Anticorrupción pide interrogar a dos alcaldes, cuatro concejales y un ex alto cargo del PP por la Púnica

A la espera de que se oficialice quien ocupará el Juzgado Central de Instrucción 6 tras la salida de Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción ha planteado la práctica de nuevas diligencias dentro del caso Púnica. Entre ellas, la toma de declaración de 31 personas por su presunta implicación en los amaños de contratos municipales de eficiencia energética en favor de la empresa Cofely. Entre ellos se encuentra los actuales alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo, y otros cuatro concejales de diversos municipios de la comunidad. Además figura el que fuera director general de Industria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, quien dimitió al trascender el contenido de un informe de la UCO que le acusaba de supuestas irregularidades al frente de dicho puesto. En este mismo escrito, Anticorrupción propone iniciar los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haga cargo de la investigación referida al hoy diputado de la Asamblea Bartolomé González.

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El escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue remitido a la Audiencia Nacional el pasado 23 de mayo, sólo unas horas antes de que Velasco abandonase el juzgado. Con él y con otros cinco documentos que también se presentaron ese día y el siguiente, las dos responsables de Anticorrupción en el caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, planteaban al magistrado que se prolongara la instrucción de la causa otros 18 meses y se realizan numerosas diligencias en las 16 piezas separadas en las que se ha dividido la causa. En una de ellas, la número 6, referida a las supuestas irregularidades para contratar a Cofely en ayuntamientos, las dos fiscales recordaban que la Guardia Civil estaba a punto de finalizar sendos informes referidos a los municipios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz), y reclamaban "formalizar" ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "la petición correspondiente" para que investigara al exalcalde de Alcalá de Henares y hoy aforado en su condición de parlamentario regional Bartolomé González.

Junto a ello, Anticorrupción pedía que se iniciase la toma de declaración de 31 personas por su relación con varios contratos municipales bajo sospecha, De ellos, nueve son empleados de Cofely, la empresa adjudicataria de los mismos, pero también hay numerosos funcionarios de los ayuntamientos de Parla, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Casarrubuelos, Alcalá de Henares y Brunete, a algunos de los cuales los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) señalan como presunto implicados. Junto a ellos también aparecen cargos públicos en ejercicio y otros que lo dejaron de ser tras las elecciones municipales de 2015. Hasta el momento ninguno ha sido imputado judicialmente, aunque algunos ya han declarado con abogado ante los agentes de la Guardia Civil. Entre éstos se encuentra Borja Gutiérrez, alcalde del PP en la localidad de Brunete. La investigación relaciona a Gutiérrez con el supuesto amaño frustrado de un contrato de eficiencia energética de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. El constructor David Marjaliza confesó que la trama Púnica iba a pagar a cambio de ello una encuestra electoral valorada en 8.000 euros que se pensaba camuflar como un estudio de gestión. Las pesquisas posteriores revelaron que la red de corrupción también iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. La fiscalía quiere que declare por estos hechos otra concejal del PP en el municipio, Ana Cristina Gil Guerra, así como el padre de ésta, José Gil, dirigente del partido local.

Del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, además de la referencia al hoy aforado Bartolomé González, la Fiscalía pide el interrogatorio de un concejal en activo y otro que dejó el cargo. El primero es Marcelo Isoldi, quien cuando se tramitó la licitación del contrato de Cofely en el consistorio era el responsable de "proyectos y conservación urbana". Hoy en la oposición, Isoldi sigue ocupando un lugar destacado en el PP local como presidente de la formación. El otro edil es Jesús Domínguez, quien entonces era concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, aunque actualmente no ostenta cargo público.

El otro alcalde al que Anticorrupción quiere tomar declaración es Esteban Bravo, actual regidor de Torrejón de Velasco. Bravo era concejal de Servicios y Medio Ambiente cuando se licitaron contratos para Cofely y un informe de la Guardia Civil lo relaciona con el pago a dicha empresa de "facturas extra fuera de contrato". El siempre lo ha negado. El entonces alcalde del consistorio, Gonzalo Cubas fue detenido en el inicio de la Operación Púnica. Finalmente, la fiscalía solicita el interrogatorio del que fuera concejal de Obras y Servicios de Moraleja de Enmedio durante la pasada legislatura, Luis Montoro. En este pequeño municipio, la trama amañó presuntamente un contrato de 2,8 millones de euros. Su entonces alcalde, Carlos Estrada, fue detenido y continúa imputado en la causa.

A todos ellos se suma el nombre de Carlos López Jimeno, director general de Industria de la Comunidad de Madrid durante 16 años y que en octubre del año pasado tuvo que dimitir al trascender un informe de la Guardia Civil en Púnica que le vinculaba a supuestas irregularidades en la contratación desde su puesto. En concreto, su vinculación con la empresa Alba Ingeniero Consultores SL, que entre 2010 y 2012 facturó más de 160.000 euros a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) en la que él ocupaba el cargo de vicepresidente en representación del Ejecutivo regional. López Jimeno siempre ha negado haber sido accionista de dicha mercantil, como señalaban sendos informes de la UCO y la Agencia Tributaria.