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Un alto precio

Cuando las instituciones son débiles, su funcionamiento queda al albur del talante del político de turno

Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional.© JAIME VILLANUEVA

La confianza social pertenece a ese tipo de virtudes colectivas que tienen la cualidad de un diamante. Son duras y frágiles a la vez. Las sociedades que la poseen en abundancia cuentan con una fortaleza sobre la que construir un imperio de bienestar: amplia redistribución, desarrollo económico, buen gobierno, legitimidad democrática. Pero cuando la confianza social se fractura, su recomposición lleva tiempo, su recuperación no es inmediata. La consecuencia es un deterioro de la legitimidad de las reglas de juego que rigen la convivencia entre todos. Esa que explica que estemos dispuestos a aceptar la justicia que impongan los jueces o a pagar los impuestos que decida el Gobierno.

España puede presumir de confianza hacia el prójimo (aquella que mostramos hacia la gente que no conocemos), cuyos niveles se han mantenido incluso durante la época más dura de la crisis. En cambio, pincha en confianza institucional: desconfiamos más de los jueces y del Gobierno que en otros países. Y las instituciones que pertenecen a los tres principales poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— se encuentran entre las peor valoradas por la opinión pública, según datos del CIS.

Dada la importancia de la confianza institucional para el bienestar social y su delicado estado de salud en este país, uno esperaría que la acción de los políticos contribuyese, si no a reforzarla, como mínimo a no debilitarla. Una lógica de prudencia y capacidad de autocontención que topa con la actuación del Gobierno el pasado viernes: desconsiderada hacia el procedimiento legal, el papel del Tribunal Constitucional y el propio carácter colectivo de las decisiones del Ejecutivo. No hay urgencia que justifique el precio institucional que se paga con ello. Un coste además innecesario, al existir otros mecanismos para denunciar cualquier acción de los poderes públicos que se separe de la legalidad.

Cuando las instituciones son débiles, su funcionamiento queda al albur del talante del político de turno. El de la actual generación de dirigentes quizás quede marcado por el oportunismo político con el que unos y otros han vapuleado a sus instituciones. @sandraleon_

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