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Hacienda trabaja para tener un plan presupuestario el 15 de octubre

Los Ministerios adelantan la labor a la espera que se desbloquee la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acompañado de José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acompañado de José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. EFE

El 15 de octubre es la fecha crucial. Para entonces, el Gobierno tendría que entregar a Bruselas un plan presupuestario que se ciña a las metas de déficit de 2017. Pese a que Moncloa desliza la amenaza de no presentar nada si no hay investidura, Hacienda ya prepara los números. Entre otros escenarios, contempla la posibilidad de que no dé tiempo a aprobar los Presupuestos en plazo para que entren en vigor el 1 de enero. Con independencia del calendario, fuentes del Ejecutivo explican que para cumplir bastará con subir el impuesto de sociedades y aprovechar la mejora de los ingresos. Pero ése no es el análisis de los expertos.

Para que los Presupuestos entren en vigor el primer día del año, la práctica habitual consiste en aprobarlos en el Consejo de Ministros del último viernes de septiembre. Sin embargo, la ausencia de Gobierno está retrasando todo. Y el calendario aprieta. Aunque el foco de las negociaciones se centra en la investidura, el Ejecutivo en funciones presiona al PSOE esgrimiendo el miedo a la inestabilidad. El propio presidente en funciones, Mariano Rajoy, reiteró ayer que la ausencia de unos Presupuestos “dañaría la economía y, por tanto, la forma de vivir de los españoles”.

“Los ciudadanos se han malacostumbrado. Este periodo sin Gobierno no ha supuesto ningún problema porque el Ejecutivo había hecho los deberes y tenía unos Presupuestos ya aprobados. Pero ahora un Gabinete en funciones no puede aprobar ni una senda de déficit ni mucho menos los Presupuestos. Si Rajoy no tiene un presupuesto para el 15 de octubre, tendrá que trasladarle a Juncker que tiene las manos vacías”, afirma una fuente de Moncloa.

Sin embargo, ése no es el escenario con el que están operando los Ministerios. Más bien se está intentando adelantar el trabajo con la esperanza de que la situación se desbloquee. Diversos altos cargos confirman que ya se está engrasando la mecánica presupuestaria. Por si hay poco tiempo, se ha dado inicio a la rutina establecida de ir viendo cuáles son las necesidades de cada departamento y se contemplan todos los escenarios imaginables, desde la aprobación de los presupuestos hasta la probabilidad de una prórroga presupuestaria. “Estamos trabajando para tener un plan presupuestario con el que informar a Bruselas el 15 de octubre”, explican fuentes de Hacienda.

De hecho, una de las posibilidades que se baraja es que no dé tiempo a tener los Presupuestos listos para que entren en vigor el 1 de enero. En ese caso, se prorrogarían durante un par de meses los actuales hasta que se aprueben los nuevos. Lo cual no estaría exento de dificultades porque no permitiría aprobar nuevas medidas o licitar nuevos contratos. El cierre presupuestario continuaría durante unos meses más. En ese ínterin, las autonomías y Corporaciones Locales también contarían con menos dinero.

“Durante esos meses de vacío presupuestario se penalizarán sobre todo los proyectos de inversión que se fuesen a licitar, si bien este capítulo está en mínimos y, por lo tanto, el efecto será limitado. Por el contrario, el gasto en materias como pensiones, salarios, intereses, educación y sanidad seguirá igual. Otra cosa es que como consecuencia de la prórroga se congelasen los salarios de los funcionarios y las pensiones. Sin embargo, aunque los presupuestos estén prorrogados, se podría aprobar sin problemas una actualización de los salarios y las pensiones. Tan solo se tiene que votar en el Parlamento”, señala Manuel Díaz, miembro de Fedea.

