Esclavos humanos en una granja de cerdos

Vivían en la propia granja de cerdos, dormían repartidos sobre "un colchón con los muelles reventados" y un sofá cama, junto a una cocina en la que no podían usar más agua que una captación del río, "la mayoría de las veces llena de barro", con un olor nauseabundo, humedad en el techo y ratones muertos por el suelo. La policía nacional detuvo el miércoles pasado a una empresaria de Sarria (Lugo) por mantener a tres trabajadores colombianos en condiciones "inhumanas, insalubres y sin ningún derecho laboral ni asistencial". Está siendo investigada por presunta trata de seres humanos con fines de explotación laboral y un delito contra los derechos de los trabajadores. La descripción que hace la policía del escenario de los hechos es dantesca. Por vivienda tenían un espacio situado sobre la propia nave de porcino, comunicado por unas escaleras. A la entrada se acumulaban las bolsas de basura, había suciedad por todas partes, y el váter no se podía usar porque las cañerías estaban atascadas.

Los investigadores creen que los tres hombres vinieron a España "engañados" por la mujer y estaban sometidos a un régimen de esclavitud. Trabajaban seis días a la semana, 11 horas cada jornada. Y podían librar por turnos cuando la jefa decidiese. Ella, supuestamente, había contactado con ellos en su país con la promesa de que al llegar aquí regularizaría su situación y disfrutarían de un contrato de trabajo en su granja. Pero después de que les envió por correo electrónico las reservas de billete de avión, hotel y seguro de viaje (requisitos necesarios en España para entrar en el país por motivos de turismo), "nunca" llegó a conseguirles los papeles ni contaron con ninguna garantía.

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En este ambiente "inundado de malos olores", según los agentes los tres inmigrantes aprendieron el oficio de "otra persona" y "empezaron a trabajar de forma inmediata". No tenían seguro médico y cuando enfermaban, "con vómitos y diarreas" probablemente por la insalubridad del lugar, "no acudían a los servicios sanitarios, sino que tenían que seguir trabajando". Los únicos medicamentos de los que disponían para aliviar sus enfermedades eran "los que ellos mismos habían traído de Colombia", asegura la policía.

El juzgado de Instrucción de Sarria investiga ahora los hechos descubiertos por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Lugo, mientras que las tres víctimas cuentan ahora con tres meses de plazo para regularizar su situación si, a pesar de la experiencia, quieren seguir viviendo en España. El subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, ha explicado esta mañana que la policía actuó “a través de terceras personas que comunicaron que podía haber explotación laboral en una granja de Sarria". Tras la liberación, "la subdelegación autorizó a esos trabajadores" para "aclarar su situación laboral" e intentar arreglar sus papeles "dado que llegaron como turistas y no era así sino que estaban, en una situación de explotación y trata de seres humanos”, ha continuado el responsable en la provincia. No obstante, estos “trámites” para poder conseguir la “estancia” en España se pueden materializar, según Carballo, “por contrato laboral o por arraigo o agrupamiento familiar”. “Cualquiera de esas circunstancias podrían arreglar su situación", comenta. Si no, advierte el representante del Gobierno central, la opción que les queda a estos hombres que vivían prácticamente como esclavos "es regresar a su país y volver a iniciar los trámites”.

Aunque Carballo insiste en que se trata de un "hecho aislado", en Lugo fue sonada la Operación Pollo contra el tráfico de seres humanos, que investigó una red de trata de trabajadores procedentes de Marruecos que eran explotados en granjas avícolas dentro y fuera de la provincia. Fue el primer gran caso de los que desde 2008 conmocionaron una y otra vez la capital lucense. La trama llegó a tener un centenar de imputados, incluidos muchos ganaderos, funcionarios de Extranjería y un supuesto cabecilla de nacionalidad marroquí, Mohamed Chahidi, al que luego se le perdió la pista. A su vez, se localizaron otros tantos inmigrantes perjudicados, aunque se calculó que la red había traído en las mismas condiciones a España a más de 200 hombres. La operación, que fue perdiendo fuelle por el sucesivo cambio de juzgado y el tiempo transcurrido sin alcanzarse el juicio, estalló tras descubrirse por un robo en un parque urbano un piso patera en el centro de Lugo. Los extranjeros trabajaban explotados, durante eternas jornadas laborales, en condiciones infrahumanas; cobraban unos 300 euros al mes y llegaban a España con una deuda de entre 8.000 y 15.000.