México investigará un supuesto caso de bebés robados durante el franquismo

México será el segundo país, después de Argentina, en investigar un caso de niños robados durante la dictadura de Francisco Franco, en España, informa Amnistía Internacional en una nota. La Procuraduría General de la República de México ha admitido la denuncia presentada por Ligia Ceballos Franco, que pudo haber sido sustraída a su familia biológica en España durante la década de los sesenta en el entramado criminal amparada por el estado que vendió decenas de miles de niños. El suyo es el primer caso registrado en México.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, que celebra la decisión, opina que “habría que investigar si había más familias extranjeras involucradas”. La fiscalía iniciará una investigación para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada y así poder restablecer la verdadera identidad de Ceballos. Esperan que la justicia mexicana exija a la española que investigue su caso, uno más de los que se produjeron desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.

Hasta ahora, Ligia asume que su llegada a México se debió a un favor. Sus padres adoptivos, integrantes de una familia pudiente de Mérida, en el sur de México, viajaron a Madrid en julio de 1968. Iban de parte del arzobispo de Yucatán. Previo acuerdo con sus pares mexicanos, la iglesia facilitó los trámites y el asunto se resolvió en apenas unos días. A finales de ese mes, la niña dejó de ser española. De hecho, sus papeles mexicanos indican que nunca lo fue. Según la información disponible, el día 3 de junio de 1968 una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid. En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos".

El Ministerio de Justicia español creó una base de datos de ADN en 2013 en la que se vuelca tanto la información de los laboratorios privados como los resultados de las pruebas ordenadas judicialmente de los bebés robados. El exjuez Baltasar Garzón, en uno de sus autos, situó en 30.000 el número de bebés robados durante el franquismo. Hasta ahora, las investigaciones realizadas en España no han dado resultados y han descartado abordarlo como crímenes de derecho internacional. La justicia española ha abordado estos casos como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales) y como casos aislados.