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La Audiencia tumba a la juez San José su segunda gran causa de corrupción

Los magistrados la acusan de nuevo de “arrogarse” de forma “arbitraria” una investigación y anulan la operación en la que se detuvo al alcalde de Castro de Rei

Santiago de Compostela / Lugo
La juez San José, durante el registro en el Ayuntamiento de Castro de Rei en octubre de 2009.
La juez San José, durante el registro en el Ayuntamiento de Castro de Rei en octubre de 2009.

Los juristas la llaman “teoría del fruto del árbol envenenado”, echó por tierra hace solo cuatro meses el macrocaso de la retirada de multas de tráfico en Lugo y ayer derribó otra de las operaciones anticorrupción que en los últimos años ha llevado al calabozo en Galicia a varios cargos políticos. La Audiencia Provincial de Lugo tumbó la Operación Rei, la causa instruida por la juez Estela San José que estalló en 2009 con la detención del entonces alcalde socialista de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales de su gobierno. Los magistrados vuelven a reprender a San José, instructora también del proceso de las multas, y, con idénticos argumentos, la acusan de “arrogarse” de forma “arbitraria” el caso, en el que apreció delitos de prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

 Y es que, al igual que ocurrió con el sumario de las multas y con otros como la Operación Orquesta o la Pokémon, la causa de Castro de Rei nació de una conversación grabada por la policía cuando indagaba en un caso completamente diferente. Mientras, a las órdenes de la juez San José, los agentes investigaban en 2008 una supuesta explotación laboral de ciudadanos extranjeros (la denominada Operación Pollo), interceptaron una charla entre dos personas en la que se apuntaba a una posible prevaricación urbanística. Se lo comunicaron a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, y San José abrió diligencias distintas y ordenó nuevos pinchazos.

Según esgrime la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo, en el auto de agosto de 2008 con el que la juez tomó estas medidas, San José ya era “consciente de la inexistencia de conexidad entre una y otra causa” por lo que los magistrados entienden que debería haber aplicado las normas de reparto de casos que rigen en los juzgados para que otro colega se encargase de este asunto “nuevo y distinto”. La Sala, la misma que tumbó el caso de las multas, reprocha a San José que prosiguiera la investigación “arrogándose la competencia para continuar conociendo unos delitos distintos e inconexos y respecto de unas personas distintas”. Los protagonistas de la conversación grabada en la Operación Pollo “eran dos personas concretas y luego la investigación se fue desviando y dirigiéndose al alcalde de Castro de Rei”, argumenta la Audiencia, quien aboga por “poner coto a tal práctica” para evitar que un juez “asuma de manera arbitraria las causas que sean de su interés y derive a reparto las que no lo considere”.

Los magistrados que firman el auto con el que se resuelven las cuestiones previas al juicio planteadas por las partes —Edgar A. Fernández Cloos, María Luisa Sandar Picado y José Manuel Varela Prada— sostienen que San José asumió una competencia que no era suya “con conocimiento de ello”, ya que no actuó igual con otro “hallazgo derivado de las intervenciones telefónicas”. Se refiere la sala al supuesto caso de tráfico de influencias en el que se implicó también al exregidor de Castro y a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo, la socialista Lara Méndez, y que acaba de ser sobreseído por el juzgado al que le tocó después de que San José sí lo derivase a reparto.

Cuando la Operación Rei estaba a punto de ir a juicio, la Audiencia decreta la nulidad de todas las actuaciones y pruebas obtenidas y archiva las imputaciones a los ocho acusados: además de Díaz Valiño —que dimitió como edil en 2013, cuando se cerró la instrucción—, los concejales de Castro de Rei Roberto Lorenzo Fernández (Terra Galega), Antonio Balado Teijeiro (PSdeG) y Ana María Canto Rodríguez; la secretaria municipal, María Josefa Fernández Legaspi; así como los empresarios Óscar Luis Expósito Fernández, Manuel César Vilas Ramos y Manuel Blanco Trigo.

El exalcalde Díaz Valiño aseguró ayer que quiere “pasar página a uno de los capítulos más tristes” de su vida, aunque añadió que no guarda “rencor a nadie”. El actual regidor del PP, Francisco Balado, hermano de uno de los ediles socialistas imputados y al que asistió como abogado en un primer momento, se felicitó de que “todo haya quedado en nada”. “Al final el tiempo pone las cosas en su sitio”, subrayó el popular, para quien la intervención judicial de 2009 en el Ayuntamiento fue “desmesurada”, “más propia de una operación de narcotráfico que de un ayuntamiento del rural con un presupuesto que no llega a los tres millones de euros”, incluso si los acusados hubiesen acabado condenados. El alcalde de Castro de Rei insta a la justicia a “hacer una profunda reflexión de cara a futuras instrucciones”. “No se puede jugar con la personalidad ni con el ánimo de las personas imputadas”, se queja Balado. “Aquí parecía que todos éramos delincuentes”.