El juez del ‘caso Púnica’ rastrea nueve años de ‘emails’ de Granados en busca de nuevos amaños

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está explotando la nueva veta en la investigación del caso Púnica de corrupción abierta por las últimas declaraciones del arrepentido David Marjaliza. El magistrado ha reclamado a la Comunidad de Madrid que le entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por el exconsejero de Presidencia y supuesto cabecilla de la trama corrupta y por su mano derecha y exjefe de gabinete, Ignacio Palacios, entre los años 2003 y 2011. También ha solicitado las comunicaciones electrónicas, y todos los archivos adjuntos a ellas, de Jesús Trabada, consejero delegado de Mintra, la empresa regional de infraestructuras de transporte, y otros tres directivos de este ente público ya disuelto y desde el que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid.

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Según fuentes cercanas a la investigación, el magistrado quiere localizar nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación de tres obras del Metro de Madrid: las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre. Marjaliza confesó que él, Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron a partes iguales una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por aquellos concursos.

La petición de rastrear estas comunicaciones, no inspeccionadas hasta ahora, la realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de analizar una serie de correos del empresario David Marjaliza, que actualmente colabora con la investigación y que en su última comparecencia aportó diversos documentos sobre amaños. En esos 'emails', los agentes han detectado una serie de contactos entre Marjaliza y Palacios que, según el magistrado, “evidencian la intermediación” del jefe de gabinete de Granados en “la adjudicación de contratos públicos a favor de empresas licitadoras vinculadas con David Marjaliza”.

El magistrado cita expresamente supuestos amaños desde la Consejería de Transporte, a través de Mintra, y desde la Consejería de Presidencia, a través de la entidad pública Arpegio. Esta última empresa pública también estuvo controlada por Granados, desde la que gestionó durante años el suelo público de la Comunidad de Madrid y el multimillonario plan de inversiones públicas Prisma.

El magistrado ordenó en el mismo auto el volcado del contenido de los correos de todas estas personas investigadas. Para que ese mandato se cumpla de forma efectiva, García-Castellón dispuso que los agentes de la UCO fueran auxiliados en el volcado por los informáticos de la Administración regional. El juez ordenó que los archivos fueran entregados “en el momento en el que se practiquen las actuaciones”.

Esta orden tan explícita llega después de que el mismo magistrado haya tenido problemas con la Comunidad de Madrid en el envío de documentos de otra causa que investiga, el caso Lezo. El pasado diciembre, García-Castellón tuvo que apremiar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para que, en el plazo de 10 días, le remitiera el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II.