La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones

La calidad de las instituciones es clave para el desarrollo de los países y su bienestar, y España no se encuentra en ninguna de las clasificaciones de buena gobernanza entre los 20 primeros. Y las diferencias con los países centrales de Europa respecto a la corrupción, lejos de reducirse, se agrandan, según el informe La calidad de las instituciones en España, presentado este lunes en el Congreso de los Diputados bajo el impulso del Círculo de Empresarios. En las conclusiones de este trabajo, realizado basándose en varias encuestas existentes y en contraste con otros países, los españoles juzgan sus instituciones “de forma muy severa”.

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El deterioro institucional español, de acuerdo con el documento, no se produjo durante la crisis económica “sino precisamente en los años del boom económico e inmobiliario”, es decir, “cuando el crédito barato actuó sobre la economía española de forma parecida a como el petróleo o los recursos naturales afecta a los países emergentes, fomentando la especulación y las actividades rentistas”. Ese caldo de cultivo propició los numerosos escándalos protagonizados por políticos y empresarios ahora juzgados y “han erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia”.

Mientras que la confianza de los españoles es notable en las Administraciones que prestan servicios públicos, se hunde en el sistema político: son los europeos que menos confían en su Gobierno y en su Parlamento. El 51% desconfía de los Ayuntamientos; el 65%, de las Comunidades Autónomas. Solo el 13% confía en los políticos el 20% en los partidos, frente a la Corona, que recibe el aprobado del 71%.

La sensación de extensión de la corrupción en España pasó del 73% en 2005 al 95% en 2013, según los datos del Eurobarómetro (un dato que solo superan Italia y Grecia), coincidiendo con la caída de la posición relativa en los indicadores de calidad de gobierno. Según el coordinador del documento, Víctor Lapuente, no han contribuido a mejorar la percepción los 132 indultos a condenados por corrupción entre 2000 y 2012, ni la defensa a ultranza que los partidos hacen de sus dirigentes encausados por delitos de corrupción. En consecuencia, la corrupción se ha convertido en el segundo problema más importante en España, que es el país de la Unión Europea en el que más ha aumentado su percepción batiendo “un récord muy preocupante”.

La corrupción política, según el trabajo, “no está en nuestro ADN cultural ni en el de los partidos”, sino, “en nuestro ADN institucional”, puesto que la mayoría de ellos “cuanto acceden al poder acaban manchados en escándalos de corrupción”. Es decir, está “en la parte alta”. El problema son unas instituciones altamente controladas por los partidos gobernantes y sin pesos y contrapesos en la gestión, como por ejemplo directivos autónomos en las Administraciones, capaces de resistir las presiones, y que velaran por la integridad y la imparcialidad de la acción pública.

Aunque el documento rehúye diagnósticos catastrofistas, la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos se han agrandado en los últimos años, un fenómeno que “puede anticipar convulsiones antidemocráticas”, en relación con la experiencia de la Venezuela de las décadas ochenta y noventa o las actuales de Polonia y Hungría. Con todo, el trabajo apunta que la democracia española no sufre ningún problema estructural, aunque tiene aspectos a mejorar como la despolitización de la Justicia, la violencia de género, la trata de personas para ser explotadas sexualmente o “las desproporcionadas multas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana y que pueden afectar al derecho de asociación”.

El documento apunta aspectos que deben ser corregidos en las instituciones públicas para mejorar su calidad, pero lamenta la escisión producida en la clase política “entre partidarios de la ruptura y de la inacción”. Es decir, los representantes de la denominada “nueva política”, que favorecen los “cambios institucionales de raíz” y los partidos tradicionales, que “se han refugiado en la coyuntura económica para evitar reformas institucionales que pudieran alterar el statu quo”.

“Entre el tremendismo de unos y la pasividad de otros”, el informe propone una agenda de reforma de las instituciones “de carácter gradualista” en seis bloques: regeneración democrática, justicia, educación, regulación de los mercados, Administración pública, transparencia y lucha contra la corrupción. En la presentación del informe, además de Lapuente, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, han participado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Jesús Lizcano.