Velasco reactivó la investigación sobre la etapa de Tomás Gómez en Parla antes de abandonar el ‘caso Púnica’
El juez recaba documentos sobre la adjudicación de suelo público a un cabecilla de la trama que confesó haber pagado su campaña electoral
Dos semanas antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción 6, el magistrado Eloy Velasco dictó un auto por el que ordenaba varios registros y reactivaba varias líneas de investigación del caso Púnica. Entre éstas, el supuesto amaño en la adjudicación de suelo público en favor del constructor David Marjaliza en Parla (Madrid) en la etapa del socialista Tomás Gómez como alcalde de este municipio. En su escrito, en el que recoge una petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez destaca como principal elemento de prueba la confesión que el presunto cabecilla de la trama y hoy colaborador de la justicia hizo ante él en noviembre de 2015 y en la que aseguró haber financiado con más de 245.000 euros diversos gastos electorales del que fuera secretario general del PSOE madrileño entre 2007 y 2015. Gómez negaba ayer en una breve conversación telefónica con EL PAÍS haber cometido irregularidades y tachó de falsas las acusaciones del constructor.
En el auto fechado el pasado 16 de mayo, el juez reclamaba a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid documentación sobre varios de los 22 consorcios urbanísticos bajo sospecha de haber servido para el enriquecimiento de Francisco Granados, de directivos de la empresa pública Arpegio y de diversos cargos públicos municipales de PP, PSOE e IU. Uno de ellos era el de Parla Este, del reclamaba el “expediente de enajenación” por 8,6 millones de euros de varias parcelas a dos cooperativas, Pirámide del Sur y Arcos del Sur, controladas por Marjaliza. En su escrito, el magistrado recuerda que este constructor había admitido en su confesión “haber pagado comisiones” por hacerse con dichos terrenos. Un testimonio al que Anticorrupción también da especial valor, según se recoge en el informe que entregó al juez solicitando, precisamente, dichos registros.
Juez y fiscalía se refieren a la declaración que Marjaliza prestó en la Audiencia Nacional el 13 de noviembre de 2015. Entonces, el constructor aún se encontraba en prisión y había sido llamado por el juez Velasco para que aclarara alguno de los extremos de sus tres anteriores comparecencias. En un momento del interrogatorio, el constructor aseguró que había recopilado "algunas facturas del tema de Parla cuando nos adjudicaron [suelo] a las cooperativas nuestras". Según detalló, hizo esos pagos a través de una gestoría suya, Gesintra 2001 SL, a petición del presunto 'conseguidor' de la trama, el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, también imputado. Marjaliza recalcó que "entendía" que era de parte del entonces alcalde de la localidad, Tomás Gómez.
Marjaliza, que días después hizo llegar a la Audiencia Nacional copia de las facturas de gastos electorales que aseguró haber pagado al político socialista, recalcó que las comisiones por estos amaños urbanísticos, que también dio en otros municipios, "unas veces se pagaban en efectivo y otras en bienes. En esta caso nos pidieron esto para la campaña de 2003", aunque añadió que, además, comprar al entonces alcalde "creo que un televisor, un reloj..." Un posterior informe de la UCO incidió en el supuesto envío por parte del constructor a Tomás Gómez del primero de estos regalos valorado en 6.000 euros.
Las referencias a Parla en esta pieza separada del caso Púnica aparecen desde que Anticorrupción pidió la apertura de la misma en septiembre de 2016. Entonces, la fiscalía ya destacaba la confesión de Marjaliza y que éste había asegurado que las comisiones por aquellas adjudicaciones de suelo en el consorcio urbanístico se pagaron “en efectivo” a Antonio Borrego, entonces asesor de Tomás Gómez en la alcaldía, y que fue detenido en octubre de 2014 en la primera fase de la Operación Púnica por su presunta implicación en el amaño de otro concurso. En aquel escrito, la fiscalía señalaba que presuntamente también había financiado “diversos eventos organizados por el equipo socialista del Ayuntamiento”. Argumento que el juez Velasco repetía después en el auto por el que abría esta pieza separada.
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