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Memoria histórica

La juez argentina Servini retira la orden de detención contra Martín Villa

El exministro está dispuesto a declarar en Buenos Aires por la muerte de cinco obreros en Vitoria en 1976

Martin Villa
Rodolfo Martín Villa en una foto de 2012.

La juez argentina María Servini ha dejado sin efecto la orden internacional de detención que pesaba en aquel país desde octubre de 2014 contra Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno del rey Juan Carlos I, por la muerte de cinco obreros en Vitoria en los sucesos del 3 de marzo de 1976, uno de los episodios más graves de la Transición y que nunca fue juzgado en España. Según fuentes próximas al expolítico y hombre de empresa, la magistrada ha retirado definitivamente la orden de arresto por un supuesto delito de genocidio después de que este haya depositado una fianza que le permitirá declarar en libertad.

Martín Villa volverá a solicitar –ya por cuarta vez- a la juez Servini declarar voluntariamente en Buenos Aires, después de que la Justicia española rechazara las comisiones rogatorias –procedimiento de auxilio judicial entre Estados- de las autoridades argentinas para poder interrogarle en España. Los abogados argentinos del exministro solicitarán el próximo lunes a la juez Servini que fije fecha y hora para tomarle declaración. Hace más de un año, Martín Villa ya le expresó su disposición a acudir incluso a Buenos Aires para prestar declaración en su Juzgado.

El pasado septiembre, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina revocó por segunda vez la orden internacional de detención dictada por Servini al constatar, entre otras cosas, que no se ha acreditado la intervención de Martín Villa en los hechos con los que se le relaciona ni que esos hechos supongan delitos de genocidio. Posteriormente, la juez fijó una fianza, depositada ya por Martín Villa, para poder declarar en libertad.

Extradición denegada

El Gobierno de España denegó en marzo de 2015 la extradición de Martín Villa y de otros 21 ciudadanos españoles –cuatro han fallecido ya- investigados por la juez Servini por crímenes contra la humanidad entre el 18 de julio de 1936, día del golpe de estado encabezado por el dictador Francisco Franco, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas bajo el reinado de Juan Carlos I. Además, la justicia española ha rechazado cumplimentar la comisión rogatoria -solicitud de ayuda judicial entre distintos Estados- sobre Martín Villa lanzada por Servini al considerar que su investigación es una “causa general” vetada por el ordenamiento español, que los hechos están prescritos y que, además, están cubiertos por la Ley de Amnistía de octubre de 1977.

Pese a ello, Martín Villa no quiere acogerse a la Ley de Amnistía y se había puesto tres veces a disposición de la juez Servini. En la primera, en diciembre de 2014, antes de que el Gobierno resolviera sobre la petición de extradición, se ofreció a declarar por videoconferencia o por comisión rogatoria e informó de ello tanto al presidente y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional como a los embajadores de Argentina en España y de España en Argentina.

En diciembre de 2015, tras rechazarse la extradición y la comisión rogatoria, Martín Villa envió a Servini un acta notarial con aclaraciones sobre su situación y su papel en los sucesos de Vitoria. “No soy responsable de la represión policial –expresión utilizada por los querellantes- y tampoco podía haber organizado tal represión ya que en marzo de 1976 no tenía autoridad alguna sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, se lee en ese documento ante notario.

En ese acta, Martín Villa niega la acusación “injuriosa” de una de las entidades querellantes de que firmó penas de muerte. “Yo formé parte por primera vez de un Gobierno tras la proclamación de don Juan Carlos I como Rey. Desde entonces, ningún tribunal civil o militar ha dictado penas de muerte en España”.

Respecto a la matanza de Vitoria, el expolítico aclaraba a la juez Servini: “La intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y la mía comenzó la tarde del 3 de marzo, tras conocerse la noticia de las primeras muertes, y consistió en proponer y adoptar medidas que evitasen más violencia y que sirvieran para restablecer la normalidad en Vitoria sin recurrir al estado de excepción”. En esa fecha, Suárez era ministro secretario general del Movimiento y ocupaba interinamente las funciones de Gobernación –actualmente Interior- ya que su titular, Manuel Fraga, se encontraba de viaje oficial en la República Federal de Alemania.

"Deseo de comparecer"

La tercera vez que Martín Villa expresó su “deseo de comparecer” personalmente en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires fue el pasado 23 de noviembre. El exministro envió una carta personal a la magistrada en la que reiteraba su “voluntad de declarar”. Esta misiva, enviada por un cauce paralelo al del procedimiento judicial, no obtuvo respuesta.

La matanza de los obreros por la Policía Armada propició, entre otros factores, que el entonces Rey relevara en julio de 1976 a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y nombrara a Adolfo Suárez. Este designó a su vez a Martín Villa como ministro de Gobernación, actualmente de Interior, cargo que mantuvo hasta abril de 1979, ya con el primer Gobierno plenamente democrático. Además de los sucesos de Vitoria, la juez Servini le mantiene imputado por la muerte de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad bajo su competencia y de grupos parapoliciales en el País Vasco entre julio de 1976 y mayo de 1977.

En el auto del 7 de junio pasado, la juez argentina enmarcaba los hechos atribuidos a Martín Villa dentro de un plan “sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno” a través de la “eliminación física de sus más representativos exponentes” llevado a cabo “por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

Martín Villa, que en su etapa en Interior se encargó de legalizar el PCE y preparar las primeras elecciones democráticas, no reniega de sus inicios políticos vinculado al régimen franquista –entre otros cargos era gobernador civil de Barcelona al morir el dictador en noviembre de 1975- pero rechaza esa acusación de Servini: “En ese párrafo describe el 18 de julio de 1936, cuando yo tenía un año y medio; estoy seguro de que la juez no ha hecho ninguna averiguación más allá de lo que han relatado los querellantes”, se quejaba.

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