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Imputar a un aforado y otros 20 deberes en Púnica para el sucesor del juez Velasco

El magistrado dictó un auto antes de abandonar el juzgado para detallar qué diligencias están pendientes en el sumario

El juez Eloy velasco abandona la Audiencia Nacional el pasado jueves, último día al frente de su juzgado.
El juez Eloy velasco abandona la Audiencia Nacional el pasado jueves, último día al frente de su juzgado.

Eloy Velasco ya ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción 6, pero los sumarios que instruía siguen adelante. En el caso Púnica, el magistrado dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que no sólo resolvía algunos de los recursos presentados por las partes y prorrogaba la instrucción de la causa otros 18 meses, sino que indicaba pieza por pieza de las 16 en las que está dividida la causa, qué diligencias quedaban pendientes de practicar. Entre ellas, “formalizar” ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de imputación de un exalcalde, en referencia al que fuera primer edil de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, hoy aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

Con las tres primeras piezas –las referidas al chivatazo, a la Diputación de León y a la Región de Murcia- ya concluidas, el juez Velasco recuerda a su sucesor que en la cuarta, sobre las supuestas irregularidades urbanísticas destapadas en el Ayuntamiento de Valdemoro, los dos arquitectos de la Dirección General del Catastro y de Hacienda que han sido designados para colaborar en las pesquisas deben emitir informes periciales. Para ello, “se hace necesario requerir” al consistorio en el que Francisco Granados fue alcalde “información sobre el Planeamiento urbanístico completo del municipio”. En la quinta pieza, dedicada a los amaños en los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco, el magistrado destaca que “está pendiente un profuso número de declaraciones que no se han podido realizar todavía por la propia complejidad y dimensión de la instrucción”. Además, considera “necesario” la elaboración de informes periciales sobre las irregularidades en los contratos para poder “concretar las ganancias ilícitamente obtenidas”. Para ello, señala la urgencia de nombrar dos interventores del Estado.

En la investigación sobre el amaño en la adjudicación de concursos de eficiencia energética a la empresa Cofely, la pieza separada número 6, el juez Velasco anuncia al futuro titular del Juzgado que van a incorporarse al sumario en breve sendos informes sobre las irregularidades en los consistorios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz). Tras ello, apunta que habrá que tomar nuevas declaraciones. Entre ellas, señala la del diputado autonómico del PP Bartolomé González. En esta pieza, el magistrado considera que para calcular los perjuicios económicos causados por estos contratos fraudulentos “es preciso adoptar los criterios que van a regular las indemnizaciones”.

En la pieza número 7, dedicada a las adjudicaciones irregulares a la empresa de festejos Waiter Music, Velasco enumera hasta cuatro diligencias pendientes. En primer lugar, tomar declaraciones a los trabajadores de esta compañía. En segundo, solicitar los expedientes de licitación a los 47 consistorios de Madrid que la contrataron entre 2004 y 2014 por un importe total de 28 millones de euros. En tercero, pedir a siete constructoras y una UTE los detalles de la facturación por 1,3 millones de euros que les dirigió Waiter Music. Por último, reclamar al PP “la justificación de los trabajos” que esta mercantil realizó “en el capítulo de financiación el PP y sus gastos electorales”.

En la parte de la investigación denominada “Granados y colaboradores”, el juez Velasco destaca que aún está pendiente “otro profuso número de declaraciones”. Además, considera que para apoyar las pesquisas de la Guardia Civil sobre los “regalos y comisiones varias” recibidas por el político a cambio de adjudicar parcelas, “es necesario el informe de los dos funcionarios arquitectos de la Agencia Tributaria nombrados recientemente en auxilio judicial”. En esta pieza también se investiga el supuesto regalo de un automóvil Mercedes Benz a una colaboradora de Granados. Tras el reciente informe entregado por la UCO, el juez Velasco recomienda que tome declaraciones y practique nuevas diligencias “dirigidas a probar los indicios recabados hasta ese momento”.

En la pieza número 9, centrada en la trama internacional de blanqueo, el magistrado recuerda que aún está pendiente que Suiza envíe a España las obras de arte intervenidas al constructor David Marjaliza en un almacén de Ginebra, y que las autoridades de Panamá respondan a la comisión rogatoria remitida en su día. En la número 10, referida a los trabajos de reputación online realizados por el experto informático Alejandro de Pedro para diferentes cargos públicos, apunta que “está en trámite” la toma de declaración a los supuestos implicados en el ayuntamiento de Gandía. En este parte de la investigación también queda por recibir los informes de la Guardia Civil sobre “autoridades de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid” que “derivaron supuestamente los costes de su propaganda e imagen a los presupuestos públicos”.

Sobre la parte de la trama que supuestamente amañó la concesión de conciertos para colegios gestionados por cooperativas, Velasco recuerda que aún está pendiente de analizar la documentación remitida por la Comunidad de Madrid y que llegue al juzgado otra nueva solicitada a los ayuntamientos donde se levantaban los centros educativos. También propone que se elabore un informe pericial con todo esa documentación y que en otro se cuantifiquen “todas las prestaciones, servicios y obras que han sido objeto de doble facturación a los cooperativistas” por Afedel, la empresa supuestamente utilizada por la trama para dichas irregularidades. Finalmente, en la pieza número 14, la de la supuesta caja b del PP de Madrid, el juez recuerda que en marzo la Guardia Civil intervino “copiosa información” en varios registros que hay aún que analizar, junto a la requerida a la Cámara de Cuentas de Madrid. Velasco señala que también falta tomar declaración a los responsables de las empresas de publicidad y eventos implicadas, y realizar “cruces de datos y análisis con sus declaraciones fiscales, sus recursos y trabajadores”.

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