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Los proveedores de la Generalitat tendrán que certificar que no ayudan al referéndum

La tutela económica en Cataluña durará "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general", según el BOE

El ministro Cristóbal Montoro durante un pleno del Congreso.

Los proveedores de la Generalitat de Cataluña también estarán bajo la lupa del Gobierno para evitar que se celebre el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy sábado más detalles del sistema de control diseñado por el Ministerio de Hacienda y que, entre otras cosas, sugiere a las personas jurídicas o físicas que entreguen bienes o presten servicios al Gobierno catalán que, junto con la factura de cobro, certifiquen que su actividad "no tiene relación con la financiación de actividades ilegales ni contrarias a las decisiones de los tribunales".

El ministro Cristóbal Montoro explicó ayer viernes, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo central asumirá todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat a partir de ahora. Es decir, en lugar de enviar a Cataluña los 1.400 millones de euros que mensualmente le corresponden dentro de la financiación para hacer frente a sus obligaciones, Hacienda pagará directamente desde su caja el gasto de servicios fundamentales: educación, sanidad, servicios sociales y nóminas de trabajadores públicos. Esta intervención de facto en la Generalitat entra en vigor desde la publicación en el BOE. 

La petición de la certificación a los proveedores de la Generalitat forma parte de la idea global de Hacienda de vincular también a los actores privados en el control para evitar el referéndum. La disposición también recoge que, en caso de que existan dudas sobre si un bien o servicio tiene "relación con actividades contrarias a las decisiones de los tribunales", se comunique al ministerio y se adjunte la documentación que lo acredite.

Asimismo, las entidades financieras están obligadas a notificar al Ministerio Fiscal o al Sepblac (la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier orden de pago o transferencia de los servicios contratados por la Generalitat que "tuviera relación con actividades ilegales".

El Consejo de Ministros aprobará el endeudamiento

La disposición del Boletín tiene ocho páginas, de las cuales casi seis corresponden a la exposición de los motivos. El resto expone la batería de siete medidas con las que el Estado toma las riendas de las finanzas catalanas para evitar que se destinen recursos públicos a sufragar los preparativos o la celebración del referéndum independentista convocado para el 1 de octubre.

En primer lugar, se pide al presidente de la Generalitat que adopte en 48 horas un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, la lista de gastos que no sean de servicios básicos que necesite afrontar este año. Hacienda decidirá cuáles paga, tras evaluar que no tengan relación alguna con el referéndum. Los gastos sociales y las nóminas (unos 1.400 millones mensuales) se pagarán directamente desde las arcas del ministerio, después de que la Generalitat le envíe una relación y donde también se indique que no se dedican fondos públicos con la votación suspendida por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, Montoro también regula las operaciones de endeudamiento a corto plazo del Gobierno catalán. Estos movimientos requerirán a partir de ahora de una autorización previa del Consejo de Ministros. La Generalitat incluso tendrá que explicar cómo gasta los 250 millones de euros que provienen de sus impuestos propios, como el de Sucesiones o Patrimonio.

El texto justifica el método de control, que Montoro ha calificado de "novedoso", porque las últimas decisiones del Govern respecto a no enviar los reportes semanales sobre el gasto "son actuaciones que suponen un agravamiento sin precedentes".  Hacienda considera que "se está perjudicando la confianza sobre la situación financiera de Cataluña y son elementos que podrían afectar negativamente la imagen de estabilidad de la situación económica del conjunto de España". 

El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, calificó ayer viernes de "ilegal" el nuevo sistema de Montoro y denunció que el Gobierno central busca "aplicar el artículo 155 por la puerta de atrás". El ministerio recuerda en su acuerdo que al solicitar el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica, en 2012, Cataluña se comprometió a "cumplir lo dispuesto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación". Es esta, pues, la percha jurídica mediante la cual el Estado articula todo el dispositivo de control.

Hacienda deja la vigencia del acuerdo completamente abierta. Según la disposición del BOE, se mantendrá la aplicación "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña".

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