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La Generalitat asegura que tiene dinero para afrontar los pagos

El secretario de Economía, Pere Aragonès, afirma que la intervención del Gobierno no tiene amparo legal

El presidente Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras.
El presidente Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras.EFE

Ante el anuncio del Gobierno de que interviene todos los pagos de servicios básicos y de nóminas de la Generalitat, el Ejecutivo catalán ha asegurado que seguirá pagando a funcionarios y proveedores "como se ha hecho hasta ahora". "Nuestra Tesorería está en las mejores condiciones para ello", ha afirmado este viernes en una atención a los medios el secretario de Economía, Pere Aragonès. Aragonès ha tachado de "ilegal" el anuncio que ha hecho esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno es "aplicar el artículo 155 por la puerta de atrás". 

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De la misma forma se ha expresado en un acto de campaña para el 1-O el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien ha advertido de que la decisión de Montoro "liquida las instituciones del país y erosiona la prosperidad económica". "Si acaban interviniendo las cuentas, ponen en riesgo la economía, las empresas, y amenazan los fundamentos de nuestra vida social, económica y cívica", añadió Junqueras. 

La decisión del Gobierno atañe de momento a las nóminas de los funcionarios y a los pagos de tres servicios básicos: a partir de que se publique el acuerdo en el BOE, el Ejecutivo central asumirá los gastos referentes a las áreas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales de la Generalitat. Aragonès ha lamentado la "irresponsabilidad" del Gobierno: "No considera la Justicia, los bomberos, el mantenimiento de las infraestructuras o la Seguridad un servicio básico, y estamos en alerta 4 antiterrorista".

Montoro también ha dado un plazo de 48 horas para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, presente un acuerdo de no disponibilidad sobre las partidas que no sean básicas. La Generalitat ha declinado anunciar actuaciones concretas hasta la publicación oficial del acuerdo y se ha limitado a denunciar que "se trata de un secuestro de los impuestos de los catalanes, que se dejarán caer en cuentagotas para aquello que les parezca bien", ha lamentado Aragonès. 

El secretario de Economía, de momento y hasta que no se publique el acuerdo de manera oficial, ha asegurado que la Generalitat seguirá pagando las nóminas a los funcionarios y a los proveedores para los servicios públicos. "Solo pido a los trabajadores y a los proveedores que se fijen en que, a pesar de todas las amenazas, la Generalitat ha pagado siempre, y hasta se ha reducido a la mitad los plazos de pago en el último año y medio. Lo continuaremos haciendo en el futuro", ha afirmado Aragonès. "La Tesorería, a partir del ahorro y de la gestión correcta de los ingresos, está en condiciones de afrontar los pagos", ha añadido. 

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La Generalitat también considera que la intervención del Gobierno a las arcas catalanas no supone ninguna amenaza para la celebración del referéndum. "Ponemos todas nuestras energías y compromiso para que el referéndum sea una realidad", ha asegurado el secretario de Economía. Sin embargo, la Generalitat contará, a partir de ahora, con solo 250 millones de euros al mes, lo que corresponde a los impuestos propios de Cataluña, y que suponen el 10% de los ingresos. Además, el ministro de Hacienda ha pedido a las entidades financieras que avisen de cualquier transferencia que pueda tener que ver con el referéndum ilegal del 1 de octubre. 

"Parece que están dispuestos a cargarse el Estado de derecho en España para parar a la democracia: la orden de no cursar transferencias solo la puede hacer un juez", ha indicado Aragonès. Según la Generalitat, el acuerdo presentado esta mañana por Montoro es "una ilegalidad", ya que "no tiene amparo en la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, ni reúne los requisitos para aplicar la ley de Seguridad Presupuestaria". "No hay ningún motivo para utilizar contra el referéndum una ley que sirve para la estabilidad presupuestaria", ha asegurado el secretario de Economía, quien ha anunciado que apelará a las instituciones y a los tribunales europeos.

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