La Guardia Civil ratifica sus sospechas sobre Cifuentes en un segundo informe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Eloy Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica por aportar fondos a la caja b del PP madrileño. Fechado 27 días después del primero, llegó a la Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un "ampliatorio" del anterior. En el mismo, los agentes hacen un "análisis" de las declaraciones que tomaron en calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.

En la conclusiones del nuevo documento policial, de quince folios de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes concluyen que "el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas" en el informe anterior "respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos". La UCO recalca que de algunas de las supuestas irregularidades detectadas "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los integrantes del comité de expertos que decidió el concurso y entre las que cita expresamente a Cristina Cifuentes. El documento concluye que este último hecho "ha podido acreditarse de manera indubitada" en uno de los aspectos de la adjudicación bajo sospecha.

Las tres declaraciones que analiza el informe son las que prestaron el pasado 8 de marzo ante la Guardia Civil como investigados María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma. Todo ellos fueron, junto a la hoy presidenta regional y que entonces ocupaba el cargo de vicepresidenta del parlamento madrileño, asesores y miembros de los comités de expertos que decidieron sobre ambos concursos. Los agentes destacan que durante las declaraciones, los tres cayeron en "significativas y evidentes contradicciones" tanto con lo que afirmaban unos y otros como con los "elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada". La UCO destaca que todo ello es un indicio más de que se produjeron "conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos" con el único objetivo de que los concursos para el comedor y la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 se los llevara el empresario Arturo Fernández.

"La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones –se lee textualmente en este segundo informe de la Guardia Civil- habría sido la de proporcionar a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor, para poder afrontar la apertura del último sobre el que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (puntuaciones donde el comité de expertos no intervenía)”. La UCO destaca en este sentido que esta supuesta irregularidad “es fácilmente apreciable en ambas licitaciones", pero sobre todo en la de 2011. En este punto, llega a aseverar que el comité de expertos del que formaba parte Cifuentes dio cero puntos en dos apartados a la oferta presentada por la empresa Clece SA "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna". En este punto, los agentes recalcan que de dicha circunstancia estaba al tanto la hoy presidenta de la Comunidad.

Cifuentes aseguró este martes, tras conocerse el primer informe de la Guardia Civil que la vinculaba con la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de su partido, que los informes policiales eran "juicios de valor, sin fundamento jurídico" y que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado ninguna iniciativa contra ella. "En todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos", puntualizó en su comparecencia ante los medios. La presidenta madrileña sugirió la existencia de una posible conspiración al señalar que "están ocurriendo muchas cosas, muchas de ellas muy desagradables". "En política no todo vale", añadió.