Un guardia civil del chivatazo admite que le dijo a Granados que la UCO investigaba en Valdemoro

Los dos guardias civiles acusados de filtrar a Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y supuesto cerebro del caso Púnica, que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado han negado este martes haber participado en ningún chivatazo. Sin embargo, José Manuel Rodríguez Talamino, el agente que en septiembre de 2014 supuestamente puso a Granados sobre la pista de que era objeto de seguimientos policiales, ha reconocido que le comentó que la UCO podía estar trabajando en Valdemoro, municipio madrileño en el que aquel fue alcalde, sin entrar en más detalles.

“Hay tanto trabajo en la UCO que llega hasta Valdemoro”, ha admitido Talamino que le dijo a Granados. Sin embargo, el agente, que formaba parte de una unidad de apoyo dedicada a medios de seguimiento, como balizas, pinchazos telefónicos y vigilancias, ha asegurado que no hizo “ninguna mención a nadie” sobre ningún medio de seguimiento. “No le comunico nada de instalación de medios de la UCO a nadie”, se ha defendido.

El segundo acusado, el ex guardia civil José Luis Caro Vinagre, fichado en 2007 por Granados como asesor de seguridad en la Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, y que supuestamente canalizó la información reservada de Talamino para el expolítico, ha negado también cualquier chivatazo. “La única información que tengo sobre esta investigación es la que me da el señor Granados”, ha asegurado.

Las defensas de los tres acusados han solicitado al tribunal que enjuicia la causa –la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional– que anule las escuchas telefónicas sobre las que se sustentó la investigación.

Javier Vasallo, abogado del expolítico y supuesto cerebro del caso Púnica, ha argumentado que la supuesta fuga de información se conoció a través de unos pinchazos que habían sido autorizados para otra investigación y que el juez instructor debió haber redactado un auto específico para permitir escuchas sobre una supuesta violación de secretos.

A esta petición también se han sumado los letrados de los otros dos acusados, los guardias civiles José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre. La sesión se ha interrumpido durante unos minutos para que las partes puedan examinar nueva documentación aportada por la fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para Francisco Granados y para los dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la Operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

A principios de septiembre de 2014, el guardia José Manuel Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza, situadas en el edificio Éboli, de Pinto.

El agente averiguó que la operación para la que estaba colaborando investigaba al constructor amigo de Granados. Según el juez Velasco, Talamino alertó a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del expolítico. El 5 de septiembre por la noche, Talamino, durante las fiestas patronales de Valdemoro, avisó a Caro Vinagre de los seguimientos. Al día siguiente, el miembro de la UCO buscó en las fiestas a Granados y le advirtió de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a su amigo Marjaliza.

El 7 de septiembre, Talamino aportó nueva información al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de delitos contra la Administración, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación.

La divulgación de la información reservada por parte de Rodríguez Talamino “obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación” de la UCO en el caso Púnica. Este chivatazo, según el juez, “menoscabó la prestación del servicio público” de la Guardia Civil y causó “un importante daño a la causa pública”.