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Llarena alega ante Alemania que el Govern malversó aunque no pagase por el referéndum ilegal

El juez remite a la Fiscalía germana un nuevo escrito en el que argumenta que Puigdemont sí cometió el delito aunque no se abonaran los pagos como asegura Montoro

Puigdemont atiende a la prensa en Berlín el pasado 7 de abril.
Puigdemont atiende a la prensa en Berlín el pasado 7 de abril.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió el pasado 23 de abril a la Fiscalía de Alemania un nuevo escrito en el que ahonda en los indicios recabados hasta ahora sobre el gasto de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre por parte del Govern encabezado por Carles Puigdemont. Con este nuevo documento, el magistrado intenta aclarar a las autoridades alemanas las dudas que estas plantearon sobre la existencia del delito de malversación que esgrimió, junto al de rebelión, en su orden europea de detención para solicitar la entrega del expresidente de la Generalitat. Llarena utiliza como principal argumento que, aunque la investigación determine finalmente que algunos gastos no se hicieron efectivos, el delito de malversación seguiría existiendo en grado de tentativa, ya que sí existiría una "obligación de pago asumida" por la Generalitat.

El nuevo documento —de nueve folios de extensión y remitido por correo electrónico a través de Eurojust— arranca recordando la polémica surgida en España por las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que aseguraba que en las cuentas del Govern —bajo el control de su departamento— no figuraban ningún pago para financiar el referéndum ilegal. Llarena informa ahora a las autoridades alemanas que ha pedido a Montoro que aclare estas afirmaciones "a la mayor brevedad", pero que hasta el momento no ha recibido respuesta. No obstante, considera que "la fuerza de los indicios" recabados hasta el momento sostienen la acusación por un delito de malversación de caudales.

El magistrado hace en su escrito un resumen de estos indicios sobre supuestos gastos para la consulta ilegal referidos a la campaña de publicidad, al reparto postal de documentación electoral, la compra de sobres y cartelería, y los gastos para sufragar la estancia durante el 1-O de observadores internacionales. Llarena detalla que en algunos casos se emitieron las facturas, pero que no existe constancia de que se haya abonado el importe de las mismas. Una circunstancia que, en su opinión, no elimina la existencia del delito de malversación.

"En la eventualidad de que se entendiera que la obligación de pago asumida por la Generalidad de Cataluña no está consumada, por no haberse llevado a término (quizás solo parcialmente) los trabajos que determinaban la contraprestación del pago, los hechos se muestran como una eventual tentativa del delito de malversación", recoge el documento. No obstante, considera que en ningún caso se produce "una minoración penalógica del delito" ya que la tentativa se integraría "en un delito continuado y consumado de malversación" ya que considera que sí están probadas "otras defraudaciones".

En este sentido, destaca la existencia de tres transferencias —dos de ellas consumadas y otra suspendida— realizadas desde la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea con destino a la empresa holandesa 'The Hague Centre for Estrategic Studies' y que el juez español considera que tenía como fin financiar la participación de observadores internacionales en el referéndum ilegal. Además, destaca los más de 95.000 euros que se abonaron a través de dos tarjetas de crédito asociados a una cuenta de Diplocat, el órgano creado por el Govern para canalizar sus relaciones con terceros países, y que sirvieron para sufragar la estancia y manutención en Barcelona de estos observadores.

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