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La caja b del PP de Aguirre se investigará en una sola causa

La financiación ilegal del partido se veía en los casos Púnica y Lezo

Francisco Granados con su abogado, Javier Vasallo en noviembre de 2017. Ampliar foto
Francisco Granados con su abogado, Javier Vasallo en noviembre de 2017.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió ayer unificar en el sumario del caso Púnica de corrupción los datos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño que han surgido en el caso Lezo, que también se investiga desde 2016 en el Juzgado Central de Instrucción número 6. De este modo, todas las pesquisas sobre la caja b para las campañas electorales de 2007 y 2011, época en que la formación conservadora en Madrid estuvo presidida por Esperanza Aguirre, se agruparán en una misma causa.

De Egea, en funciones de apoyo en el Juzgado Central 6, da validez a un informe de la Guardia Civil en el que se le advierte del solapamiento de los hallazgos de ambos sumarios. Y, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido acumular todas las pesquisas sobre la caja b en el caso Púnica, que se abrió con anterioridad, a principios de 2014.

El caso Lezo tiene como principal imputado al expresidente madrileño Ignacio González, en libertad bajo fianza desde el 8 de noviembre tras medio año en prisión provisional. En la pieza número 4 de las seis de que consta este sumario se analizan los mecanismos opacos del PP madrileño para sobrefinanciar las campañas electorales y engañar a la Cámara de Cuentas regional. Según la investigación, el partido se sirvió del ente público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para pagar las deudas que había contraído con sus proveedores electorales. Los pagos se realizaron supuestamente a través de la empresa Indra y de una serie de sociedades instrumentales que supuestamente proporcionaban facturas falsas por servicios inexistentes.

La empresa pública ICM también forma parte central de la investigación del caso Púnica, que tiene como principal investigado a Francisco Granados, exconsejero madrileño y antiguo número 2 del PP regional. En la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 tuvieron un papel fundamental el gerente del partido en aquellos años, Beltrán Gutiérrez Moliner, el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola.

Otra fuente de financiación supuestamente irregular fue la adjudicación a la constructora OHL del tren ligero de Navalcarnero, una obra que no llegó a realizarse. La acumulación de ambas causas evitará que en el caso Lezo se tenga que realizar un nuevo registro al domicilio y al despacho profesional del directivo de la constructora Javier López Madrid. Una agenda de Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes de López Madrid.

La caja b del PP tiene otras patas, como la fundación Fundescam, el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas o el pago de encuestas políticas por parte de de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez.

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