Las autonomías pactan dar más peso en la financiación a universitarios y mayores

El comité técnico del Consejo de Política Fiscal para reformar la financiación ha celebrado ocho reuniones desde noviembre. Este cónclave, en el que participan los cargos regionales más técnicos, analiza los aspectos más concretos y espinosos del sistema. El grupo ha trabajado en un clima de colaboración, que contrasta con los roces y estridencias de los representantes políticos.

Entre los principales consensos logrados por este comité técnico destaca el impulso de "la nivelación total", según explican cuatro fuentes participantes en estas reuniones. Este concepto supone que todas las comunidades reciban la misma cantidad de dinero para financiar todas las competencias comunes (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, vivienda, medioambiente, cultura, promoción económica, inversiones...) y no solo por "los servicios públicos esenciales" definidos como la sanidad, educación y prestaciones sociales como ocurre hasta ahora. El dinero se repartiría por un indicador que refleja "la necesidad de gasto" de cada territorio y que viene definido por "población ajustada". Así se tienen en cuenta la dispersión geográfica, la superficie, la población total, los que están en edad escolar y la más envejecida entre otras características.

Con este sistema, aceptado por la gran mayoría —solo Madrid y Baleares ponen objeciones—, más del 90% del dinero del sistema se repartiría para que cada territorio pudiera prestar los servicios públicos comunes en las mismas condiciones. Actualmente, solo el 75% del dinero se reparte con ese criterio de población ajustada. Las competencias no homogéneas —como las prisiones o la policía autonómica, que tiene Cataluña y no otros— se financiarían aparte de este sistema.

El acuerdo para recuperar la "nivelación total" coincide con la intención de Hacienda de simplificar el sistema y eliminar muchos de los fondos que lo convierten en opaco y complejo.

Población más envejecida

Con esas bases de consenso, la discusión pasa a cómo se define la población ajustada. Hay un amplio acuerdo en reconocer el coste de la educación universitaria y el de atención a los más mayores, por encima de los 85 años, a la hora de calcular las necesidades de gasto de cada territorio. "El envejecimiento de la población trae como consecuencia mayores gastos sanitarios y en dependencia y eso hay que reconocerlo en el sistema", explica un director general. Aunque luego cada uno pone sus matices. Por ejemplo, Madrid reclama que el nivel de universitarios computen por el número de matrículas, mientras que Castilla-La Mancha, prefiere que se calcule por la población en edad universitaria [casi la mitad de los estudiantes manchegos emigran a Madrid]. También hay cierto consenso para reconocer los costes fijos, un criterio que beneficia a las comunidades más pequeñas con menos capacidad.

Las comunidades están de acuerdo en pedir al Estado que ponga más dinero sobre la mesa para financiar estas competencias. Es lo que llaman "suficiencia". Consideran que el sistema no tiene suficientes recursos para poder prestar adecuadamente los servicios públicos. Por eso, muchos territorios se han endeudado durante la crisis. Pero no son optimistas sobre este tema, porque no ven señales de que el Gobierno central esté dispuesto a buscar nuevos recursos.

Aunque las posturas a nivel autonómico se han acercado, las diferencias con Hacienda son aún muy amplias. El primer paso para reducirlas está en la propuesta que Montoro se ha comprometido a presentar en las próximas semanas.