco Morales reclama a Hacienda más lealtad institucional. La Junta de Andalucía arremete contra "el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos", según recoge Efe.

El ministerio estudia medidas para paliar la situación

El Ministerio de Hacienda prepara alguna medida para evitar que las comunidades tengan problemas de liquidez por la decisión de congelar la mejora de la financiación hasta que se aprueben los Presupuestos de 2018.

El departamento que dirige Montoro explica que las entregas a cuenta del sistema de financiación se hacen a través de transferencias mensuales. Y asegura que se plantean aumentar las cuantías de estas entregas durante los primeros meses de 2018 con el fin de que las comunidades puedan disponer de los ingresos que habían previsto. En Hacienda confían en aprobar los Presupuestos de 2018 antes del verano. Por eso, cuando los saquen adelante podrán compensar las cantidades adelantadas con los ingresos definitivos.

El sistema de financiación es complejo. Con las entregas a cuenta se reparte el equivalente al 98% de la recaudación de los impuestos compartidos (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los especiales) que calcula Hacienda para el ejercicio. Montoro estimó en más de 105.000 millones de euros la cantidad a repartir entre las comunidades durante 2018. Sería la mayor cuantía aportada nunca por el sistema de financiación a las autonomías.

Hacienda insiste además en que esa cantidad será incluso mayor cuando se aprueben las cuentas porque la economía está creciendo por encima de los pronósticos.

"No tenemos un nuevo sistema de financiación, no tenemos un nuevo régimen fiscal especial y ahora nos sacan un dinero que ya estaba comprometido; además, lo hacen con la excusa de que deben prorrogar el presupuesto de 2017", lamentó en las redes sociales la presidenta balear, Francina Armengol. El Ministerio de Hacienda, por su parte, explica que la falta de acuerdo político para aprobar los Presupuestos le ha obligado a prorrogar los del año pasado. Por eso, argumenta, no puede entregar la mejora prevista en la financiación a las comunidades y solo puede garantizarles las cantidades prorrogadas. Recuerda, además, que esta situación ya se produjo el año pasado, cuando también tuvo que prorrogar los Presupuestos durante unos meses. Lo que ha ocurrido esta vez es que Hacienda olvidó comunicar a las comunidades autónomas que la prórroga presupuestaria suponía que no recibirían las cantidades pactadas el pasado julio.

A finales de 2016 convocó un Consejo de Política Fiscal —el órgano de interlocución entre el ministerio y las autonomías para temas financieros— para explicarles las consecuencias de la prórroga. Pero en 2017, ocupado por la crisis catalana, no les informó oficialmente y solo lo hizo el pasado martes 2 de enero de 2018, después de que este periódico publicara el incremento esperado por las autonomías.

Otras comunidades gobernadas por el PP restaron importancia a la situación. Desde Castilla y León explican que cuando se aprueben las cuentas públicas todo volverá a la normalidad. Y precisan que como las entregas a cuenta se hacen por transferencias mensuales el impacto es menor. Algo parecido señalan en Galicia, donde indican que es una situación temporal y confían en que se normalizará pronto con los nuevos Presupuestos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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