Un necesario impulso político para la migración

La imagen de jóvenes africanos ensangrentados y encaramados a la valla de Melilla se repite con preocupante regularidad. Las protestas y evasiones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) también. Melilla y los CIE son solo la punta de un iceberg de un sistema migratorio y de asilo que, pese a sus virtudes, acumula desajustes. La inmigración, sin embargo, parece haberse evaporado del radar político.

En el discurso político, los inmigrantes y refugiados apenas existen. En el plano institucional, la ausencia de una secretaría de Estado de inmigración supone un debilitamiento respecto a anteriores legislaturas. No siempre ha sido así. Hace diez años, la inmigración ocupaba en España un lugar central en la política y en los medios de comunicación. La evaporación coincide con el frenazo de llegadas que fluctúan al compás de la salud del mercado laboral. “La inmigración es un fenómeno estructural que ha transformado y transformará Europa. Es irreal pensar que es coyuntural porque vengan más o menos personas”, sostiene Markus Gonzalez Beilfuss, experto en migraciones de la Universidad de Barcelona.

La mejoría económica convertirá previsiblemente a España de nuevo en un país atractivo para los migrantes. Los que ya están aquí pelean por integrarse y regularizar su situación, pese a las exigencias de contratos de trabajo estables propios de otras épocas y de las trabas burocráticas. Además, las proyecciones demográficas son las de un país que envejece y que necesitará mano de obra extranjera, según los demógrafos.

Mientras, Europa vive el mayor desembarco de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y España, una de las puertas de entrada a Europa, pasa de puntillas por una crisis que no cesa.

Abrir el debate político sobre cómo gestionar los flujos de migrantes y dotar de flexibilidad a un sistema que reacciona a velocidad paquidérmica, en un mundo que gira a gran velocidad, se perfila como un reto para el nuevo Gobierno, según una decena de expertos consultados.

España presume de ser un modelo para la UE de control de fronteras gracias a acuerdos firmados con países africanos, pero también hace falta visión política, reclaman los expertos. “A España le falta un discurso compartido sobre inmigración”, cree Gemma Pinyol, investigadora de migraciones de la Universidad Pompeu Fabra y de la consultora Intestrategies.

Alguna de las propuestas son resucitar la secretaría de Estado o incluso crear una agencia estatal para la migración, que se ocupara no solo de las entradas, sino también del creciente número de personas nacionalizadas, los nuevos españoles.

Uno de cada cinco recién nacidos en España en 2014 tenía padre o madre extranjera. Evitar su aislamiento como en Francia o en Bélgica es un desafío. Reactivar el fondo de integración, con el que los Ayuntamientos trabajaban sería otra de las medidas. Pinyol destaca su potencial integrador. “Los Ayuntamientos son clave para la cohesión social. Evitaron estallidos durante la crisis”.

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Una mejor coordinación entre ministerios, fuerzas de seguridad, Ayuntamientos y comunidades autónomas e incluso la ciudadanía es otra de las exigencias que repiten académicos y ONG. Critican además lo que consideran un papel excesivo de las fuerzas de seguridad en el proceso migratorio, en detrimento de profesionales en la detección de la necesidad de asilo, intérpretes o trabajadores sociales. Un caso claro son los CIE, adonde van a parar las personas con orden de expulsión.

Una de las propuestas que circulan es que la Policía Nacional vigile el perímetro del centro, pero que en su interior trabajen funcionarios civiles, con la idea de rebajar la tensión. La mejora de las instalaciones —algunas en estado calamitoso como Algeciras— es otra de las demandas de organizaciones que trabajan en los CIE, y también de la Defensora del Pueblo. “He pasado siete años en la cárcel y esto es mucho peor”, cuenta por teléfono un interno del CIE de Aluche.

A las fugas y las protestas se añaden cifras que denotan graves deficiencias. Más de la mitad de los internos —52% en 2015, según datos de la Memoria de la Fiscalía— no son expulsados y salen libres, pero condenados a un limbo jurídico. “Son seres humanos que deambulan por España sin derechos”, sostiene Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche. De jueces y fiscales depende que se deje de internar a inexpulsables. Como medidas alternativas hay expertos que sugieren las pulseras de maltratadores, la retirada del pasaporte o domicilios tutelados. “Hay que descriminalizar los CIE. Son como calabozos grandes”, piensa Marcelo Belgrano, vocal de extranjería del Consejo General de la Abogacía.

Más refugiados

En España hay unos 6,5 millones de población de origen inmigrante, de ellos, dos millones comunitarios y casi otros dos nacionalizados. La radiografía migratoria española ha cambiado mucho en muy pocos años. Si durante el boom llegaron inmigrantes por millones, ahora son miles de demandantes de asilo los que llegan a España. 14.780 personas lo solicitaron 2015, una cifra diminuta comparada con el medio millón en Alemania, pero elevada comparada con años anteriores. El sistema español, más enfocado a la inmigración que al asilo, se ha visto desbordado.

El Gobierno insiste en que el paso del asilo lo marca Bruselas. Allí, se eternizan las decisiones de reubicaciones desde Grecia e Italia y los reasentamientos. Mientras, sin comunicados de prensa y en silencio, cada mes, 300 sirios —la mitad de ellos niños— cruzan la frontera hispanomarroquí. Sus primeros pasos en España son desalentadores e ilustran lo mucho que queda por engrasar en el sistema de asilo español. En Melilla ingresan en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde se amontona un millar en un centro pensado para la mitad. Allí pasan semanas o meses desorientados hasta que, un día, son agraciados con la palabra “salida” y les trasladan a la Península.

La espera para presentar la solicitud de asilo ha llegado a ser de meses. La tramitación también se dilata: cerca de año y medio de media frente a los seis meses que marca la ley, según ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU, contando solo las resueltas. Ahora hay 18.400 pendientes de trámite, según Eurostat. “Hay que adaptar los recursos a los flujos migratorios y no al revés ”, dice una portavoz de ACNUR. Las ONG gestionan los centros donde viven los primeros meses. CEAR, una de ellas, pide aumentar las 4.000 plazas actuales, una cifra muy inferior a la de países de la UE. Pide además la aprobación del reglamento que desarrolle la ley de asilo, pendiente desde hace siete años.

Pero el gran problema surge a la salida de los centros, cuando comienza la misión casi imposible de encontrar empleo. Acelerar y facilitar la homologación de títulos y permisos de conducir, mejorar la enseñanza del idioma y las capacitaciones laborales y promover la contratación de refugiados son tareas pendientes. Muchos sienten que las huellas les atan a un país en el que no pueden salir adelante y optan por emigrar. España recibió, según Interior, 5.270 peticiones fruto de la Convención de Dublín en 2015, es decir, de países de la UE, sobre todo Alemania, que devuelven a España refugiados que entraron por España.

Mientras, no faltan ciudadanos que se ofrecen para participar en la acogida, como sucede en Canadá y otros países, sin encontrar respuesta en el rígido sistema español. La tolerancia de la sociedad española, capaz de integrar a millones de inmigrantes sin grandes tensiones, ha mitigado a menudo las ineficiencias de la Administración en materia de inmigración.