Anticorrupción sitúa a una empresa pública en el origen de la fortuna de Granados

La Fiscalía Anticorrupción aún no sabe dónde oculta Francisco Granados la supuesta fortuna que se le atribuye, pero cree conocer su origen: Arpegio, la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid que estuvo bajo control del político mientras este ocupó la Consejería de Presidencia del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación, el exhaustivo registro que la semana pasada hizo la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de esta sociedad buscaba recabar pruebas sobre un supuesto amaño masivo de adjudicaciones en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) entre 2006 y 2011, cuando se gestionó desde esta empresa al sospecharse que estos contratos fueron la principal vía utilizada por el ex secretario general del PP madrileño para enriquecerse.

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Aquel día hubo 12 imputaciones, entre ellas las de varios funcionarios que participaron en las mesas de contratación, un abogado, algunos empresarios y un viceconsejero de la Comunidad, Miguel Ángel Ruiz, quien ocupaba un cargo directivo en Arpegio. Los agentes utilizaron las palabras “Granados”, “Prisma”, “Ruiz” y “Taboada” —esta última en alusión a Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes y alto cargo con Aguirre— para rastrear los servidores informáticos de la compañía en busca de documentación sobre los supuestos amaños de concursos que suman cerca de 800 millones de euros.

“Cuando se comenzó la investigación, las sospechas sobre el enriquecimiento de Granados estaban centradas en las operaciones urbanísticas de Valdemoro [municipio en el que fue alcalde entre 1999 y 2003], pero los últimos datos revelan que no fue así. El origen de su fortuna puede estar en el control que tuvo de las inversiones en obra realizadas por Arpegio”, señalan fuentes cercanas a la investigación.

La confesión de Marjaliza

La apertura de una pieza separada en el sumario sobre las supuestas irregularidades en esta empresa pública arrancaron con la confesión que el constructor David Marjaliza, entonces socio de Granados y ahora colaborador de la justicia, hizo en el verano de 2015. Este empresario reveló el supuesto pago de comisiones por parte de “contratistas y promotores” para hacerse con las adjudicaciones del Plan Prisma. Marjaliza llegó a detallar al juez Velasco cómo se repartían los presuntos amaños: “Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería”.

En el auto de julio de 2016 con el que ordenaba a la Comunidad de Madrid que le entregasen abundante documentación de Arpegio, el juez ya apuntaba que Granados aprovechó su puesto como consejero para manipular un elevado número de contratos de obras públicas gestionadas desde la empresa pública del suelo. El auto recalcaba que el político en ocasiones actuaba “en persona” y en otras, “por delegación”. Para esto último colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza.

Entre aquella documentación reclamada -y que es la que el juez pidió a los expertos de la Agencia Tributaria que analizasen- figuraban nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica, así como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la sociedad pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Plan Prisma.

También estaban los acuerdos por los que el político encarcelado designó a González Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al entonces consejero de Presidencia a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

El magistrado incluyó en su encargo a Hacienda el rastreo de las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Uno de sus directivos ha sido imputado ahora. Para ello, le entregó los expedientes de adjudicación de ocho contratos a dicha sociedad por los que ésta se embolsó 9,8 millones de euros.