Mireia Boya ante el juez Llarena: “La sentencia ya está dictada”
Los exconsejeros de Borrás, Mundó y Vila rechazan declarar ante el juez del Supremo tras comunicarles su procesamiento por malversación y desobediencia
La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha afirmado este martes ante el magistrado Pablo Llarena que la sentencia por la causa abierta en el Tribunal Supremo por el procés “ya está dictada”. “Es una politización de la justicia. El juicio real será en instancias internacionales”, ha afirmado Boya, según fuentes presentes en la comparecencia de la exparlamentaria ante el juez que se ha celebrado este martes. Llarena había citado a Boya para comunicarle oficialmente su procesamiento por desobediencia y a los exconsejeros Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), procesados por malversación y desobediencia.
Los tres exconsejeros, según fuentes presentes en la declaración, se han acogido a su derecho a no declarar y se han remitido a los recursos que han presentado contra el procesamiento. Llarena considera que Borràs, Mundó y Vila eludieron los requerimientos del Constitucional al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos para que realizaran los trabajos y acordaran las contrataciones necesarias para hacer posible la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre.
Vox, que ejerce como acusación popular, ha afirmado a la salida del tribunal que los tres exconsejeros, al negarse a declarar, han perdido la oportunidad de explicar si, como afirma el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no se empleó dinero púbico para la consulta ilegal del 1 de octubre. A la salida del tribunal, Vila sí ha hecho referencia, a preguntas de los periodistas, al delito de malversación y ha asegurado que ni él ni ningún otro consejero gastó dinero público en el referéndum.
Con respecto a Boya, el magistrado sostiene que desobedeció al Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y Fundacional de la República, que perseguía la desconexión de Catalunya, y presentar la ley del Referéndum. La exdiputada sí ha querido declarar este martes y ha vertido duras críticas a la causa judicial. Boya ha puesto en duda la imparcialidad de Llarena, se ha quejado de que no se haya tenido en cuenta su “inviolabilidad” como diputada y ha defendido el derecho a decidir de Cataluña.
La exdiputada de la CUP ha asegurado también que la sentencia “ya está dictada” y que la causa abierta en el Supremo contra el procés es “una politización de la justicia”. Además, ha afirmado que no debería existir el delito de desobediencia porque la obediencia al mandato popular prima sobre la obediencia a la ley. Ya fuera del tribunal, ha advertido que, además, ella como diputada no desobedeció al votar las leyes independentistas que había admitido a trámite la Mesa del Parlament.
Ya fuera del tribunal, en declaraciones a los periodistas, Boya ha explicado que su intención ante el juez era demostrar que el procedimiento abierto en el Supremo es "político" y que todas las iniciativas parlamentarias por las que ella votó a favor y el juez le ha procesado nacían de "un programa electoral legal y de la voluntad democrática de los catalanes". "Ante la parálisis total por la negativa del Estado a dialogar lo único que podíamos hacer era seguir adelante obedeciendo el mandato legal", ha afirmado Boya.
"Espero con resignación una sentencia que creo que ya esta escrita. Este juicio es un teatro, una pantomima política y el verdadero juicio se dará en instancias internacionales”, ha añadido la exparlamentaria. Boya ha explicado también que ha intentado exponer ante Llarena que una prueba de esa falta de imparcialidad de la que acusa al juez es el procesamiento por rebelión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Yo como presidenta del grupo parlamentario de la CUP registré una serie de leyes y de iniciativas parlamentarias que respondían al programa electoral y solo me imputa un delito de desobediencia y a la persona que ha permitido el debate le pide 30 años de cárcel y lleva 40 días encerrada en Alcalá Meco", ha advertido. Antes estas afirmaciones, el instructor le ha preguntado si su intención era declararse culpable de rebelión como Forcadell a lo que ella le ha dicho que su intención era la contraria: "demostrar que Forcadell es inocente y que se la está juzgando de manera parcial".
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