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Hace una semana, los casi 200.000 funcionarios de la Generalitat comenzaban su jornada laboral con nuevos jefes: los ministros de España y, por encima de ellos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los 13 consejeros, más el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, habían sido cesados el sábado anterior y así pudieron leerlo en el BOE.

Cada consejería, cada departamento, había sido adscrito a un ministerio. Una semana después no hay incidentes reseñables; no se ha detectado ni un solo caso de resistencia a aceptar las nuevas y temporales reglas de juego. Los que se podían haber opuesto fueron cesados. Unos 200 cargos de confianza de los consejeros, ajenos al funcionariado de la Administración catalana, fueron dados de baja en las primeras horas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los representantes de Rajoy están trabajando con la máxima discreción

La excepcionalidad de la situación se ha mitigado por la instrucción de Rajoy de observar la máxima discreción en el desempeño de las funciones que ahora tienen sus ministros.No ha habido desembarco de funcionarios de Madrid en Cataluña, sino una discreta delegación encabezada por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

Este estrecho colaborador de la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales ha pasado toda la semana en Barcelona junto a cinco cargos de su departamento. A su vez, la coordinación la han establecido con cada ministerio.Con esta semana de rodaje toda la tarea debería marchar adecuadamente por comunicaciones online, sin que se requiera la presencia física.

La estancia de Roberto Bermúdez de Castro ha pasado desapercibida para la inmensa mayoría. El secretario de Estado y su pequeño equipo han trabajado en la Delegación del Gobierno, que dirige Enric Millo, que es el responsable de dar cuenta en Barcelona de las decisiones que toma Madrid desde el Consejo de Ministros. Un gesto más para “no presionar y que no se interprete que hay una ocupación”, señalan fuentes del Gobierno. A cada comentario se añade que se trata de restablecer la “legalidad del Estatuto y de la Constitución”.

El cuidado de las formas se ha extremado al máximo, señalan fuentes ministeriales, a sabiendas de que la situación es ya de por sí suficientemente traumática. Había otras opciones que estuvieron sobre la mesa de Rajoy, pero todas pasaban por una mayor presencia de la Administración central, incluido el nombramiento de un “ministro para Cataluña”. El presidente del Gobierno, después de descartar una convocatoria electoral para el final de la primavera, desechó la creación de una estructura especial para Cataluña con una persona al frente.

El Ejecutivo teme la respuesta social y la imagen exterior por los encarcelamientos

La vicepresidenta ejerce la máxima responsabilidad en la aplicación diaria del 155, por delegación del presidente, pero no hay nombramientos. Bermúdez de Castro ejerce su tarea como secretario de Estado de Administraciones Públicas de forma discreta. Los ministros se informan de los temas de cada departamento y de las previsiones de este y el próximo mes, pero es la Administración catalana la que lleva la batuta, señalan distintos ministros. No se equivocó el responsable del CSIF en Cataluña, Joan Escanilla, cuando previó que no esperaba “casos de desobediencia” tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“No nos debemos a los partidos, sino a los ciudadanos, y sabemos las consecuencias a las que nos enfrentamos por no cumplir nuestra obligación”, señaló el representante de este sindicato de funcionarios.Esta aceptación no excluye cierta tensión que el Gobierno trata de paliar con “extremada sobriedad”, sin estridencia. “No hay cambios en las políticas del día a día”.

Este recordatorio de fuentes gubernamentales es esencial, ya que Rajoy no quiere dar más argumentos para la protesta.Medidas de caladoAunque no se cambien las políticas, las medidas tomadas son de gran profundidad. Las finanzas de la Generalitat están intervenidas, así como todos los aspectos de seguridad, orden público y administración electoral. Para esta tarea fue nombrado este viernes el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigservet, que llevará la secretaría general de Interior de la Generalitat y el área de procesos electorales de la Vicepresidencia.

No acertó el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, en la cárcel de Estremera desde el pasado jueves, cuando declaró a la BBC que los funcionarios en Cataluña “no seguirán órdenes de Madrid, sino de las autoridades elegidas en Cataluña”. Estas autoridades están en la cárcel, como él mismo, o pendientes de decisión de la justicia belga. Ese error de Romeva no disipa los nuevos y profundos temores del Gobierno como producto de los encarcelamientos: por un lado, la respuesta social; por otro, la imagen internacional de España. La segunda semana de gobierno en Cataluña empieza con la misma inquietud que la anterior.