El gran fiasco contra la pesca pirata

La marca España tiene un problema si, incluso en los confines del mundo, se menciona a España cuando se habla de pesca ilegal. En la remota isla de Pascua los rapanuis llevan años embarcados en una lucha contra la pesca furtiva. Y entre los países que citan al hablar de los buques que esquilman sus caladeros está España. "Hasta hace cuatro o cinco años teníamos muy mala imagen, de permisividad", admite Alberto López-Asenjo, secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura. "Pero ha mejorado gracias a la labor de la inspección y a algunas operaciones. La UE reconoce el esfuerzo de España", concluye.

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Una parte importante de esos esfuerzos, sin embargo, se ha dado de bruces con el Tribunal Supremo. Este anuló en diciembre la investigación del Seprona de la Guardia Civil —liderada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela— contra Vidal Armadores, el grupo gallego al que varios países y organizaciones ecologistas acusan de pesca ilegal desde hace años. El tribunal no analizó los delitos que se les imputaban —medioambiental, blanqueo de capitales, falsedad documental y crimen organizado—; entre otras cosas, porque el caso todavía estaba en fase de instrucción. Simplemente, el Supremo negó la competencia para poder perseguir delitos en aguas internacionales (la actividad supuestamente ilícita se desarrolló en los caladeros de merluza negra de la Antártida). "Esto supondría que actos como acribillar a disparos [...] en alta mar a náufragos [...] desde un barco sin pabellón sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores fueran españoles", lamentó en un voto particular el juez Antonio del Moral García, que rechazó la decisión de sus compañeros del Supremo.

Tras el fallo —que la organización ecologista Oceana recurrirá ante el Constitucional— la Audiencia Nacional no tuvo más remedio que paralizar la investigación. Y revertir los pasos dados. El último, hace unos días, fue devolver los más de 17.540 millones de dongs vietnamitas (más de 700.000 euros) que el Estado tenía retenidos. Esa cantidad se logró en la subasta de la carga de 164,4 toneladas de merluza negra que se inmovilizó en Vietnam durante la operación del Seprona del pasado año. El dinero se ha entregado a un grupo chino que había adquirido el cargamento a una de las sociedades de los Vidal.

Lo mismo ha ocurrido con los tres buques que se inmovilizaron —dos en Cabo Verde y uno en Senegal— y que históricamente han estado vinculados a los Vidal (los continuos cambios de nombre y pabellón complican seguir el rastro de la propiedad). Oceana y Sea Shepherd alertan de que dos de ellos se preparan "para zarpar después de estar detenidos desde hace más de dos años en el puerto de Mindelo". "Cabo Verde no debe dejar que salgan", pide María José Cornax, de Oceana.

50 millones de beneficios

"Calculamos que tenían unos beneficios limpios cada año de entre ocho y 15 millones de euros", indican fuentes de la investigación que lideró el Seprona contra el grupo Vidal, denominada Yuyus. "En los cinco años que investigamos fueron 50 millones de beneficio", añaden estas fuentes, que no ocultan su frustración por la decisión del Supremo de paralizar la instrucción.

"No ayuda", dice López-Asenjo sobre la sentencia del Supremo. No obstante, defiende que la Administración también ha actuado contra el grupo a través de varios expedientes sancionadores, que alcanzan los 17 millones de euros. La paradoja es que, según ha denunciado Greenpeace, el grupo Vidal recibió "cerca de 16 millones en subvenciones pesqueras de 2002 a 2009 por parte de las Administraciones españolas".

¿Corren peligro los expedientes administrativos contra los Vidal tras el fallo del Supremo? El ministerio y el Seprona creen que no. "El archivo de la causa penal no afecta al procedimiento sancionador", señala un informe del departamento que dirige Isabel García Tejerina. "El objeto de este no es la actividad pesquera desarrollada por buques ilegales sino la participación de personas físicas y jurídicas españolas en la explotación, gestión y propiedad de buques identificados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera u otras organizaciones internacionales por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", añade el informe. El grupo Vidal va a recurrir ante la Audiencia Nacional los expedientes. Y no prevén utilizar la sentencia del Supremo, admiten fuentes de su defensa.

Mientras, desde el Seprona se advierte: "Si llega otra denuncia sobre pesca ilegal, se investigará". Aduce la Guardia Civil que hasta que no haya una segunda sentencia no se puede considerar que exista una jurisprudencia que les impida perseguir la pesca ilegal aunque sea en los confines del mundo.