El presidente rechaza reunirse con las comunidades por el déficit

El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha rechazado una solicitud de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para convocar a las comunidades y escuchar sus reclamaciones en torno a los sacrificios que les ha exigido el titular de Hacienda Cristóbal Montoro. Tras la desviación del déficit de 2015, Montoro ha intervenido los gastos de Aragón y Extremadura y ha enviado cartas a otras 12 comunidades exigiendo que congelen el gasto.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, llamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que convocase una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que reúne a los departamentos de Hacienda del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Rajoy, sin embargo, ha rechazado esta propuesta de la presidenta andaluza, según fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambos. Asimismo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una llamada realizada este viernes, rechazó cualquier cambio en la política de contención del déficit de las comunidades.

España ha incumplido el objetivo de déficit público de 2015 y las autoridades comunitarias han reclamado mano dura con las comunidades, las administraciones que más se han desviado de los deberes presupuestarios fijados por Bruselas.

Este jueves, la presidenta andaluza descartó que su región vaya a llevar a cabo nuevos recortes y preguntó al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, si la actitud de “intimidar” a las comunidades autónomas se produce como consecuencia de que Bruselas le haya dado “un ultimátum” a España “para modificar alguna promesa electoral ligerilla como la reforma fiscal”.

La presidenta andaluza habló con el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, para comentarle el rechazo de Rajoy a convocar dicha reunión. Puigdemont quiere hacer frente común en esa batalla de las autonomías contra el ministerio de Hacienda por el objetivo de déficit y llamó a otros cuatro presidentes autonómicos además de Díaz —Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura— para transmitirles su apoyo y colaboración para hacer frente a la "norma injusta" de reducción de déficit que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exige a las comunidades.

Montoro envió una carta a 12 comunidades exigiéndoles congelación del gasto, una demanda que rechazaron a coro Cataluña, las autonomías gobernadas por el PSOE y Castilla y León, con Gobierno del PP. Díaz vio en la misiva "actitud de intimidación" del ministro, mientras que Oriol Junqueras, vicepresidente catalán, retó a Montoro a aplicar los recortes a las comunidades: "Si quiere que venga y cierre un hospital".

En realidad Hacienda, lo que hace con las cartas es cumplir estrictamente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad FInanciera, una norma que aprobó en 2012 pero que hasta ahora no había aplicado en toda su extensión por motivos políticos. La ley contiene un paquete de medidas coercitivas para las administraciones que incumplan los objetivos presupuestarios. Entre estas, obliga a las autonomías a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto y un plan de ajuste en 15 días bajo el riesgo de que Hacienda las intervenga. El Departamento de Montoro escenifica ahora mano dura con las comunidades tras el rapapolvo recibido por Bruselas por incumplir el déficit y tras cuestionarle que bajará impuestos cuando aún quedaba un importante ajuste.

Desde el ministerio aseguran que Montoro mantiene encuentros con todos los presidentes que le piden árnica. Explican que en las últimas semanas se ha reunido con los presidentes de Extremadura, Comunidad Valenciana y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Aseguran que las reuniones son menos beligerantes que las declaraciones que luego hacen en público los dirigentes autonómicos. Incluso, precisan, con Cataluña se ha acordado un plan de tesorería para este año. Esta próxima semana el ministro espera reunirse con los mandatarios de Murcia y Baleares.

Desde el Ejecutivo popular insisten en que si las comunidades gastan lo mismo que el año pasado, el déficit se reduciría sensiblemente hasta ceñirse a línea roja marcada por Bruselas. Argumentan que dispondrán de casi 10.000 millones de euros más de ingresos que el año pasado y así el ajuste sería casi automático.

Los gobiernos regionales, sin embargo, explican que ya tienen aprobados los presupuestos de 2016 que recogen incrementos de gastos por el aumento del 1% del sueldo a los funcionarios, la devolución de la paga extra de 2012 y otros programas sociales. Así que para congelar el gasto tendrán que volver a sacar las tijeras y recortar, lo que supone más sacrificios. Una situación que quieren evitar a toda costa tras casi una década en crisis que ha dejado profundas magulladuras en la sociedad.