Un patriota de país y de partido

El economista Francisco Fernández Marugán, nacido en Cáceres en 1946, no hubiera necesitado a la política para vivir con holgura; pero fue su pasión. Desde 1974, que se afilió, aún vivo el dictador Francisco Franco, hasta este 30 de diciembre que ha fallecido en Madrid, no ha dejado ni un solo día de reflexionar, no pocas veces con tormento, sobre el ser de España, sus deficiencias estructurales, su complejidad territorial, las diferencias sociales por clases y por geografía, y cómo superarlas.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ganó por oposición las plazas de Técnico de la Administración del Estado y de Inspector Financiero Tributario. Por esa cualificación en cuerpos de la Administración del Estado trabajó en la Secretaría General de Tributos y, después, en la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales. Eficacia y discreción le acompañaron en esos cometidos.

Pero no dudó en pedir excedencias encadenas, para incorporarse en las listas electorales del PSOE desde 1982, por Sevilla, y hasta 2011 por Badajoz. Solo hace cuatro años que abandonó la vida pública después de haber pasado los últimos diez años como adjunto al Defensor del Pueblo, y, titular en funciones hasta que en el 2021 el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en elegir al nuevo equipo, con el catedrático Ángel Gabilondo al frente de la institución.

Qué no ha hecho y vivido Francisco Fernández Marugán, Paco Marugán, en el PSOE y en los gobiernos socialistas, es la pregunta pertinente ante una vida plena de responsabilidades, con leyes de la máxima relevancia entre sus manos, singularmente la ley de huelga, o la ley de financiación de partidos e invariablemente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que mantenía una doble negociación: con los partidos de la oposición, en las legislaturas sin mayoría absoluta y con los de casa; diputados y senadores socialistas que trataban de llevar a sus circunscripciones trozos del pastel del Estado.

Año tras año se repetía la imagen en el hemiciclo: Aprobados los presupuestos, la bancada socialista rendía a Fernández Marugán, negociador incansable en tiempo y dedicación, casi como un orfebre, cerradas ovaciones por su exitoso resultado.

Fue “guerrista”, afín y leal, sin fisuras, a Alfonso Guerra, desde su etapa de inmenso poder, hasta, y después, de su caída, vencido por Felipe González y el llamado sector renovador. Ese es un dato cierto, pero también del todo reduccionista e injusto. Esa batalla fue de poder, como todas las internas de los partidos, pero también y mucho de posiciones políticas e ideológicas.

Su ayuda a los periodistas fue intensa. No filtraba exclusivas, imposible conseguirlo; ni en plena batalla entre felipistas y guerristas, con descalificaciones e invectivas brutales en ambos bandos, se escuchó a Marugán un improperio contra “los compañeros”. A Marugán se le buscaba en la explicación. Qué bien vino tenerle a mano cuando en uno de los llamados “Encuentros de Jávea”, de reflexión teórica, en diciembre de 1990, el vicepresidente Alfonso Guerra lanzó una propuesta heterodoxa con relación a los postulados del gobierno de Felipe González. O a eso sonó.

El entonces vicepresidente se preguntó para cuándo “la ley de hierro de los beneficios”, en contraposición a la “ley de hierro de los salarios”. En Jávea estaba Marugán, fijo en esas jornadas, entonces responsable de Economía de la ejecutiva federal del PSOE. El político socialista facilitó, sin declaraciones, sin protagonismo, texto y contexto, a las palabras de Guerra, sin mirar un papel. Se lo sabía.

En efecto, Guerra aludía a la teoría clásica de David Ricardo, del principio del siglo XIX; sostenida en 1862 por el filósofo y jurista, Ferdinand Lassalle, considerado como paladín del movimiento socialdemócrata alemán, como “ley de bronce de los salarios”. Para ambos, los salarios reales tendían a largo plazo a un nivel meramente de subsistencia, por razones de puro interés de las clases dominantes. Guerra, salvando distancia de siglos, pretendió políticamente lanzar el mensaje de constreñir los beneficios empresariales. Felipe González desautorizó a su vicepresidente. Nada de eso estaba en la mente del presidente.

Al frente de la secretaría de finanzas del PSOE, practicó la máxima exigencia de claridad, así como ponente de la ley de financiación de partidos. La condena años atrás de dirigentes socialistas por financiación ilegal, no al partido, aunque fue evidente que delinquieron para la organización, tuvo mucho que ver en esa actitud.

En 2011, con el PP en el gobierno, el presidente Mariano Rajoy negoció con Pérez Rubalcaba el nombramiento de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo con Fernández Marugán como su adjunto primero. La satisfacción de Becerril, exministra con José María Aznar, fue notoria desde el primer día del nombramiento de Marugán hasta el cumplimiento de su mandato cuatro años después. A Marugán le quedaron aún otros cinco años, como titular, en funciones, por ausencia de acuerdo entre los dos partidos. Una atalaya desde la que vio y recorrió la España real. Con las limitaciones de la institución, en sus informes reflejó el dolor, las injusticias y la desigualdad de su país, con profusión de recomendaciones por si algún gobierno las toma en cuenta. Es su último legado.