Detenidos 30 excargos andaluces por los cursos de formación

En la semana clave para la política andaluza tras las elecciones, la policía ha lanzado la tercera fase de la Operación Edu por el fraude con las ayudas públicas de la Junta a los cursos de formación. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a 30 exresponsables del Gobierno andaluz, entre ellos varios exdelegados provinciales de la Consejería de Empleo que concedió ayudas por más de 3.000 millones entre 2007 y 2013, de los cuales se desconoce la suma defraudada. Los agentes, a las órdenes de nueve jueces, prevén detener a decenas de empresarios implicados en los próximos días.

Dos años después del inicio de las pesquisas tras una denuncia de la Seguridad Social en Málaga, la policía prosigue el goteo de detenciones por estafa, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Tras la detención de decenas de empresarios por toda la comunidad, esta tanda de arrestos denominada Eduende afecta a los exresponsables que concedieron las ayudas desde el Ejecutivo autónomo. En concreto, varios exdelegados de la Consejería de Empleo, jefes de servicio y jefes de departamento que aprobaron las líneas de ayudas para los cursos. Son 30 detenidos y tres imputados más en Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz, donde nueve juzgados dirigen las investigaciones. Cinco empresarios fueron detenidos en Sevilla.

La falta de vigilancia desde la Junta devino en cursos que no se impartieron, empresarios que declararon más alumnos de los realmente formados, incumplimiento de requisitos legales y otras irregularidades. La policía estima que los empresarios se dedicaron a la “caza de subvenciones” al abrigo de un caudal de ayudas que superó los 3.000 millones entre 2007 y 2012. El número tan elevado de ayudas hizo imposible que el Ejecutivo las revisara, por lo que este optó por exonerar a las empresas de su obligación de justificar las ayudas.Los investigadores consideran que los responsables políticos y los funcionarios incurrieron en ilegalidades al permitirlo, mientras que el Gobierno andaluz defiende la legalidad de las exoneraciones que emitió de manera masiva durante al menos un lustro.

Entre los ex altos cargos de la Junta detenidos hoy figuran los exdelegados de Empleo en Málaga y Cádiz, Juan Carlos Lomeña y Juan Bouza. Hace solo dos meses, ambos pasaron por los calabozos por su gestión en los cursos de formación, pero en la operación que dirigió la Guardia Civil a las órdenes de la juez Mercedes Alaya. Esta duplicidad de investigaciones genera dudas procesales en los sumarios abiertos.

Y es que el fraude en la formación ha generado 18 procedimientos judiciales repartidos por la comunidad. Alaya dirige la investigación vinculada a las ayudas concedidas por la Dirección General de Empleo que implica a la cúpula de la Consejería; otros nueve jueces investigan las subvenciones otorgadas desde las ocho direcciones provinciales; y finalmente otros ocho instructores analizan causas menores relacionadas con los cursos, como falsificaciones de firmas de alumnos y fraudes de menor escala.

A pesar de que las acusaciones de la Guardia Civil y la policía afectan a diferentes ayudas, la controversia está sobre la mesa. El instituto armado y Alaya acusaron en la pasada Operación Barrado a la Junta de crear “una red de clientelismo político” de la que hacen partícipes a los exdelegados provinciales, para beneficiar a empresarios próximos al PSOE andaluz. Y hoy Alaya ha citado como imputados a 11 ex jefes de servicio de la Consejería de Empleo. La competencia para investigar las ayudas no está nada clara. Y un buen ejemplo lo da el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, Basilio Miguel García, que el pasado abril decidió inhibirse en favor de Alaya para que esta asumiera las diligencias abiertas. Un mes después, el magistrado ha cambiado de criterio y ahora estima que la intervención de los servicios centrales de la Consejería fue inexistente. El juez admite: “Nuestra anterior resolución adolece de sustento jurídico suficiente para fundar la conclusión de que procede la inhibición”.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedió a Alaya la comisión de servicio que había solicitado para permanecer en el juzgado investigando a pesar de su ascenso a la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, la juez debe ahora someter sus investigaciones al criterio de la nueva titular del juzgado, María Ángeles Núñez.