Interior pretende retirar escoltas a ex altos cargos para enviarlos a Cataluña

La medida afectará a una veintena de ex cargos públicos alejados ya de la primera línea política

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado 12 de abril en el Senado.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado 12 de abril en el Senado. Víctor J. Blanco (GTRESONLINE)

El Ministerio del Interior prepara una nueva reducción del número de políticos, jueces y fiscales que tiene asignada de manera permanente escolta policial. Tras el recorte que en 2012 hizo el entonces titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, su sucesor Juan Ignacio Zoido estudia ahora extender la medida a una veintena de ex altos cargos. El objetivo es destinar parte de esos efectivos a Cataluña, donde recientemente ya envió a un grupo de agentes especializados en protección.

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La nueva reducción de escoltas que prepara Interior afectará a personalidades del mundo de la política y la judicatura que cuando se acometió el anterior recorte la conservaron, según fuentes policiales. En la mayoría de los casos se trata de dirigentes que ocuparon puestos de responsabilidad en anteriores Gobiernos pero que en la actualidad están alejados de la primera línea política. En una reciente respuesta parlamentaria por escrito Interior reconoció que 28 personas que ocuparon en su día cargos públicos seguían disfrutando hoy de escolta. La medida no afectará a ninguno de los expresidentes del Gobierno, aunque sí a jueces y fiscales, colectivos a los que también se aplicó el anterior recorte de 2012 y que entonces protestaron por la medida.

Desde el Ministerio del Interior admiten que se lleva tiempo estudiando acometer esta segunda reducción de escoltas, aunque rechazan concretar a cuántas personas afectará ni cuándo se hará efectiva “porque no está decidida”. Sin embargo, las fuentes policiales consultadas aseguran que ya se ha hecho la evaluación del nivel de riesgo de cada personalidad afectada y que se pondrá en marcha en breve, una vez que se comunique a los afectados. De esto último se encargará personalmente el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En lo que coinciden tanto Interior como las fuentes policiales consultadas es en recalcar que la decisión está justificada por la desaparición en los últimos años de la amenaza terrorista que en su momento explicó buena parte de los servicios de escoltas que durante años se ha prestado a las personalidades que ahora resultarán afectadas. De hecho, el fin de la actividad de ETA es la principal razón esgrimida ahora, como lo fue en la anterior reducción. Desde Interior se recuerda que durante años hubo que hacer un importante despliegue de seguridad en el País Vasco y Navarra. En la actualidad, la Policía Nacional y la Guardia Civil solo dan escolta en esta comunidad al delegado y subdelegados del Gobierno central. “Ahora esa necesidad de protección se ha trasladado a otros territorios”, señalan en Interior en clara referencia a Cataluña.

Reciente traslado

De hecho, el estudio del recorte se produce dos semanas después de que Interior destinase a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protección a reforzar la seguridad en esta comunidad autónoma de jueces y políticos al aumentar la tensión tras la detención en Alemania de Carles Puigdemont, actualmente en libertad. Fuentes policiales recuerdan que no se pudo enviar más, precisamente, por la falta de efectivos.

Aquellos agentes se sumaron a los cerca de 200 —en su mayoría Mossos d’Esquadra— que ya prestaban este tipo de servicio de seguridad de manera habitual en esta comunidad. Un contingente que ya había sido reforzado durante la campaña de las elecciones del pasado 21 de diciembre con medio centenar de escoltas procedentes también de Madrid, a los que se encargó la seguridad de los candidatos de los partidos constitucionalistas y, sobre todo, de los líderes nacionales de las formaciones cuando acudían a participar en mítines. Una parte de estos agentes aún permanece en esta comunidad dando servicios de protección.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario entre los agentes, se aplaude la medida. Un portavoz de la organización asegura que la decisión del equipo de Zoido “va en la línea de lo que históricamente ha reivindicado el SUP de racionalizar este servicio y, sobre todo, el número de efectivos destinados a dar protección a personas”. El representante sindical añade que “esta reducción es necesaria, no sólo tras el fin de ETA, sino por la ineficacia de muchos de los servicios, su alto coste y la mala utilización, en algunos casos, que se viene haciendo de los escoltas por parte de algunas de las personas protegidas”.

El sindicato reclama “un nuevo marco regulador que optimice la utilización de los recursos públicos y proporcione este servicio a quien realmente lo requiera”. Para ello, exige que la medida en estudio incluya la eliminación de lo que tilda de “servicios de protección históricos” que no tienen razón de ser y del “amiguismo” con el que, en su opinión, se adjudican escoltas. “Hay que minimizar el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección por razón exclusiva del cargo que ocupan para, de esta manera, mejorar el servicio y las condiciones de los policías destinados en escoltas y recuperar parte de los efectivos policiales para destinarlos a otros cometidos donde hay carencia”.

Quejas de la judicatura al recorte de 2012

Cuando en marzo de 2012, el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz puso en marcha su plan, el número de escoltas era de 2.890 efectivos —2.101 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 789 de empresas de seguridad privada pagados por el Estado—. Con ellos se daba protección a 613 políticos, ex altos cargos, jueces y víctimas del terrorismo. Tras evaluar caso por caso, Interior decidió retirar la seguridad a 280 personas y mantener a 333.
La medida creó malestar entre algunos afectados, sobre todo en la Audiencia Nacional, donde se criticó que Interior no hubiera negociado el alcance de la misma ni hubiera dado acceso a los análisis de riesgo que determinaron a quiénes se retiraba la protección. El entonces fiscal de este tribunal, Javier Zaragoza, envió un comunicado en el que recordaba que ETA no se había disuelto y que aún poseía armas. También advertía de que la lucha contra el crimen organizado podía verse afectada debido a la falta de seguridad.

Finalmente, la medida se aplicó, aunque no en la extensión prevista por Interior. El equipo de Fernández Díaz pretendía que, de manera escalonada, un total de 1.010 policías y guardias civiles dejarán de realizar labores de protección para pasar a desempeñar tareas de seguridad ciudadana.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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