Hacienda pide a las patronales que denuncien ante la fiscalía los gastos para el referéndum

El ministro Cristóbal Montoro ha remitido cartas a la confederación española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la asociación de trabajadores autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Unión de Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), el Foment de Treball Nacional, la Confederación Española de Cooperativas del Trabajo (COCETA) y la patronal catalana CECOT.

El ministro recuerda en la misiva que el 15 de septiembre aprobó una orden ministerial con la que puso en marcha la intervención de las finanzas catalanas para evitar que el Govern destinase dinero público a la organización del referéndum ilegal. En esa norma se recomienda a los proveedores de la Generalitat que para cobrar sus facturas las acompañen de una declaración responsable "en la que quede constancia de que los bienes y servicios que presta no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales".

Hacienda les indica que pueden encontrar el modelo de declaración responsable en su página web. Los proveedores tendrán que identificar la factura o contrato, el objeto y la cuantía del mismo para garantizar que no está relacionado con actos para la organización de la consulta ilegal.

Desde Hacienda, explican que las organizaciones empresariales a las que les ha enviado las cartas les han asegurado que emitirán las certificaciones.

El ministro recuerda además a esta decena de organizaciones empresariales que "si tienen dudas sobre si los servicios o bienes que presta puede tener relación con la financiación de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podrá comunicarlo al Ministerio de Hacienda o al ministerio fiscal".

La semana pasada Hacienda se hizo con el control de las finanzas catalanas. Montoro asumió los pagos de los servicios fundamentales (sanidad, educación y prestaciones sociales). Los abonará a cuenta de las entregas mensuales del sistema de financiación, que supone cerca del 80% de los recursos de la Generalitat.

Además, obliga a las entidades financieras a controlar todos los pagos de unas 300 instituciones públicas catalanas para garantizar que ni un solo euro se destina al referéndum. A los responsables de las entidades de crédito les recuerda que si no remiten el certificado podrán incurrir en responsabilidades penales.

Ante la dificultad de controlar las miles de facturas de la Generalitat, Hacienda ha instado a los proveedores a que sean ellos mismos los que certifiquen que no están colaborando para organizar la consulta y así podrán cobrar antes. Además, ha puesto a disposición de los proveedores el mecanismo de control de factura electrónica que viene usando desde hace un par de años para agilizar el pago de sus gastos.