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Las comunidades plantan cara a Montoro por el déficit

El ministro explicará en el Consejo de Política Fiscal a las autonomías las medidas de ajuste para reducir los números rojos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibe al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibe al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se enfrentará este viernes prácticamente solo a la rebelión del conjunto de las comunidades autónomas contra las medidas para que ajusten el déficit. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra por la tarde en Madrid será uno de los más tensos de los últimos años. El ministro ha activado en las últimas semanas las medidas coercitivas de la ley de estabilidad, que obliga a las autonomías a congelar el gasto público, por las presiones de Bruselas ante el desfase presupuestario de España.

La compleja situación política que vive España, la apertura de la reforma del sistema de financiación autonómica, junto a los ajustes adicionales que exige Hacienda, constituyen el cóctel perfecto para que las comunidades autónomas acudan al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el cónclave donde se reúnen los representantes del ministerio con los consejeros autonómicos para tratar asuntos de finanzas— con cierta preocupación.

La mayoría de las comunidades —incluidas algunas del PP como Castilla y León— ya ha expresado su rechazo a las nuevas medidas puestas en marcha por Hacienda para tratar de corregir la desviación del déficit público en que incurrieron en 2015. Las autonomías tenían un objetivo presupuestario equivalente al 0,7% del PIB. Es decir, la diferencia entre gastos e ingresos no podía superar esa proporción. Pero el cierre del ejercicio fue mucho peor: registraron unos números rojos del 1,66%.

Desde el Gobierno no han dudado en señalar a las comunidades como las principales responsables de la desviación del déficit de España, pese a que la Seguridad Social también registró un amplio boquete presupuestario. Esto ha provocado un severo rapapolvo de Bruselas y ha desencadenado unas reacciones cuyas consecuencias aún se desconocen. El Gobierno en funciones negocia con la Comisión Europea que le conceda un año más de plazo para rebajar el déficit por debajo de la línea mágica del 3%, lo que sacaría a España del foco comunitario. Bruselas da casi por hecho que España podrá contar con un año adicional, pero aún no ha revelado el coste de la concesión. De momento exige mano dura con las comunidades.

Más margen de déficit

Por eso Montoro ha apretado las tuercas a las comunidades y estas se rebelan contra esa decisión. Muchos de los Gobiernos regionales no llevan ni un año, no se sienten responsables de los números rojos, todos consideran que están mal tratados por el sistema de financiación y reclaman mejoras. Además exigen un reparto más equitativo entre los objetivos de la Administración central y las comunidades. Recuerdan que las administraciones regionales son responsables de un tercio del gasto público y les debería corresponder otro tanto del margen del déficit (en torno a un 1% del PIB) cuando el tope que tienen marcado para este año está en el 0,3% del PIB. Los presidentes autonómicos piden también que si España obtiene más margen para ajustar sus cuentas se debería repartir entre todas las administraciones.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, respondió a Montoro al asegurar que el objetivo de déficit de este año “resulta inasumible” tanto desde el punto de vista social como técnico si no se revisa el modelo de financiación. “Es urgente contar lo antes posible con un nuevo modelo de financiación que permita a las comunidades autónomas en general, y a Cataluña en particular, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria garantizando a la vez la provisión de servicios básicos a la ciudadanía”, señala el consejero catalán, que no acudirá a la cita y a quien sustituirá Raül Romeva.

Desde Andalucía, una de las comunidades más beligerantes contra las nuevas medidas de Hacienda, reclaman que la sanidad, la educación o las políticas sociales no computen como déficit a la hora de hacer el cómputo para las comunidades autónomas. La consejera andaluza, María Jesús Montero, pidió al ministro que “recapacite y mueva ficha y no saque la artillería pesada”. La Comunidad Valenciana, una de las más perjudicadas por el sistema de financiación, reclamó un nuevo reparto.

Hacienda podría anunciar cierta flexibilización de los objetivos para este año si hubiera logrado cerrar la nueva senda de consolidación fiscal con Bruselas. Pero también deberá escenificar el rigor presupuestario que le reclaman desde la capital comunitaria. El ministro recordará a las comunidades que este año cuentan con 7.500 millones de euros más por la mejora de los recursos del sistema de financiación autonómica. También remarcará los importantes ahorros por los gastos financieros a las que se acojan a las líneas de crédito del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). E insistirá en que muchos gastos en que incurrieron las comunidades el año pasado no se repetirán en este ejercicio, como las facturas de la hepatitis C, algunas sentencias desfavorables que han obligado a pagar a algunos territorios importantes cantidades y facturas de otros años afloradas en Cataluña por más de 1.000 millones.