Las comunidades dispondrán de un año más para equilibrar sus cuentas

Las comunidades han escenificado este jueves su desacuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el cónclave de representantes del Ejecutivo con consejeros regionales de finanzas— contra las medidas de ajuste que receta el Ministerio de Hacienda y la senda de consolidación fiscal que se extiende hasta 2019. “El Gobierno no está pidiendo recortes en absoluto. Estamos pidiendo moderación en el aumento del gasto”, ha insistido el ministro Cristóbal Montoro, tras la cita.

La mayoría de los consejeros acepta el nuevo objetivo de déficit que ofrece el Gobierno en funciones para este año —se flexibiliza el tope presupuestario del 0,3% fijado inicialmente al 0,7% del PIB—, pero se oponen a los límites presupuestarios establecidos a partir del próximo ejercicio. A los nuevos límites presupuestarios para 2016 solo se opusieron Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Hacienda suaviza también la senda que limita los números rojos de las autonomías a una cuantía equivalente al 0,5% del PIB en 2017, del 0,3% en 2018 y del 0% en 2019. De esta forma, la receta para ajustar las cuentas regionales estará más edulcorada. Podrán contar con un año adicional para cuadrar sus presupuestos y eliminar el déficit. La senda aprobada hasta ahora, más exigente, preveía que el próximo año no podían registrar un déficit superior al 0,1% y debían conseguir equilibrar sus cuentas a partir de 2018.

Oposición del bloque socialista

Ocho comunidades votaron en contra de esta senda, las siete comunidades socialistas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Baleares) y Cataluña. El bloque socialista escenificó así su oposición al Ejecutivo en funciones del PP a dos meses de las elecciones. Solo los territorios gobernados por el PP (Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Galicia) aprobaron tanto la senda de consolidación fiscal marcada por Hacienda para los próximos años como el tope de déficit de este año, las dos propuestas que se votaron ayer. Montoro ha justificado la división porque “algunas esperan que a partir del 2016 haya otro Gobierno”.

El resto ha protestado con mayor o menor intensidad por lo que creen un reparto injusto entre los diferentes niveles de administraciones a partir del próximo año. Consideran que las comunidades son responsables de un tercio del gasto público y por eso, dicen, debería corresponderles un tercio del margen de déficit. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares han sido las más beligerantes en este asunto.

La consejera andaluza, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que los márgenes presupuestarios de reparto vertical, entre administraciones, “es opaco y perjudica a las comunidades”.

Además, el techo de gasto, uno de los corsés presupuestarios que restringe las políticas regionales, se estrecha para los próximos años. El techo de gasto, una medida incluida en la Ley de Estabilidad, impide a las autonomías elevar su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. Este año está previsto en el 1,8% pero en la senda marcada por Hacienda se reduce y limita las actuaciones de las comunidades lo que provocó cierto malestar entre los consejeros.

Hacienda ha mantenido encuentros bilaterales con todas las comunidades durante esta semana para alcanzar acuerdos para conseguir un ajuste conjunto de 2.000 millones de euros para poder cumplir con el nuevo objetivo de déficit de este año para todas las administraciones: Deben rebajar los números rojos del 5,1% al 3,6% del PIB. Para ello debe recortar unos 4.000 millones, según advirtió esta misma semana la Autoridad Fiscal (Airef), el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Gobierno central ya ha anunciado medidas de ajuste por 2.000 millones, el resto proviene del esfuerzo de las autonomías.

Para conseguirlo, Montoro presiona con el Fondo de Liquidez Autonómico(FLA), las líneas de créditos baratos facilitadas por el Tesoro. Las comunidades necesitan estas inyecciones de liquidez y Montoro solo está dispuesto a dárselas a cambio de los planes de ajuste. La mayoría de las comunidades ya ha los ha acordado con Hacienda. Aceptan aprobar órdenes de no disponibilidad de gasto o se han comprometido a cumplir rigurosamente sus presupuestos que fueron aprobados con un límite de déficit inferior, aunque también con previsión infladas de ingresos.

"Nuestra intención es que en el mes de mayo se esté pagando el FLA. Estamos en tiempo. Depende de los planes de ajuste… Han sido examinados casi todos. La intención del Gobierno es que no se genere aplazamiento en el pago a proveedores", ha manifestado el ministro.