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La caja b del PP ‘somos todos’

El juez del caso Púnica investiga si se desviaron fondos de una campaña publicitaria para recaudar impuestos a las finanzas populares

Caso Punica
Esperanza Aguirre, tras la comparecencia de abril en la que anunció su dimisión como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid

Un plan de la Comunidad de Madrid de concienciación ciudadana para el pago de impuestos supuestamente acabó financiando, a través de empresas intermediarias, la campaña electoral de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2011. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que la publicidad contra la elusión de tributos autonómicos, adjudicada en 2011 por valor de 212.990 euros, acabó siendo ejecutada "por empresas que estaban ocupadas en esas mismas fechas en realizar la campaña electoral" para las autonómicas de aquel año.

Tras recibir este informe, el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón ha abierto una nueva línea de investigación sobre la supuesta financiación irregular de la formación conservadora. A petición de los investigadores, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a tres empresas y a la Agencia Tributaria diversos datos sobre la adjudicación de aquel contrato, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las nuevas pesquisas se centran en la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro 36 SL, investigada por supuestamente facilitar facturas que sirvieron al PP para camuflar su caja b. Un documento intervenido por la Guardia Civil en una serie de registros realizados el 7 de marzo en diferentes empresas y domicilios particulares revela, según los investigadores, la supuesta "participación encubierta" de El Laboratorio en el concurso público que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid adjudicó el 2 de marzo de 2011, "poco antes de las elecciones autonómicas y municipales" de aquel año.

La Guardia Civil destaca que pese a que el contrato fue adjudicado formalmente a Thinking Forward Spain SL, el 60 % de los beneficios (122.787,72 euros) se los embolsó El Laboratorio de Almagro, que a su vez los canalizó a otras dos mercantiles.

Una de ellas era Central de Producers SL, supuestamente encargada de realizar el anuncio de televisión para la campaña de tributos y que en aquellas fechas "estaba realizando la campaña electoral para el Partido Popular de Madrid", según el documento policial. La otra es La Joya Producciones, responsable final de realizar "los principales trabajos" del contrato público. En concreto, el rodaje de los dos anuncios de televisión que se emitieron de la campaña. El informe de la UCO pone de relieve el papel de El Laboratorio de Almagro, "que parece dirigir todas las actuaciones del contrato y ordenar los pagos a los proveedores del mismo pese a no ser la adjudicataria real del contrato público investigado".

Mari Paz Lara, presidenta de La Joya Producciones, ha asegurado a EL PAÍS que su compañía fue contratada, efectivamente, por El Laboratorio de Almagro para dicha campaña, pero ha negado rotundamente haber participado en la campaña electoral del PP, como apunta la Guardia Civil en su informe tras encontrar un correo electrónico de dos directivos de El Laboratorio que apuntaba en ese sentido. Lara ha detallado que el martes declaró como testigo ante agentes de la UCO y que entregó toda la documentación referida a dicho trabajo.

Como una prueba más de los vínculos entre El Laboratorio y el PP, la Guardia Civil destaca el hallazgo de unos documentos de esta empresa en la que se incluyen los teléfonos móviles y las direcciones de correo electrónico de dirigentes populares como Beltrán Gutiérrez -gerente de la formación e imputado en la causa-, Francisco Granados -entonces secretario general del PP regional y presunto cabecilla de la trama Púnica-, y personas del equipo de Antonio Beteta, entonces consejero de Hacienda, el departamento que adjudicó el contrato bajo sospecha.

La UCO pone de relieve la existencia de mensajes de correo electrónico entre directivos de El Laboratorio en la que aseguraban contar con "amigos" y "contactos" en el seno de la Comunidad de Madrid junto a alusiones directas a diversas licitaciones de contratos públicos.

Uno de ellos es, precisamente, el de la campaña para incentivar el pago de impuestos, del que las pesquisas han sacado a la luz una serie de correos electrónicos "que ponen de manifiesto contactos previos por parte de los responsables de El Laboratorio de Almagro con la Consejería de Economía y Hacienda". Uno de estos encuentros se celebró antes de la publicación del concurso. Un segundo, durante el proceso para la adjudicación. Una vez producida esta, otro mensaje revela una tercera reunión, en este caso con una de las personas que figuraba en el listado denominado "contactos PP" dentro del departamento encabezado por Beteta.

Por todo ello, la Guardia Civil concluye su informe solicitando al juez García Castellón la práctica de diversas diligencias, entre ellas reclamar a la Consejería de Economía el expediente de aquel contrato y a tres de las empresas que participaron en la campaña tributaria -Central de Producers, Thinking Forward Spain y La Joya Producciones- toda la documentación sobre su relación con el mismo o con el PP en aquellas fechas. Para ello, los agentes recuerdan que a lo largo de la investigación ya se han recabado "elementos probatorios" de las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos "a personas allegadas" al PP así como "episodios de desvíos de fondos públicos provenientes de subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid" que finalmente sirvieron para sufragar gastos electorales o de funcionamiento del partido. El juez García Castellón ha autorizado la práctica de todas las diligencias solicitadas.  

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