Desviación del déficit

Fuentes del Gobierno insisten en que este presupuesto ya no requiere ajustes tan fuertes como los que se hicieron en medio de la crisis porque la economía crece, generando más ingresos. Sin embargo, la desviación que está registrando el déficit se antoja excesiva. Pese a que el Plan de Estabilidad remitido en abril a Bruselas cifraba un objetivo del 3,6%, ahora mismo se cuestiona que se pueda alcanzar incluso la nueva meta fijada por Bruselas en el 4,6%. Aun si se lograse acabar el ejercicio de 2016 en esas cotas, habría que bajar el déficit en unos 15.000 millones de euros para situarlo en el 3,1% al cierre de 2017. Una parte de la reducción del déficit podría lograrse gracias a los mayores ingresos que proporciona una economía en vías de recuperación. Según los cálculos de BBVA Research o de la Comisión Europea, la mejora del ciclo económico aportaría unos 7.000 millones. Otros expertos hablan de menos: unos 6.000 millones. Sea como fuere, ello implicaría que falta por hacer al menos la mitad del ajuste.

¿Y de dónde se puede sacar el resto de ese ajuste del déficit? En primer lugar, no se tendrá que reembolsar una parte de la paga extra de los funcionarios como en los dos ejercicios anteriores. Por otro, el cierre a julio de los gastos de la Administración central también tendrá efectos restrictivos. Ese cierre adelantado provocará que los Ministerios ejecuten menos desembolsos en 2016. A finales de año, el gasto será sensiblemente menor. Y Hacienda tomará esa base para elaborar los Presupuestos, imponiendo en la práctica un recorte del gasto ministerial. Un tajo que se añadirá a otros dos que se habían anunciado pero que todavía no se han materializado: de una parte, el acuerdo de no disponibilidad que se anunció en abril por valor de 2.000 millones y que se impondrá sobre todo en las infraestructuras de Fomento con 600 millones. Como resultado, el gasto de los Ministerios se situará en niveles mínimos. “A este paso no habrá ni para bolis”, comenta una fuente.

Y por otro, las Comunidades Autónomas que arrojan un desfase presupuestario deberán presentar a Hacienda a principios de septiembre una nueva ronda de ajustes. La Comisión Europea exige que se aplique de forma automática la Ley de Estabilidad, y el titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha comenzado a hacerlo con los gobiernos regionales. Hasta el punto de que ha reclamado restricción presupuestaria a aquellas comunidades que cumplen con el déficit pero que incumplirían la regla de gasto, una norma que impide a las Administraciones aumentar el gasto por encima de la previsión de crecimiento a medio plazo de la economía.

Dicho esto, el foco para arreglar las cuentas públicas se ha centrado en el impuesto de sociedades. La recaudación del resto de tributos se está comportando bien, y el ministro Montoro defiende que parte de lo que se ha perdido por la rebaja del IRPF se recupera con más IVA y cotizaciones. Pero el reto radica en exprimir al menos 6.000 millones del impuesto de sociedades a fin de cuadrar las cuentas. Sin embargo, los expertos ponen en duda que se pueda extraer tanto dinero de un impuesto en tan poco tiempo. Por ejemplo, BBVA Research calculaba esta semana que el déficit quedaría lejos del objetivo pese al incremento de sociedades. De lo cual se infiere que no será suficiente con elevar la tributación a las empresas. La mayoría de expertos consultados coincide en que se precisa bastante más.

Los expertos cuestionan que se pueda exprimir sociedades

“Las empresas se han pasado. Se les dio libertad para hacer los pagos a cuenta y han desembolsado muy poco”, explica una fuente gubernamental. Sin embargo, los expertos consultados cuestionan que el aumento de los pagos fraccionados sirva para recaudar 6.000 millones más, tal y como prevé el Gobierno.

“La idea de recaudar 6.000 millones más del impuesto de sociedades parece difícil de conseguir. Para empezar, las empresas reorientan su planificación fiscal en cuanto ven que hay cambios con el objetivo de pagar menos. Por eso es muy difícil estimar cuál será la recaudación tras modificar la legislación de sociedades. En cualquier caso, es imposible cerrar la crisis fiscal que sufrimos sólo tocando sociedades”, sostiene Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense y miembro de Fedea. Mientras que el Ejecutivo pronostica que el déficit bajará desde el 4,7% al 4,1% tras subir los pagos fraccionados, BBVA Research lo deja en cambio en el 4,4%. Es decir, considera que sólo se logrará ingresar la mitad por esta iniciativa de engordar las retenciones a las empresas.