La Guardia Civil eleva a 3,2 millones el gasto del referéndum ilegal al incluir unas obras

El último informe de la Guardia Civil sobre los gastos realizados por la Generalitat de Cataluña para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre eleva el dinero presuntamente malversado a 3,26 millones, aunque solo 1,58 millones fueron efectivamente abonados. El incremento se produce por la inclusión de los 1,2 millones que costaron las obras de rehabilitación de una nave de la Generalitat: los investigadores creen que iba a ser utilizada como call center en la jornada de votación.

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El documento policial destaca que las obras en una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) tuvieron carácter de “urgencia” y que con ellas se pretendía habilitar el espacio para acoger 512 puestos de trabajo para la jornada del 1-O. En este sentido, los agentes destacan que tanto el arquitecto técnico que se encargó de dirigir los trabajos como el jefe de obra declararon ante la Guardia Civil que durante la reforma les insistieron en que debía estar concluida en septiembre. El segundo manifestó también que “intuía que la nave iba a ser utilizada durante el referéndum”.

Representantes de dos empresas que participaban en las obras confirmaron que en ese plazo los trabajos estuvieron terminados en un 80% y que la nave estuvo “técnicamente operativa”. El informe concluye que, “dado que la obra estaba muy avanzada en septiembre de 2017 y que uno de los usos que se pretendía era el de albergar el call center en procesos electorales, el dinero invertido en el acondicionamiento hasta el 30 de septiembre podría estar vinculado directamente con el referéndum del 1-O”.

El pago de los 1,2 millones de euros que costaron estas obras es atribuido por la Guardia Civil al departamento de Vicepresidencia, que entonces dirigía el republicano Oriol Junqueras, ahora en prisión preventiva. Ese importe supone la mayor parte del gasto (1,58 millones) que, según el informe, el Gobierno catalán abonó efectivamente a distintos proveedores para organizar la votación prohibida por el Tribunal Constitucional. En el informe entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, los investigadores agregan que la Generalitat aún está pendiente de abonar otros 1,66 millones, por lo que elevan el coste total del referéndum ilegal a 3,26 millones.

El documento recoge todos los capítulos en los que, presuntamente, se emplearon fondos públicos para el referéndum y que ya aparecían detallados en otros informes: la publicidad institucional, la campaña para los catalanes residentes en el exterior y el envío de las tarjetas censales. El informe recalca que aún están “en fase de investigación” los supuestos pagos al jurista Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Constitucional, por elaborar textos para “la preparación del referéndum”.

Otra de las partidas es la del Diplocat, el órgano de relaciones exteriores de la Generalitat (que fue suprimido al activarse el artículo 155 el pasado 27 de octubre). La Guardia Civil contabiliza el gasto para contratar a los observadores internacionales que estuvieron presentes en Cataluña durante el 1-O y detalla, por primera vez, cómo ocho expertos y cuatro integrantes de su “equipo de apoyo administrativo” se repartieron los 113.000 euros desembolsados en honorarios. Uno de ellos cobró entre julio y septiembre 5.250 euros al mes.