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El Gobierno bloqueará los gastos de la Generalitat para la consulta

Hacienda examinará las partidas de todas las consejerías y entidades catalanas y pone en alerta a los funcionarios responsables

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Mendez de Vigo.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto un control preventivo de los gastos de la Generalitat para que no haya desvíos para el referéndum. La comisión delegada de asuntos económicos, presidida por el propio Rajoy, aprobó así un reforzamiento del sistema de control previsto cuando se impulsó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el objetivo de que la Generalitat no pueda desviar un solo euro para gastos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre. La vigilancia ya se efectuaba por el Ministerio de Hacienda desde noviembre de 2015, pero ahora, ante el incremento del desafío separatista y la "radicalidad" observada por el Ejecutivo en el nuevo Gobierno catalán, se aplicará una supervisión semanal. El Gobierno central lanza así un aviso también al máximo responsable ahora de la consulta, el vicepresidente Oriol Junqueras, y a los funcionarios y altos responsables de cada departamento.

El acuerdo impone un sistema de control de gastos a la Generalitat de Cataluña por el que, semanalmente, los interventores y responsables económicos de cada departamento y todas las entidades públicas con capacidad de gasto deberán certificar ante el Ministerio de Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos del referéndum anunciado para el 1 de octubre. La orden entra en vigor desde este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha efectuado un informe en la comisión delegada y luego el Consejo de Ministros se ha dado por enterado del acuerdo. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, no pudo aclarar si se había alertado o avisado antes de la comunicación pública a la Generalitat de esta medida hasta ahora inédita en España.

Los procedimientos contemplados para vigilar las cuentas de las Comunidades Autónomas que se beneficiaron del FLA ya se anunciaron en su día, cuando se aprobó ese mecanismo de ayuda en plena crisis económica, y se reforzaron en noviembre de 2015 ya pensando en que se complicase la situación política en Cataluña con el proyecto de referéndum.

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, justificó la adopción ahora de este nuevo control más exhaustivo en el "clima de radicalidad" que dice se ha apoderado de toda la Generalitat de Cataluña, de la purga y eliminación de los consejeros más moderados y que tenían dudas con el proceso, de la decisión del Tribunal de Cuentas de perseguir y reclamar particularmente al expresidente Artur Mas y dos de sus consejeros los 5,2 millones de euros gastados para la organización de la consulta montada para el 9-N y de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la partida consignada en el presupuesto catalán de 2017 que preveía dinero para el 1 de octubre.

El portavoz del Ejecutivo se ciñó durante toda su exposición a reafirmar los mensajes políticos que el Gobierno pretende destacar tras aprobar estas medidas: “Es una actuación preventiva para garantizar que el dinero de todos los catalanes va a donde todos los catalanes quieren que vaya y no solo algunos pocos”. Méndez de Vigo insistió: “Es una medida preventiva y de prudencia; hemos querido dejar bien claro a todos, a los consejeros para que no esgriman como en el 9-N que no lo sabían y para los funcionarios que firman, para que no se escondan en la obediencia debida”. Y remachó cuando se le preguntó en concreto si esta actuación podría ser la antesala de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que prevé el rescate de determinadas competencias ante una autonomía rebelde que no hace caso de sus obligaciones: "El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante".

Férreo control

El Gobierno ya vigila y controla en teoría los gastos de todas las consejerías de la Generalitat y de todo el presupuesto. Hasta ahora al gobierno catalán se le exigía un certificado mensual del interventor señalando que los gastos no contravenían el ordenamiento jurídico. Además, se les pidió conexión telemática con su sistema para tener control directo de las facturas. Ahora se acentúa la vigilancia y se baja al detalle semanal y por entidad.

La supervisión será de todas las consejerías y entes públicos catalanes y solo si no envían la documentación requerida, si la trasladan mal o si en lo que comunican se comprueban partidas con alguna relación con el montaje del referéndum ilegal el Gobierno frenará la aplicación de las ayudas del FLA para Cataluña. La orden respaldada por la comisión delegada y el Consejo de Ministros se dirige en concreto a todos los interventores de las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

Hacienda tenía previsto consignar para Cataluña en el FLA este ejercicio un total de 3.600 millones de euros. Lo que el ejecutivo no explicó, entre otras cosas, es qué hará con ese dinero paralizado y cómo se prestarán entonces los servicios públicos esenciales que se cubren con esas ayudas. Cataluña ya ha recibido del FLA desde 2012 un total de 63.000 millones de euros.

Fuentes oficiales de La Moncloa admitieron a continuación que el Gobierno pretende con esta actuación recordar a los funcionarios, interventores y máximos responsables de esos departamentos su responsabilidad individual en el caso de que firmen algún gasto relacionado con el referéndum ilegal, como han alertado ya sentencias del Tribunal Constitucional, pero también mandar un aviso muy claro al máximo responsable político ahora de montar la consulta: el vicepresidente Oriol Junqueras. “Esto es ahora un problema muy grave para Junqueras, porque él es el coordinador y comisionado que debía impulsar el referéndum y es muy posible que los altos funcionarios le digan que no asumen estos riesgos y le reclamen que les dé las ordenes por escrito”, indicaron las mismas fuentes gubernamentales. Aunque los funcionarios demanden esos mandatos por escrito no quedarán eximidos de su responsabilidad, según las tesis del Constitucional.

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