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Los investigados se arriesgan a ir a la cárcel si ignoran al Constitucional

El juez Pablo Llarena ha advertido en sus autos de que podrá revertir la libertad de los imputados si participan en cualquier acto ilegal

Un furgón de Policía sale del Tribunal Supremo.
Un furgón de Policía sale del Tribunal Supremo.

Los diputados electos catalanes a los que el juez del Tribunal Supremo ha dejado en libertad condicional se arriesgan a ir a la cárcel si votan a favor de alguna decisión contraria al auto acordado el pasado sábado por el Constitucional. También, según los autos dictados por el juez Pablo Llarena a lo largo de la instrucción, podrá revertirse su libertad si adoptan cualquier medida contraria a la Constitución o que vuelva a abrir el camino hacia la independencia unilateral.

Al pleno del Parlament de este martes están convocados seis diputados (tres de Junts per Catalunya y tres de ERC) a los que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó en libertad condicional bajo fianza, pero con una advertencia: si vuelven a participar en alguna decisión ilegal, el magistrado se replanteará su decisión. Así se lo hizo saber Llarena en los autos en los que acordó imponerles una fianza para salir de la cárcel.

Carme Forcadell, Lluís Guinó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa acataron en sus comparecencias ante el juez la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a no volver a adoptar ninguna decisión contraria a la ley. En sus autos, Llarena admitió que estos compromisos podían ser "mendaces" y que existía el riesgo de que volvieran a delinquir, pero optó por primar su derecho a la libertad. Con una certeza: "Si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificarlas medidas cautelares que apostaron por su libertad", escribió el juez en el auto con el que excarceló a todos los exconsejeros que estaban en prisión menos a Junqueras y Forn.

Las condiciones impuestas por el Constitucional a la celebración del pleno de investidura son la primera prueba que tienen que pasar los diputados investigados que están en libertad provisional. Una de las pruebas del delito que Llarena ha repetido en sus escritos es la "desatención" por parte de los miembros de la Mesa y de todo el Govern cesado de las resoluciones que ha ido dictando el Constitucional para suspender o anular decisiones de la Generalitat, por lo que saltarse las reglas impuestas por el tribunal para la investidura supondría asumir un alto riesgo de que Llarena considere que han incumplido el trato.

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No a la vía unilateral

El juez ha sostenido en sus autos que hay posibilidad de que los líderes independentistas quieran convertir la nueva legislatura en "un ilegal proceso constituyente". Cualquier indicio en ese sentido sería visto con toda probabilidad por las acusaciones (la Fiscalía y Vox) como una prueba de que los investigados no han renunciado a la vía unilateral. Esta interpretación podría afectar también a la número dos de ERC, Marta Rovira, que está investigada por el Supremo aunque aún no ha declarado ante Llarena.

Las decisiones que adopte este martes el Parlament repercutirán también en los dos diputados electos que siguen en prisión: Oriol Junqueras y Jordi Sànchez. Ambos habían pedido al juez permiso para salir de la cárcel temporalmente para acudir al pleno de investidura, pero Llarena rechazó este lunes esta posibilidad aunque les recordó que pueden delegar el voto, como ya hicieron para la sesión de constitución del Parlament.

Junqueras y Sànchez aseguraron en sus comparecencias ante el juez que no eran partidarios de la ruptura unilateral y se comprometieron a buscar una salida dialogada. Pero a Llarena no le han bastado estas promesas y ha renunciado a excarcelarles por el riesgo de que vuelvan a delinquir. El instructor sostiene que no les dejará en libertad "hasta constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que, paulatinamente, se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real". Un desafío a las reglas marcadas por el Constitucional alargaría previsiblemente su estancia en prisión.

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