Los exmiembros de la Mesa del Parlament alegan ante Llarena su inviolabilidad parlamentaria

Los exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia han alegado este lunes ante el juez Pablo Llarena que cuando votaron a favor de tramitar las leyes independentistas creían que les protegía la inviolabilidad Parlamentaria. Así lo han afirmado el diputado Lluís Guinó (Junts per Catalunya) y los exdiputados Lluís Corominas y Anna Simó, que han comparecido apenas cinco minutos cada uno ante el instructor, las acusaciones y el resto de partes personadas en la causa abierta contra el procés en el Tribunal Supremo. También ha comparecido el diputado de Catalunya en Comú Podem Joan Josep Nuet, procesado por el mismo delito, mientras que Ramona Barrufet, que también estaba citada, no ha alegado motivos de salud para no acudir al alto tribunal y su abogado ha pedido que la comparecencia se celebre por videoconferencia en los próximos días.

Más información

El Supremo procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras, Turull y otros diez líderes independentistas

Llarena había citado a los cinco exmiembros de la Mesa procesados por desobediencia para comunicarles oficialmente los hechos de los que se les acusa: tramitar leyes que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. Guinó, Corominas y Simó han rechazado contestar a las preguntas del fiscal y se han limitado a ratificar la primera declaración que hicieron ante el instructor y a alegar que consideraban que la inmunidad parlamentaria les protegía para tramitar todos los asuntos que llegaran a la Mesa. Según ha declarado Guinó a la salida del tribunal, los miembros de la Mesa “intuían” que existía esta inmunidad.

El diputado de Junts per Catalunya ha anunciado además que los exmiembros de la Mesa procesados van a pedir que se les levanten las medidas cautelares que les impuso Llarena en noviembre: comparecencias semanales ante el juzgado y retirada del pasaporte. Estas medidas se impusieron cuando estaban imputados por rebelión y malversación, pero finalmente el instructor solo les ha procesado por desobediencia, un delito que implica pena de inhabilitación pero no de cárcel, por lo que sus defensas consideran que ya no les corresponden esas medidas cautelares.

Nuet, el único de los procesados que no pertenecía a un grupo independentista, sí ha contestado a las preguntas de la fiscalía sobre cada iniciativa independentista que tramitó la Mesa, como la ley de transitoriedad y la del referéndum. El Supremo atribuye a Nuet haber votado a favor de la tramitación de seis de estas resoluciones, pero el diputado ha sostenido que solo votó a favor de dos y que en los otro cuatro casos votó en contra o se abstuvo. Además, ha recordado que una vez que estas iniciativas llegaron al Parlamet, él y su grupo votaron en contra.

El diputado ha asegurado que “tuvo dudas” en algunas de las votaciones porque los informes elaborados por los letrados del Parlament no eran claros y porque él como miembro de la Mesa solo tramitaba la iniciativa para que se debatiera en la Cámara.

Las indagatorias posteriores al auto de procesamiento continuarán este martes con los exconsellers Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), procesados por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. Ninguno de los tres es ya diputado. Este día también está citada la exparlamentaria de la CUP Mireia Boya, a la que se le atribuye un delito de desobediencia.

Llarena considera que Borràs, Mundó y Vila también eludieron los requerimientos del Constitucional al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos para que realizaran los trabajos y acordaran las contrataciones necesarias para hacer posible la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre.

Con respecto a Boya, el magistrado sostiene que desobedeció al Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, que perseguía la 'desconexión' de Catalunya, y presentar la ley del Referéndum.