El Gobierno deja al Supremo la iniciativa para evitar la investidura de Sànchez

El Gobierno está convencido de que Jordi Sànchez, número dos de la lista de Junts per Catalunya, no será presidente de la Generalitat, porque confía en que el Tribunal Supremo no permitirá que alguien que está en prisión preventiva sea investido. El Ejecutivo cree que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no propondrá finalmente a Sànchez si el Supremo invalida esa propuesta al no darle permiso para acudir al pleno. El ministro de Justicia pide a los independentistas que invistan a un candidato que pueda realizar su trabajo plenamente.

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La candidatura de Jordi Sànchez es un paso intermedio, interpreta el Gobierno, hasta que el independentismo cuente con un candidato que pueda ejercer sus funciones libre de causas judiciales. El Gobierno asegura que sigue con la máxima atención las negociaciones y pronunciamientos de los partidos independentistas. Desde el Ejecutivo central no se van a dar pasos —al menos, en principio— ya que está a la espera de que la candidatura de Sánchez llegue realmente a la Mesa del Parlament. Si es así, da por supuesto que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no dará autorización a Sánchez para que salga de la cárcel de Soto del Real (Madrid) camino de Barcelona.

Esta previsión gubernamental se basa en las anteriores actuaciones del juez, que no autorizó al propio Sànchez, a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn a acudir al pleno de investidura.

Si las cosas transcurren de esta manera no es previsible que el presidente del Parlament, Roger Torrent, fuerce la legalidad y convoque un pleno de investidura con el nombre de Sànchez. De momento, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se limita a deslizar apreciaciones sobre la rareza que supondría llevar adelante esta candidatura. “Es casi de sentido común que se debe promover una investidura de alguien que tenga capacidad para eso, con lo cual parece una pizca raro proponer a una persona que está en prisión y, por tanto, pendiente de que el juez le autorice acceder a la investidura”, señaló ayer el titular de justicia en Cuenca. No solo tendría que superar el primer escollo —salir de prisión y acceder a la investidura—, sino que este candidato tendrá pendiente un proceso judicial, que podría acabar en “una condena y su inhabilitación”, continuó Catalá.

“Es inimaginable pensar en un presidente de un Gobierno autonómico que está huido de la justicia y fuera de España y también es difícil pensar en un presidente de una comunidad que esté en prisión y no puede ejercer sus funciones. Sin embargo, dicho esto, es a los diputados del Parlament a quien corresponde tomar esta decisión y ellos sabrán si es la más adecuada para atender los intereses de los catalanes”, señaló el ministro.

El Gobierno quiere creer que los independentistas tienen aún un camino que recorrer hasta llegar a un candidato que sea votado en la Cámara catalana.

“Candidato no viable”

El tributo a los presos quedaba por materializarse una vez descartada la candidatura efectiva de Carles Puigdemont. Todavía queda la propuesta como candidato de Jordi Turull, en libertad pero imputado.

Los socialistas aseguraron ayer que nunca votarán a un candidato independentista. Pero instaron a quienes los promueven a que presenten a uno de sus electos que esté en condiciones legales de ser elegido. Esta fue la petición que hizo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para quien Jordi Sànchez no reúne tales condiciones. “Seguimos instalados en un candidato no viable”, opinó Ábalos. Esas candidaturas imposibles solo producen “frustración”, añadió.