Rajoy no endurecerá el 155 aunque lo prorrogue por nuevas elecciones

En 48 horas se cumplirán seis meses desde que el Consejo de Ministros, previa aprobación en el Senado, aplicó por primera vez el artículo 155 de la Constitución por el que el Gobierno central pasó a hacerse cargo de la Generalitat de Cataluña, cesó a su Ejecutivo, disolvió el Parlamento autónomo y convocó elecciones para el 21 de diciembre pasado.

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Ese 27 de octubre de 2017, después de un día de intenso dramatismo, el Gobierno de Mariano Rajoy tomó decisiones “excepcionales”, como así calificó a la intervención de una autonomía y disolver un Parlamento, pero descartó poner en marcha políticas y acciones de propio cuño.

Hubo debate sobre el alcance que iba a tener la aplicación de ese artículo, pero Rajoy impuso la línea “más contenida”, que descartaba hacer cambios en la radiotelevisión pública catalana y en la Educación, como defendieron algunos sectores del partido. Esa corriente de opinión incluía que la intervención del 155 fuera, al menos, por un año. Rajoy se negó. No tuvo duda sobre la intervención de los Mossos, ni tampoco de las finanzas, pero el rechazo del PSOE a controlar TV3 desde el Gobierno central, provocó que el Ejecutivo de Rajoy también desistiera de hacerse con esa parcela. Los mismos sectores de entonces, hoy querrían que se controle la radiotelevisión pública catalana y lamentan que se haya dejado pasar la inscripción de los alumnos en los colegios sin que se haya impuesto un mayor equilibrio entre el catalán y el castellano. Pero nada se va a tocar, según aseguran distintas fuentes gubernamentales.

Se invocan razones de “prudencia” para no alterar el contenido del 155 pase lo que pase en Cataluña en las próximas cuatro semanas. Dentro de 29 días cumplirá el plazo para convocar elecciones si antes los independentistas no se ponen de acuerdo para elegir a un presidente que pueda serlo de pleno derecho. Por tanto, no puede ser uno de los políticos presos ni tampoco Carles Puigdemont, cuyo futuro procesal está pendiente de la Justicia alemana. Si hay Gobierno antes de que expire el plazo para que se disuelva el Parlamento y Rajoy convoque elecciones, como le corresponde al ser el máximo responsable de Cataluña, “no se va a cambiar el contenido del 155 para cuatro semanas”, explican interlocutores gubernamentales. Si tuvieran que convocarse elecciones, “no parece prudente introducir políticas concretas sobre materias delicadas en plena campaña electoral”, justifican estas fuentes. Por tanto, al menos durante seis meses, el 155 se mantendría invariable de como comenzó su aplicación el pasado 27 de octubre.

No hay atisbo de autocrítica sobre su aplicación, según distintos responsables ministeriales a quienes corresponde llevar o supervisar el día a día de cada consejería. Por encima de todos ellos está la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en quien delegó desde el primer momento Rajoy. Y ella dio la llave de la gestión al secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro. De una manera discreta este alto cargo, mano derecha de la vicepresidenta, coordina todas las áreas de la Administración catalana para lo que ha requerido la colaboración de los funcionarios autonómicos. También en esta delicada parcela el juicio que hace el Gobierno es positivo.

Miedo al boicot

Una vez sustituidos los más de 230 cargos de confianza del Gobierno catalán, la inmensa mayoría de los funcionarios ha cumplido con su tarea, según aseguran en el Gobierno, tras escuchar las opiniones de cada ministro, de Bermúdez de Castro y del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Los ceses posteriores han aumentado la cifra hasta más de 255, y se han debido a que el comportamiento de los afectados ha sido públicamente inadecuado. “Lo normal ha sido la colaboración, sin aspavientos, sino con el cumplimiento del trabajo día a día en las áreas que son esenciales”, señalan las fuentes consultadas.

Estas son sanidad, la educación, los servicios sociales y la administración de justicia. “Los primeros días hubo mucho temor, al no saber cuál iba a ser la reacción de los funcionarios”, relatan fuentes que vivieron la situación de primera mano. Estos interlocutores citan la posibilidad de boicot de los servicios esenciales “desde los ordenadores”, ya fuera en la sanidad como en la administración de justicia. Estas parcelas fueron las que más prevención suscitaron. Pero no hubo sabotajes. “En aquellos primeros días incluso temimos que pudiera haber un movimiento insurreccional y que los funcionarios no fueran a trabajar”, rememoran ahora con alivio.

Después, de esa primera fase, constataron día a día que “con más o menos malas caras”, cada uno hacía su trabajo. Esta cierta normalidad no significa que los funcionarios hayan renegado de sus ideas, simplemente gestionan los servicios para los ciudadanos catalanes. Y no se les ha impuesto nuevas políticas.