Las reclamaciones de las comunidades para el modelo de financiación

Las exigencias principales permiten agruparlas en grandes frentes de cara a la negociación

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, con plataformas que reclaman una
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, con plataformas que reclaman una CAIB

Cada comunidad tiene sus reclamaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica. En conversaciones con los presidentes o consejeros de Hacienda, EL PAÍS ha reunido sus peticiones básicas. Algunas se solapan, otras se parecen y muchas se adaptan a necesidades específicas de cada lugar. 

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Por ello, las comunidades se agrupan en frentes comunes en función de criterios que les unen. El frente más amplio es el que aglutina a las regiones con un problema de despoblación (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla- La Mancha y Extremadura), que reclama que el modelo reparta los recursos en función del cálculo del coste real del servicio. Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Cataluña coinciden en solicitar una quita de la deuda, y Baleares, Cataluña y Madrid piden una mayor autonomía fiscal de las comunidades. Andalucía comparte criterios mezclados, como comunidad más poblada pero con una capacidad fiscal menor.

Estas son las reclamaciones de todas ellas, salvo País Vasco, Navarra, que están fuera del régimen común, y Canarias, que está dentro pero con un régimen fiscal propio. Los gobiernos de Madrid, por su agitación interna, y Galicia han declinado participar. Las posiciones públicas de estos dos gobiernos son sin embargo conocidas. Madrid reclama más autonomía fiscal y criterio de poblacion, sin que ello impida el acuerdo sobre un modelo que permita financiar los servicios públicos en todas las regiones atendiendo a sus distintas circunstancias, siempre con la salvedad de la mejora de la financiación per cápita propia. Galicia está en un frente con otras seis comunidades cuyas exigencias tienen en cuenta la despoblación y el coste real de los servicios.

Baleares

1. Más autonomía fiscal. Una parte de la recaudación debería quedarse en las haciendas autonómicas.

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2. Calcular los fondos en base a la capacidad fiscal de cada comunidad. No, como hasta ahora, según sus necesidades.

3. Reestructuración de la deuda. Se incluye en la negociación de la financiación porque se debe a una infrafinanciación.

Andalucía

1. Más dinero para todas las comunidades. El sistema sufre de una insuficiencia global, según el gobierno andaluz.

2. La deuda no es una prioridad. El debate importante es la insuficiencia financiera, no la deuda.

3. La población es importante. El criterio para medir las necesidades de financiación debe ser la población no solo para la educación, sanidad y la dependencia, sino también para población universitaria, tasa de desempleo o personas en riesgo de pobreza.

Murcia

1. El criterio debe ser de población. Todos los ciudadanos tienen que recibir la misma financiación por los mismos servicios.

2. La deuda no puede seguir igual. Para Murcia, la deuda no es responsabilidad de la gestión de las comunidades sino de un sistema injusto. Hasta 2009, la deuda de Murcia era apenas inexistente: 700 millones de euros. En nueve años la deuda se nos ha ido a 8.700 millones.

Castilla y León

1. Más dinero para todos. El modelo actual no es suficiente porque Castilla y León ha cerrado el último ejercicio con un déficit amplio.

2. La población no puede ser el criterio más importante. El modelo da una importancia excesiva a la población como criterio en términos absolutos. Castilla y León pierde población, pero eso no implica que cierre colegios y hospitales. El gobierno castellanoleonés pide un nuevo cálculo que recoja de una manera más fidedigna lo que ocurre en España: la nueva definición de la población ajustada debe recoger lo que supone prestar los servicios, con un mayor peso el envejecimiento y la dispersión.

Asturias

1. Una evaluación precisa y contable del coste de la prestación de cada unidad de servicio. Eso tiene que ver con el envejecimiento, la dispersión, etc.

2. No admite el fin del statu quo (es decir, que las comunidades pierdan recursos) ni la implantación de la ordinalidad (que las comunidades queden ordenadas en lo que reciben según lo que aportan) ni la nivelación parcial de los servicios. Esto es, que no se llegue al mismo nivel de recursos para financiar educación, sanidad y servicios sociales en todas las comunidades

Comunidad Valenciana

1. Más dinero para todos. Es el mejor modo de mejorar los que están peor sin perjudicar a nadie.

2. Más lealtad institucional y transparencia. El Ministerio de Hacienda debe ser más transparente con sus cálculos y dar más autonomía al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

3. La compensación de la deuda. Es necesaria una trasferencia de fondos adicional del Estado, en particular a las comunidades cuya insuficiencia se debe a haber estado financiadas por debajo de la media por habitante y, especialmente, en las que tienen un gasto per cápita también por debajo de la media.

Castilla- La Mancha

1. Establecer un planteamiento lo más objetivo posible sobre el coste de los servicios públicos, y decidir unos criterios comunes de la calidad de estos. Por ejemplo, a cuanta distancia en minutos tiene que estar el hospital de referencia, o cual es el número mínimo de alumnos por aula.

2. Armonización fiscal. Partidarios de unos tipos mínimos.

Aragón

1. Más dinero. Hay una insuficiencia cuantitativa de recursos para todos.

2. El criterio debe ser el coste real del servicio. EN las zonas despobladas y envejecidas, la misma calidad de un servicio cuesta mucho más que una zona con población y joven.

La Rioja

1. Ser pequeña sí importa. El sistema no puede versar en gran parte sobre el criterio de la población ajustada. Para el Gobierno riojano, hay que nivelarlo para las de menor población. Hay que valorar también los costes fijos en la prestación de los servicios: se ha hablado de que suponga un 1% del sistema, pero en La Rioja creen que tiene que ser más, por encima del 3%.

2. El envejecimiento y la dispersión de población deben ser criterios fijos.

3. Las necesidades de gasto deben ser centrales. El origen del cálculo debe ser cuánta tiene que gastar la comunidad, no cuánto dinero ingresa. El statu quo es importante para que las comunidades más pequeñas no se queden en situación de desigualdad.

Extremadura

1. Prolongar plazos e intereses de las deudas autonómicas.

2. Acortar los tiempos para la entrega de los recursos: desde que se decreta cuánto corresponde a la entrega transcurren dos años.

3. Los tres puntos de subida del IVA (del 18 al 21%) cuya recaudación se quedó el Estado que sean compartida con las comunidades.

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