El Gobierno excluye a Andalucía del decreto de sequía
La Confederación del Guadalquivir pide su inclusión tras dos meses en situación de emergencia
El Gobierno ha excluido Andalucía del decreto y del proyecto de ley sobre medidas para paliar la sequía pese a que las cuencas andaluzas acumulan ya dos meses en situación de emergencia. La Confederación del Guadalquivir ha solicitado después de aprobada la orden, que permite exenciones y beneficios en las tarifas a los usuarios, así como la activación de recursos extraordinarios, su incorporación a la norma por una situación que califica de “de fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural”. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reaccionado de inmediato y ha anunciado que presentarán una enmienda en el Senado.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado el pasado jueves el proyecto de ley con un conjunto de medidas para paliar los efectos de la sequía. El texto, basado en el decreto de medidas contra este desastre, incluye exenciones en las tasas de riego y moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social que abonan los agricultores. La orden plantea que se beneficiarán las explotaciones de las cuencas del Duero, Júcar y Segura, declaradas oficialmente en situación de sequía hidrológica. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente delimitará otros territorios beneficiarios “oídas las comunidades autónomas y las organizaciones del sector”.
La Comisión Permanente de Seguimiento de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha propuesto este mismo viernes al organismo de Cuenca que solicite al Gobierno la inclusión de la demarcación en el Real Decreto de Sequía. La Comisión ha adoptado esta decisión debido al nivel de reservas de agua que almacenan los embalses de la cuenca (31,2% en total y 25,4% en el sistema de regulación general) y a que, según el informe de sequía de diciembre, se han cumplido dos meses consecutivos en situación de emergencia.
La Confederación solicita también que se adopten medidas excepcionales que garanticen una mejor gestión de los recursos disponibles mientras persista la situación de déficit hídrico, modificar temporalmente las condiciones de uso del dominio público hidráulico, activar fuentes alternativas de recursos, como aguas subterráneas, para atender las demandas más urgentes, la reducción a la mitad de los plazos previstos en la tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales, la reasignación de recursos para atender usos prioritarios, el cambio de condiciones para controlar la calidad del agua y facilitar el intercambio en las cesiones de derecho.
El organismo que regula la principal cuenca andaluza reclama también que se mantenga el régimen de caudales ecológicos para las zonas incluidas en la Red Natura 2000 y en los humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar y recuerda a los ayuntamientos y mancomunidades con una población mayor de 20.000 habitantes que tienen que disponer de un plan de emergencia que prevea medidas de ahorro que aseguren una disminución del consumo de agua de abastecimiento durante la sequía.
Fuentes de la Confederación han afirmado que no se solicitó antes su inclusión en el decreto de sequía porque no se habían cumplido los plazos formales de dos meses en situación de emergencia, circunstancia que se ha producido justo en el momento en que se elaboraba la norma. El mapa de la Comisión Permanente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que constata la situación de emergencia está fechado el día 28 de noviembre, un día antes de que se debatiera en el Congreso del proyecto de ley de sequía.
El gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua, Luis Babiano, ha insistido en la importancia de insistir en las medidas de ahorro y racionalización de los recursos ante una situación tan grave como la que atraviesa España.
Sobre la firma
